Después de una sesión que se extendió durante todo este miércoles, el pleno de la Convención Constitucional aprobó por 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, en una segunda votación, emitir una declaración que aborda la situación de las personas detenidas por participar en hechos de violencia después del 18-O y la desmilitarización del wallmapu.
El texto, que fue elaborado por los convencionales del bloque Apruebo Dignidad (FA-PC), junto al colectivo socialista (PS) e independientes, consta de seis puntos, entre los que destacan la solicitud al Poder Ejecutivo y Legislativo de colocar urgencia al proyecto de ley que otorga un indulto a quienes se encuentran presos por esos hechos.
De esa forma, el documento redactado por esos convencionales
superó en apoyos a la que había elaborado la Lista del Pueblo en conjunto con los Pueblos Originarios, quienes se plegaron mayoritariamente a la propuesta ganadora con el objetivo de alcanzar la mayoría absoluta de 78 votos.
El petitorio triunfador, titulado "la Convención Constitucional a los órganos del poder constituido sobre la prisión política en chile y la militarización del wallmapu", señala que "la revuelta social costó decenas de vidas, violaciones a los DD.HH. cometidas por agentes del Estado (…) que no podemos invisibilizar".
"Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia", añade, junto con recalcar que a casi un año y medio de los hechos aún no hay juicio para ellos.
En esa línea, recalcaron que "hoy resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile".
"La Convención, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política", dijeron.
Detalle de las peticiones
En ese contexto, la propuesta pide que "respecto del Proyecto de Ley de Indulto General en la Comisión de Constitución del Senado, su tramitación con la máxima celeridad" y "al Poder Ejecutivo dar suma urgencia" a la misma iniciativa, y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de DD.HH.
Asimismo, reclama el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado. En tanto, sobre el wallmapu, indicaron que la necesidad de generar la "inmediata desmilitarización", así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto "para la represión del territorio mapuche".
"Que el indulto, en el caso de las Regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche", agrega el texto, junto con solicitar que se disponga "la aplicación directa y obligatoria del Convenio 169 en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad".
Otro punto establecido en el texto fue pedir al Ministro de Justicia y DD.HH. que "concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique a su respecto de manera inmediata las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la OIT y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas".
Finalmente, llamaron a implementar "una política robusta de justicia, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos".
"Nos comprometemos a crear en la Nueva Constitución los mecanismos pertinentes y necesarios para que no se vulneren nuevamente los Derechos Humanos de todas y todos los pueblos y una garantía de no repetición de los hechos", concluyeron.
