Fue una de las revelaciones en la primera fase de la Convención. Académica —ha sido por casi 25 años profesora en la Universidad de Concepción— y parte del equipo de constitucionalistas del Frente Amplio, la forma de trabajo de Amaya Alvez fue clave para que la Comisión de Reglamento —que coordinó junto a Daniel Bravo, de la entonces Lista del Pueblo— no solo cumpliera su cometido, sino que además destacara por la transversalidad de sus acuerdos.
Cuando, luego de las elecciones del 21 de noviembre, se han abierto todo tipo de interrogantes respecto de cómo seguirá el proceso constituyente, hay una cosa de la que Alvez no tiene dudas: el compromiso de tener redactada la nueva Carta el 4 de julio, cumpliendo el mandato constitucional de un año. "Yo no estoy disponible para dilatar", afirma.
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En este contexto, ¿qué reflexión le cabría hacer en la Convención respecto de lo que pasó en la elección de noviembre?
—Las explicaciones fáciles y binarias siempre me parecen un poco erradas. Lo que ha hecho la Convención no determinó la última elección. Puede haber influido parcialmente, pero evidentemente no la determinó. En Chile se mantiene el régimen de la Constitución de 1980, esa que votamos por cambiar completamente. Y el 80% que se pronunció en octubre de 2020 por cambiar la actual Constitución, es también para cambiar eso que acaba de ocurrir: una elección, por ejemplo, en la que no hay paridad. Un Congreso Nacional que no tiene escaños indígenas, y entonces no tiene representación de pueblos originarios, y tampoco hay independientes en listas de independientes. Entonces, en parte, lo que votamos por cambiar es el resultado de lo que acabamos de ver en el Congreso Nacional.
—Sectores de derecha lo plantean al revés. Dicen que las "distorsiones" que se introdujo en la elección de convencionales explicarían el resultado que hubo en mayo y que no se condecía con la trayectoria histórica del país.
—No, para nada. No es lo que yo pienso.
—Pero cuando usted señala que este resultado tiene que ver con que no hay paridad, con que no hay escaños reservados, ¿no está planteando un poco lo mismo?
—No. Estoy planteando justo lo opuesto. Estoy diciendo que en buena medida el resultado es fruto de un modelo que no asegura la paridad, que no establece espacios para pueblos originarios y que no reconoce a movimientos sociales fuera de los partidos políticos. O sea, es parte de un sistema que deseamos modificar. La Convención sí estableció esos espacios. Y por eso hemos dicho que la representación en la Convención Constitucional se parece mucho más al Chile real.
—¿Pero se puede hablar de que se parece más al Chile real cuando en la última presidencial, sumando los dos candidatos, la derecha tiene el 40% de los votos y en la de convencionales había obtenido solo el 22%?
—No es mi lectura. Al revés, creo que la Convención se parece mucho más al Chile real. Numéricamente también: en Chile más del 50% de la población son mujeres, entonces es una legítima pregunta por qué, si somos más del 50%, en términos de cargos de representación no llegamos al 30%.
—¿Cuáles fueron las claves en el trabajo que se hizo en la Comisión de Reglamento?
—Creo que hicimos un trabajo técnico, con rigor, pero además con un espíritu deliberativo democrático. Yo me preocupé mucho y lo logré, no sola, sino con Daniel Bravo, de establecer un ambiente de trabajo franco pero respetuoso de todas las opiniones. Fue extenuante, teníamos sesiones hasta las dos de la mañana, pero teníamos plazos breves y siempre pensamos que teníamos que cumplirlos.
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¿Piensa que allí hay algunas claves para la etapa que ahora viene?
—Pienso que de alguna forma lo que logramos en Reglamento General es lo que debiéramos intentar replicar y mejorar en el debate de las comisiones temáticas. Es clave escuchar con respeto. Hannah Arendt hablaba de una mentalidad que puede extenderse hasta cierto límite, pero hay situaciones de hecho o de personas que, aunque uno intente, le cuesta mucho: a priori no las comprende. Entonces hay que ser humilde para escuchar atentamente esa realidad de esta otra persona e intentar comprender por qué propone lo que propone. Y eso supone no ser dogmático.
—Usted antes lo ha descartado, pero su nombre sigue siendo mencionado como una posible carta para presidir la Convención.
—¿Y por qué cree usted que mi nombre sigue dando vueltas?
—Por la experiencia en la Comisión de Reglamento y pensando que viene un período en que se va a requerir parte de lo que allí funcionó, como es la capacidad de adecuarse a un plazo y sacar adelante un texto.
—Agradezco a quienes piensan en mí, porque supongo que es una manera de respetar el trabajo que hice. Pero no es algo que esté buscando. Mi trabajo es técnico, yo estoy dedicada a redactar normas constitucionales. Es lo que sé hacer, lo que he hecho toda mi vida.
—Algunos han planteado que, después del 21 de noviembre, la posibilidad de un rechazo en el plebiscito de salida es una hipótesis que no se debe descartar. ¿Comparte esa visión?
