El Presidente propuso la creación de un consejo que revise la constitucionalidad de los proyectos.
El Mercurio.
En medio de la polémica por la tramitación de proyectos en el Congreso Nacional que son considerados inconstitucionales por el Gobierno, el ministerio Secretaria General de la Presidencia elaboró un informe que detalla que en los últimos años se han presentado 46 iniciativas que serían inadmisibles.
El estudio se dio a conocer justo luego de que el Presidente Sebastián Piñera diera a conocer ayer una propuesta para crear un consejo compuesto por expertos y ex legisladores que se dedique a revisar si las mociones tramitadas en el Parlamento se ajustan a lo que dicta la Carta Magna.
De acuerdo al texto,
27 de ellas se han ingresado en la Cámara de Diputados y 19 en el Senado, y la mayoría están relacionadas a la suspensión de cobros de servicios en medio de la pandemia del coronavirus o establecen obligaciones a privados.
Por ejemplo, en la Cámara Baja, hay un proyecto de ley que propone la suspensión del cobro de deudas por operaciones hipotecarias, en razón de emergencia sanitaria y otro que plantea la suspensión de cobros de comisiones o gastos administrativos por parte de las AFP a sus afiliados durante el estado de catástrofe.
También hay otro que pretende modificar la ley sobre sociedades anónimas para prohibir a las AFP la distribución de dividendos entre sus accionistas en ciertos casos o uno que dispone el cobro de aranceles en proporción a la cantidad de créditos académicos inscritos por los alumnos, los cuales afectan a sectores particulares.
Entre ellos también se cuenta el que prohíbe la pesca de arrastre respecto de la especie merluza común; un
proyecto de compensación del royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio; y uno que exige a las empresas información sobre el número de trabajadores contratados y las brechas salariales existentes entre ellos.
En tanto, en el Senado, también hay proyectos creados bajo el contexto del covid-19. Por ejemplo, hay uno que establece la obligación de las empresas proveedoras de entregar internet gratuito a estudiantes vulnerables en caso de suspensión de clases debido a la declaración de emergencia sanitaria y otro que suspende por seis meses los pagos de créditos hipotecarios y de consumo.
También se ingresaron a trámite iniciativas que prohíben el aumento de los precios de los productos en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia, otro que faculta al Presidente a reservar el uso prioritario del agua al consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe.
En la Cámara Alta también se han visado proyectos que afectan a privados, como el que sanciona el lucro excesivo en prestaciones de salud y venta de insumos médicos y medicamentos o el que establece la responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones por la rentabilidad de los fondos.
