SANTIAGO.- Cuando Marcela Cubillos arribó al Ministerio de Educación, en agosto de 2018, su nombramiento fue bien recibido, incluso desde la oposición. Llegaba a reemplazar a Gerardo Varela, quien en sus cinco meses de gestión fue ganando antipatía debido a sus controvertidas frases, como cuando instó a hacer bingos en los colegios o llamó "campeones" a sus hijos por la cantidad de preservativos que les compraba.
18 mesesestuvo Marcela Cubillos en el Ministerio de Educación
Cubillos –que dejaba el Ministerio de Medio Ambiente con una aprobación del 65%– rápidamente impuso su sello en la cartera, instalando temas políticos en la agenda educacional.
Así, uno de los primeros proyectos que impulsó, a un mes de asumir y tras sucesivos hechos de violencia que se registraron en establecimientos de Santiago –incluyendo el episodio de los "overoles blancos" en el Liceo de Aplicación–, fue "Aula Segura", que ampliaba las atribuciones para expulsar a alumnos que cometieran acciones de ese tipo. La iniciativa generó fuerte controversia con la oposición, a la que Cubillos acusó de "bloqueo" legislativo. Finalmente, y tras introducirle varias modificaciones el proyecto fue aprobado.
Tras esto, Cubillos inició una ofensiva contra el Sistema de Admisión Escolar (SAE) –uno de los pilares de la Ley de Inclusión, aprobada en la administración de Michelle Bachelet–. En enero de 2019, la ministra anunció un nuevo proyecto: "Admisión Justa", que pretendía introducir modificaciones al SAE, que ese año debutaba en la Región Metropolitana.
La iniciativa intentaba reponer la selección por desempeño académico en los colegios de alta exigencia e introducir otras modificaciones más profundas al sistema de admisión escolar, reavivando una discusión que ya se había dado durante el Gobierno anterior. Pese al intenso despliegue de la ministra, que realizó una gira por varias ciudades para reunirse con apoderados, y a que el Gobierno dividió el proyecto en dos, finalmente fue rechazado.
Paro de profesores y relación con parlamentarios
En paralelo a la discusión en el Congreso, Cubillos enfrentó el prolongado paro del Colegio de Profesores, donde fue constantemente criticada por el gremio por no dirigir las negociaciones desde el primer momento y delegarlas en el subsecretario. Durante ese conflicto, la ministra vivió un episodio en el Cementerio General, donde fue abordada por una profesora, quien la grabó mientras la encaraba. Días después fue criticada por haber viajado al norte del país, donde vio el eclipse junto al Presidente de la República.
Su relación con los parlamentarios de oposición tampoco fue fluida. El senador Jaime Quintana (PPD) declaró, en una ocasión, que "yo no recuerdo un ministro con el que haya habido menos diálogo que con la ministra Cubillos", criticando además su "rigidez".
La ofensiva contra el SAE le valió a la ministra enfrentar el momento más complejo de su gestión: la acusación constitucional que impulsó la oposición en su contra, en que le imputaban, entre otros puntos, faltar a la veracidad al haber tuiteado que la Ley de Inclusión prohibía que los apoderados solicitaran entrevistas a los colegios. Con un férreo apoyo de La Moneda, gran despliegue mediático y la sorpresiva decisión de contratar al abogado experto en Derechos Humanos, Francisco Cox, para su defensa, Cubillos logró sortear con éxito el libelo, el que se cayó en la Cámara de Diputados, el 1 de octubre. Su figura había salido fortalecida.
Luego de que el 18-O cambiara el foco en el país, la ministra reapareció a fines de noviembre, para denunciar "adoctrinamiento político" contra escolares y preescolares por parte de profesores, en el marco de las manifestaciones por el estallido social. También anunció el apoyo a un proyecto de ley para endurecer las sanciones a quienes realicen esas prácticas, iniciativa que también fue cuestionada por los parlamentarios de oposición.
En el mes de diciembre, apoyó activamente al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando enfrentó la acusación constitucional. En el último tiempo había ha mantenido un bajo perfil, y una de sus últimas intervenciones públicas fue en enero pasado, en medio de los incidentes durante la rendición de la PSU.
Tras 18 meses a cargo de esa cartera, una de las más complejas, la abogada anunció que se va para asumir "importantes desafíos en el debate público".
