Las cifras que presentaron la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, y el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, ante la Mesa Social covid-19 este martes fueron preocupantes: un 15,2% de los casos confirmados por PCR sale al menos una vez a la semana a trabajar. Además, un 24,2% de quienes tienen sospecha clínica y un 43,6% de aquellas personas que presentan síntomas de la enfermedad, lo hacen.
El mismo patrón se observa en otras prácticas sociales, como salir a realizar trámites o hacer compras. Por ejemplo, un 17.9% de las personas con síntomas sospechosos de covid-19 utiliza el transporte público al menos una vez por semana.
Son los datos que muestra el
Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas Covid-19 (Movid-19), una iniciativa de la
Universidad de Chile y el Colegio Médico que tiene como objetivo "contribuir con datos valiosos que informen las decisiones del Gobierno". El estudio se realizó a 39.885 participantes a través de encuestas periódicas durante las últimas seis semanas y los resultados confirman que son los factores socioeconómicos los que más determinan el aislamiento.
La definición de trabajo utilizada por el estudio —al menos una salida a la semana— es, según el académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, Cristóbal Cuadrado, una unidad de medida "muy estricta" que lo que muestra es que "hay un porcentaje no tan bajo de personas que, incluso teniendo un diagnóstico clínico, tienen que salir a trabajar", dice a Emol.
"Ese es uno de los puntos donde queremos levantar la alerta", señala Cuadrado. La información, al ser desagregada por nivel educacional, da cuenta de que las personas que tienen más estudios sale en menor proporción por motivos asociados al trabajo: entre las personas con educación profesional, la cifra es menor a 15%, mientras que entre quienes tienen educación técnica o inferior se acerca más al 20%.
"Eso se relaciona con tener más acceso a licencias médicas y a tener trabajos formales que te permitan efectivamente dejar de salir a trabajar cuando estás confirmado, entre otras cosas. Estas son personas que no tienen una situación laboral que les permita poder quedarse en la casa cumpliendo su aislamiento. Es la punta de un hilo que demuestra muchos problemas que están detrás de que sigamos teniendo tantos contagios", explica el académico.
Lo que subyace al dato, asegura Cuadrado, es un discurso que "se ha venido instalando de forma muy fuerte, sobre todo en la última semana": "Si no hay una política económica y social que dé garantías a las personas, es muy difícil que logremos que se vayan a quedar en la casa. Ese número tiene que llegar a cero. No tenemos que tener a nadie que tenga que salir a trabajar estando confirmado con covid-19. Eso es tremendamente preocupante", agrega.
Una semana entre los síntomas y el diagnóstico
Además de entregar datos sobre el cumplimiento del aislamiento propiamente tal, el estudio muestra conductas y realidades asociadas a la pandemia. Por ejemplo, los participantes reportan haber demorado un promedio de 4,9 días en consultar desde que iniciaron síntomas que podrían constituir sospecha de covid-19.
Desde ese momento inicial hasta la confirmación diagnóstica de la enfermedad existe un promedio de 7,2 días de distancia, considerando que entre la realización del test y su resultado hay 2,3 días. Sin embargo, estos plazos son distintos entre personas con isapre y personas con Fonasa. En las últimas dos semanas, esa diferencia se acentúa: 3,6 días promedio en Fonasa y 2,2 en isapre, lo que constituye un 63,6% de diferencia.
63% más esperan los pacientes de Fonasa por obtener el resultado de su PCR versus los de isapre
También se refleja esa diferencia en el acceso a licencias médicas: entre las personas confirmadas con covid-19 en edad económicamente activa (entre 25 y 65 años), quienes están en isapre tienen una probabilidad 20,8% mayor de recibir licencia médica que quienes están en Fonasa. Si el modelo se ajusta por sexo, edad y nivel educacional, la probabilidad llega a ser 2,7 veces mayor para afiliados a isapre.
"Este problema se acrecienta si consideramos que la autoridad ha decretado un plazo de cuatro días como máximo de licencia para personas que son sospechosas de covid-19. Considerando los tiempos de espera para la confirmación de covid-19 por medio de examen (en particular para personas en Fonasa), muchas personas quedan sin protección de su empleo y sin ingresos garantizados, lo que hace inviable que puedan cumplir con los aislamientos indicados", indica el estudio.
Dentro del panel de Movid-19, un 30,7% de los participantes asegura que los resultados de su examen a través de Fonasa tomaron más de cuatro días en estar disponibles, y ese tiempo de espera se registró en un 11,7% de los pacientes en Isapre. Así, el estudio identifica la existencia de "marcadas diferencias en la posibilidad de cumplir con el aislamiento entre distintos grupos sociales".
Entregar subsidios y garantizar el acceso a licencias
Basado en los resultados del monitoreo —que es liderado por la U. de Chile y el Colegio Médico pero cuenta con la participación de otras instituciones académicas como la U. Diego Portales, la U. Católica, la U. San Sebastián y la U. Central—, se entregan recomendaciones para mejorar el cumplimiento y la efectividad del aislamiento en el marco de la pandemia.
La primera es "entregar un mensaje claro e inequívoco a la ciudadanía de que cualquier persona con síntomas o que haya tenido contacto con un caso probable debe aislarse y actuar como si tuviera covid-19", debido a que se ha constatado que "las personas asintomáticas no diagnosticadas siguen saliendo a la calle".
"Si no hay una política económica y social que dé garantías a las personas, es muy difícil que logremos que se vayan a quedar en la casa"
Cristóbal Cuadrado
También se recomienda "tomar medidas para disminuir el tiempo entre el inicio de síntomas y consulta", para que se pueda "definir como caso probable a las personas de manera oportuna" y así trazar a sus contactos tempranamente. Además, se cataloga como "urgente" aumentar la oferta y el acceso a residencias sanitarias, ante "la evidente y creciente asociación entre hacinamiento y prevalencia de casos sospechosos".
Adicionalmente, se propone entregar subsidios directos a los hogares que "ven mermados sus ingresos por tener que cumplir con el aislamiento". "Deben ser suficientes para la mantención de la familia, lo que en ningún caso puede ser menor a $300.000 mensuales para una familia de cuatro personas en montos estables en el tiempo".
Por último, se resalta la importancia de "garantizar el acceso a licencias médicas para casos probables o confirmados, así como para los contactos estrechos". Estas deben "extenderse por el tiempo que sea necesario", "bastando la definición de caso probable" y "sin necesidad de una confirmación mediante PCR". También se menciona que "se debe trabajar particularmente sobre las barreras que parecen encontrar las personas Fonasa para acceder al beneficio".
