SANTIAGO.- Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó oficialmente su visita a Chile en el contexto de la crisis social que estalló el pasado 18 de octubre y dio a conocer una serie de "observaciones y recomendaciones preliminares", expresando su "extrema preocupación" por la situación del país.
"La respuesta del Estado frente a la movilización social se caracterizó por la práctica de la represión, un uso desproporcionado de la fuerza y conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes que resultó en un número elevado de víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos, detenciones masivas, apertura de procesos penales y el envío al Congreso de un paquete de medidas legislativas para endurecer las penas de algunas modalidades de protesta, en particular las que se ejercen con violencia". Es parte del diagnóstico que entregó el relator de la CIDH, Joel Hernández.
En su exposición, la CIDH reconoció que "Chile cuenta con un sistema democrático y un compromiso con la institucionalidad y el estado de derecho", pero advirtió que "enfrenta un profundo desafío para sus instituciones democráticas, en el marco de una crisis social que ha producido un trauma extendido en su sociedad y que requiere de medidas decisivas para superarla".
En ese contexto, destacó la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría Penal Pública, Contraloría General de la República y la Defensoría de la Niñez, quienes "han recibido, registrado, iniciado investigaciones, denunciado y querellado las distintas denuncias de violaciones a los DD.HH.", además de instituciones de justicia como la Fiscalía y el Servicio Médico Legal.
También valoró la "apertura del Gobierno de Chile para la observación internacional, así como para mantener canales de información y articulación de esfuerzos", y destacó que "la rendición de cuentas completa sobre estas violaciones, además de cumplir con una obligación del Estado, es esperada con expectativa por la sociedad".
El diagnóstico
Al empezar sus conclusiones, el organismo entregó un diagnóstico de la sociedad chilena, a la que caracterizó como "vibrante y consciente de sus derechos, movilizada alrededor de sus demandas", las que reconoce como "legítimas", "en particular reivindicaciones respecto a desigualdad en el ingreso, acceso a la educación, salud, seguridad social, agua y otros derechos sociales".
"Respecto a las manifestaciones que se tornan violentas, la CIDH recuerda al Estado que las intervenciones para disolver estas concentraciones deben ser en casos excepcionales, mediante una orden expresa de los mandos jerárquicos, y fundamentada en un riesgo grave para la vida"
Joel Hernández
"La CIDH observa que el Estado de Chile tiene deudas históricas en relación con la justicia por las graves violaciones a los DD.HH. cometidas en su pasado. Persisten en el ordenamiento jurídico normas que constituyen obstáculos a la sanción de los más graves crímenes perpetrados durante la dictadura militar", dijo Hernández.
"Las muestras de insatisfacción y protesta se enmarcan en una expresión creciente, acumulada e intergeneracional de insatisfacción en el acceso y disfrute de derechos sociales y servicios públicos básicos y niveles de mayor bienestar", añadió.
En ese sentido, precisó que la protesta expresa "no solo el malestar de los sectores más pobres y excluidos", sino también el de "amplios sectores medios que ven seriamente limitadas sus posibilidades de desarrollo".
"Los números hablan por sí solos"
"Estamos ante una grave crisis de DD.HH. Los números hablan por sí solos. La CIDH recibió testimonios de afectados directos y observó documentos audiovisuales de los que se desprende que se han producido disparos de perdigones y de cilindros de gas en dirección al cuerpo, cuello y rostro de los manifestantes. En algunos de estos casos, con la pérdida total de la visión", expresó Hernández.
Así, el organismo expresó "extrema preocupación" y condenó el "alto número de violaciones de DD.HH. denunciados en el contexto de la protesta social", además de "instar a las autoridades de Chile a investigar con debida diligencia las denuncias de violaciones a los DD.HH., a identificar y sancionar a los responsables, e informar los resultados debidamente a la ciudadanía".
También dieron cuenta de ataques contra agentes de carabineros, grupo con el cual también se reunieron. "Describieron preparación insuficiente de algunos efectivos para participar de situaciones que requieren una alta especialización en materia de seguridad", dijeron.
"Respecto a las manifestaciones que se tornan violentas, la CIDH recuerda al Estado que las intervenciones para disolver estas concentraciones deben ser en casos excepcionales, mediante una orden expresa de los mandos jerárquicos, y fundamentada en un riesgo grave para la vida y la integridad física de las personas y los agentes de seguridad, cuando no fueran posible otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos", añadió el relator.
La CIDH también se refirió a las "iniciativas legales surgidas para restringir distintos aspectos de las protestas", como la "Ley Antisaqueos", señalando que "podrían criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y derecho de reunión". "La CIDH llama al Estado a no desarrollar tipos penales que convierten en actos criminales conductas comúnmente observadas en protestas que, en sí mismos, no afectan bienes como la vida, la seguridad o la libertad de las personas".
