SANTIAGO.-
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró acorde a la Carta Magna la moción levantada desde la Cámara de Diputados que permite ampliar el periodo de trabajo de los ministros de Apelaciones en la Corte Marcial.
El proyecto, ya tramitado por el Congreso, queda así a la espera de que se redacte la sentencia -lo cual ocurrirá "en los próximos días", según informó el TC-, y se promulgue como ley.
"Puesto en conocimiento del Pleno el anotado proyecto de ley, se resolvió que la modificación introducida al Código de Justicia Militar abarca el ámbito de la ley orgánica constitucional y, luego, llamado el Tribunal a pronunciarse respecto de la constitucionalidad de la norma,
ésta fue declarada conforme con la Constitución", indicó el TC a través de un comunicado.
El proyecto, generado en vista del trabajo de la ministra en visita Romy Rutherford para indagar a miembros del Ejército por casos de presunta corrupción, busca el aumento del plazo actual de tres años dado para quien ejerce el cargo.
De acuerdo al texto aprobado por el TC, se debería agregar la posibilidad de que la Suprema extienda hasta por dos años adicionales la gestión. Ello, detalla el artículo a agregar, principalmente en casos que el ministro en cuestión "se encuentre investigando causas de alta complejidad, duración e impacto público".
La situación de Rutherford
A mediados del año pasado, la ministra procesó por malversación de caudales públicos provenientes de gastos reservados a los ex comandantes en Jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, marcando un antes y un después en la historia de la institución castrense.
Si bien a la fecha Rutherford ya suma más de 30 aristas y ha procesado a decenas de ex y actuales uniformados, su periodo como ministra en visita cesará en los próximos meses, debiendo nombrarse a nuevo ministro, quien seguirá con las indagatorias contra el Ejército.
Es por ello, dado el interés de algunos parlamentarios de que sea ella quien continúe con el proceso, es que se impulsó el proyecto. Ya promulgado como ley, será la Suprema, con previo acuerdo de Pleno, la que deberá ponderar si aplicarlo a la ministra o no.
Previamente, el máximo tribunal del país había entregado su opinión respecto el proyecto, tildándolo como "un ajuste improvisado que no se hace cargo del problema de fondo", asegurando que el periodo de tres años "parece un adecuado equilibrio entre estabilidad de los criterios jurisprudenciales y la distribución equilibrada de la carga de trabajo".
Así también, se cuestionó la intención de extender el tiempo en base a un caso en particular, sin resolver los problemas que, a juicio de la Suprema, acarrea la Justicia Militar. Se citó, como ejemplo, el hecho que un nuevo caso implique la designación de un ministro en visita a la mitad de su periodo de integración de la Corte Marcial, repitiéndose el problema que se busca subsanar.
