Tras un extenso debate que se prolongó durante dos sesiones, la Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado, a su segundo trámite, el proyecto que prohíbe el corte o suspensión del suministro de servicios básicos mientras se extienda el estado de catástrofe por la crisis del Covid-19.
La iniciativa, con un segundo informe de la Comisión de Economía, establece que, decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del Covid 19 y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los mismos en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales.
Con
97 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones fue aprobada la medida que incluye los
servicios de luz, agua, internet, gas y telefonía, y que no contaba con el respaldo ni del Gobierno ni del oficialismo.
De hecho durante la discusión que se dio durante la tarde, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, ya anunciaba que "hay artículos que creemos que son objetables constitucionalmente", por lo que sostuvo que pedirán al Tribunal Constitucional que los revise.
El proyecto establece la
posibilidad de prorratear cuentas de servicios básicos que no puedan pagarse durante el estado de catástrofe en hasta 12 facturas posteriores sin intereses.De igual forma, establece
multas para aquellas empresas que incumplan la prohibición de suspender servicios por meses que no hayan podido pagarse durante la catástrofe.
Lo anterior, describe el proyecto de ley, no será aplicable a las empresas de agua potable rural, cooperativas eléctricas y empresas con menos de 12.000 clientes a la fecha de inicio del estado de catástrofe.
La medida tuvo que sortear otras cinco votaciones, sobre indicaciones que fueron agregadas y modificadas en un informe por la Comisión de Economía.
Una indicación tuvo reparos por parte de un sector de la Sala, que proponía que quienes acreditaran estar dentro del 40% de menores ingresos en conformidad con el Registro Social de Hogares al 1 de abril, quedarían exentos del pago de servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet por un plazo de 90 días a contar de la publicación de esta ley.
El texto, que fue rechazado por 39 votos en contra, 13 abstenciones y 52 a favor, planteaba aplicar igual beneficio a quienes no recibieran su remuneración completa, en razón de encontrarse temporalmente suspendida su relación laboral y estar recibiendo seguro de cesantía, sin importar su puntaje de Registro Social de Hogares.
Requisitos para obtener el beneficio
Los usuarios finales que podrán acogerse al mencionado beneficio, deberán encontrarse dentro del 40% de vulnerabilidad de conformidad al Registro Social de Hogares; también haber activado su seguro de cesantía y haberse suspendido la relación laboral en virtud de alguna de las causales establecidas en la Ley 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley 19.728, en circunstancias excepcionales o haberse celebrado un pacto de reducción temporal de jornada, al tenor de esta última ley.
También podrán solicitarlo los adultos mayores; trabajadores independientes, que no estando comprendidos en las categorías anteriores, mediante declaración jurada simple , den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos; y establecimientos tales como hogares de adultos mayores vulnerables y hogares de menores reconocidos por las instituciones certificadoras respectivas.
Por último, el texto señala que el Presidente de la República podrá disponer las medidas que correspondan para el congelamiento y/o rebaja del precio del gas de cilindro, balón o bombona, que tenga por objeto el servicio del hogar.
