Una idea que ha tomado fuerza entre los convencionales es que la nueva Constitución considere mecanismos de democracia directa, que suponen una mayor intervención de las personas en las decisiones políticas del país.
Este tópico está entre los temas a tratar en la comisión sobre Principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía, instancia que deberá discutir acerca de "referéndums aprobatorios y revocatorios de mandato y de ley; iniciativa popular de ley y democracia digital", entre otros.
De ellos, un mecanismo que genera alto apoyo entre convencionales de centroizquierda, pero grandes dudas entre académicos, es el de referéndums revocatorios de mandato de autoridades de elección popular, a través de los cuales la ciudadanía podría decidir que una autoridad deba concluir de forma anticipada sus funciones.
Ya son varios los convencionales del Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC), Movimientos Sociales Constituyentes e independientes que han declarado que los impulsarán.
Durante los discursos de apertura propusieron estos referéndums los constituyentes Bastián Labbé, Manuela Royo y Alejandra Flores (Movimientos Sociales Constituyentes), Beatriz Sánchez e Ignacio Achurra (Frente Amplio), Jorge Baradit (ind. en cupo PS), Daniel Bravo (Pueblo Constituyente), Marcos Barraza (PC), Jorge Abarca (INN) e Isabel Godoy (pueblo Colla).
También se han mostrado a favor de la idea los constituyentes Loreto Vallejos y Lisette Vergara (Pueblo Constituyente), Yarela Gómez y Jaime Bassa (Frente Amplio), Alvin Saldaña y Gloria Alvarado (Movimientos Sociales Constituyentes), Bárbara Sepúlveda (PC) y Agustín Squella (Colectivo del Apruebo), entre otros.
Consultados, convencionales dicen que el referéndum revocatorio debiese regir para cargos como concejales, alcaldes, gobernadores, parlamentarios e incluso el Presidente.
"Para todos los que sean electos por las personas", resume Loreto Vallejos, miembro de la comisión de Principios constitucionales. La coordinadora de dicha instancia, Beatriz Sánchez, argumenta: "Hoy, si votas por una autoridad, también deberías tener la posibilidad de quitarle esa confianza que le depositaste con tu voto. De eso se tratan estos procesos revocatorios, por lo que creo que deberían existir".
Eso sí, Agustín Squella cree que estas revocaciones debieran ser solo hacia autoridades "que hubieran faltado gravemente a los deberes jurídicos o éticos de su cargo". Mientras, Daniel Bravo propone que se debiera exigir "un porcentaje de firmas apropiado en relación al número de votantes que participaron en la correspondiente elección" y que solo pudiera activarse tras la mitad de transcurrido el mandato.
Por su parte, Vallejos dice que deben estudiarse atenuantes importantes para activar una solicitud de revocación, para que "no sea por cualquier cosa".
Igualmente, hay convencionales como Eduardo Cretton (UDI) a quienes no les gusta la idea. "Creo que tensionan la democracia y generan inestabilidad", asevera.
Uso en Latinoamérica
La experiencia comparada distingue dos tipos de referéndums revocatorios: uno contra autoridades como alcaldes o gobernadores, pero no contra miembros del Congreso o el Presidente, lo que ocurre por ejemplo en Perú y Argentina; y otro más amplio que puede activarse contra cualquier autoridad que haya sido electa por la ciudadanía, incluido el Presidente, como pasa en Ecuador, Venezuela y Bolivia.
Según la publicación "La dosis hace el veneno: Análisis de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza", coordinada por los expertos en democracia directa Yanina Welp y Uwe Serdült, en Perú la revocatoria se incluyó en el país en 1993 y a la fecha "ha conducido a formalizar procesos revocatorios de más de cinco mil autoridades".
El estudio añade que en Colombia, entre 1991 y 2012, se presentaron 134 intentos revocatorios, pero ninguno prosperó. El texto agrega que en ese país "la mayoría de las revocatorias no han sido promovidas por los partidos o la ciudadanía, sino por exalcaldes o gobernadores, candidatos derrotados o precandidatos electorales, que en defensa de intereses personalistas abusan del mecanismo, en detrimento de la construcción de la democracia participativa".
En Venezuela en 2016 se avanzó desde la oposición en un intento para revocar el mandato de Nicolás Maduro, pero el proceso fue suspendido porque cinco tribunales provinciales detectaron presuntos casos de fraude en la recolección de firmas, lo que fue cuestionado por los opositores.
Allí, como en otros países, se requiere el apoyo de al menos un 20% del padrón electoral para activar la consulta, y el referéndum se aprueba solo si quienes quieren dar término anticipado a una autoridad corresponden a un porcentaje mayor que el que tuvo aquella cuando fue electa en el cargo.
En EE.UU., 18 estados tienen este mecanismo. Uno de los casos más conocidos es el de California, pues en 2003 fue removido del cargo el gobernador demócrata Gray Davis, siendo reemplazado por el actor Arnold Schwarzenegger (cupo republicano).
"Un bicho distinto"
La consulta para revocar mandato ha sido cuestionada desde hace más de 200 años. Según los registros de la convención federal de 1787, de Max Farrand, en el debate de la creación de la Constitución norteamericana, Alexander Hamilton, intelectual de la época, se opuso, pues "iba a promover el surgimiento de legisladores exclusivamente movidos por los prejuicios de sus estados y no por el bien de la Unión".
Suiza, país conocido por su amplio uso de mecanismos de democracia directa, no cuenta con referéndums revocatorios en su Carta Magna: la consulta está solo en reglamentos internos de seis de los 26 cantones (forma político-administrativa en que se divide el país) y casi no ha sido usada.
Para David Altman, académico de la UC, los referéndums revocatorios son "un bicho muy distinto en la democracia directa, porque estás hablando de un corolario, un epílogo de una elección de autoridad. Para mucha gente, la democracia directa es sobre política y no sobre políticos".
Guillermo Pérez, investigador del IES, opina que si bien sus defensores dicen que con esto se fortalece la democracia, "puede terminar capturado por los partidos políticos y generar serios problemas de gobernabilidad y elecciones permanentes".
La cientista política Marcela Ríos, del PNUD, explica, en tanto, que mecanismos de democracia directa pueden ser útiles en sociedades con bajos niveles de organización y confianza en las instituciones, pero tienen el riesgo de ser usados con fines antidemocráticos y demagógicos.
