En mayo, la Superintendencia de Educación Superior inició una fiscalización para verificar si los planteles estaban dando a los jóvenes un servicio equivalente al que habrían recibido presencialmente. Se solicitó información a 45 casas de estudios, elegidas por sus reportes al inicio de la pandemia y por los reclamos recibidos. Las escogidas sumaban 82,8% de las quejas. Si una institución tiene un cumplimiento bajo el 50% se le abre un proceso administrativo. Cambiar de forma arbitraria las condiciones del servicio es una infracción grave, por lo que si se confirma, el plantel arriesgaría una multa cercana a los $50 millones (1.000 UTM).