Con
80 votos a favor, 64 en contra y cuatro abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en tercer trámite y despachó del Congreso, el proyecto que
aumenta las sanciones para quienes infrinjan las medidas sanitarias impuestas por la autoridad ante la pandemia.
Con esto, la iniciativa quedó lista para convertirse en ley, contemplando una modificación al Código Penal, aumenta hasta a tres años de cárcel de presidio efectivo para quienes no cumplan con las restricciones, y multas que fluctúan entre 10 y 200 UTM, es decir, entre $500 mil y $10 millones.
La norma señala que si una persona
infringe las medidas a sabiendas de ser diagnosticado con covid-19 arriesga hasta cinco años de cárcel y multas que ascienden hasta 250 UTM. Y también se considerará agravante -con la misma condena-
para quienes realicen eventos, fiestas o actividades similares.
Del mismo modo, la iniciativa indica que los que teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado,
los obliguen a trabajar presencialmente cuando éste se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad pública, pueden ser sancionados con hasta tres años de presidio y una multa de 10 a 200 UTM por cada trabajador obligado.