—No la comparto. Es natural pensar que a meses del inicio de la Convención, y dado que los reglamentos disponen un procedimiento de creación de normas constitucionales que nos va a permitir conocer las iniciativas presentadas en su conjunto solo a partir del 6 de enero, se produzca una especie de distanciamiento en el sentido de decir "pero dónde están las normas". Eso lo he escuchado y lo encuentro legítimo. Pero ya están siendo presentadas iniciativas de normas constitucionales por convencionales, y hay además más de 500 iniciativas populares. Esa recepción de iniciativas se cierra el 6 de enero. A partir de esa fecha, vamos a tener un debate intenso en las comisiones temáticas. Y entonces creo que ahí se va a producir un despertar de la ciudadanía en torno a estos debates, a saber si realmente vamos a poder dar respuesta a las demandas por las que llegamos a este proceso.
"Yo tengo mucho optimismo en que vamos a tener una deliberación profunda, democrática, abierta, transparente durante todo enero y empezar a votar a partir del 7 de febrero en el pleno las nuevas normas constitucionales. Después va a haber una etapa final, de armonización, que parte en abril, en que 40 convencionales van a velar por que el texto en su conjunto sea coherente. Espero que los que no sean parte de esa comisión estén desplegados por todo Chile haciendo trabajo territorial para dar a conocer el contenido de las normas y permitiendo que la gente vote de manera informada en el plebiscito de salida".
—¿Es buena o mala idea convenir una disposición para que cambios sustantivos que afecten los mandatos de autoridades como las que han sido electas ahora solo rijan cuando ellas cumplan sus períodos?
—No, yo estaría por algo intermedio. La Constitución va a necesitar de normas transitorias que dispongan de plazos para su implementación. Ahora, si pensamos que un senador dura ocho años, ocho años es un plazo excesivo. No creo que haya que esperar el cumplimiento de todos los mandatos, pero sí pienso que la Constitución debe tener disposiciones transitorias, nada va a regir in actum.
—¿Cuál es su preferencia respecto del régimen político?
—Voy a estar abierta a escuchar la propuesta de mis compañeros que forman parte de la Comisión de Sistema político. Lo que le puedo decir es con lo que no estoy de acuerdo: con el régimen híper presidencial que tenemos hoy. Creo que deja sin competencias verdaderas a los territorios y entonces más bien mi mirada de limitar el poder del presidente va por la forma jurídica del Estado. Hay que ir a un Estado que descentralice políticamente y eso habla de un Poder Ejecutivo bastante menor que el que tenemos hoy, en términos de competencias, de potestades, de nombramiento de autoridades.
—Usted ha señalado que el modelo de Estado unitario fracasó. ¿Por qué?
—Porque un solo centro de impulsión política en un país como el nuestro no tiene sentido desde el punto de vista geográfico, ecosistémico, poblacional. Es casi un régimen colonial. Creo que el mundo cambió. Las comunicaciones han hecho que los ciudadanos estén mucho más atentos a lo que ocurre y hay que acercar las decisiones a las personas.
—¿Cuál sería el aterrizaje? ¿Un federalismo?
—No me gusta mucho ponerle nombres, porque los nombres teóricos rigidizan la implementación. Sí sé que la manera como está estructurado el Estado en Chile ha fracasado desde el punto de vista de los territorios o de las regiones distintas de la Metropolitana.
—A la Comisión de Forma jurídica del Estado, en que usted participa, también le corresponderá aterrizar en ese ámbito el concepto de plurinacionalidad...
—La plurinacionalidad debe ser un principio rector de toda la Constitución. Lo van a tener que abordar distintas comisiones y nosotros yo creo que también, cuando hablemos de si se van a reconocer o no autonomías territoriales indígenas. Pero parte del hecho de reconocer un espacio a los pueblos originarios es dejar que ellos formulen una propuesta y luego la debatiremos, la dialogaremos.
—¿Usted es partidaria de mantener los escaños reservados en el futuro Parlamento?
—Eso lo va a ver la Comisión de Sistema político. Pero evidentemente, en materia de derechos fundamentales no debiéramos quitar derechos a quienes ya se los hemos reconocido.
—No es tema de su comisión, pero usted se ha referido antes a los derechos de la naturaleza. El concepto, ¿es una metáfora? ¿Una ficción? ¿Cuál sería la operatividad real?
—Tiene operatividad real. Y esto está ocurriendo en el "mundo civilizado", como le gusta decir a la gente, está pasando en muchos países, en el sentido de darse cuenta de que la crisis ambiental está dada porque no hemos sabido limitarla a partir de normas que siguen siendo antropocéntricas. O sea, el derecho sigue siendo pensado solo para el ser humano y para la vida del ser humano.
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¿No es natural eso, si somos los seres humanos los que hacemos el derecho?
—No, porque se pone una jerarquía, que es la concepción del ser humano como jerárquicamente por sobre todo el entorno natural. La perspectiva que aborda los derechos de la naturaleza supone que el ser humano es parte de la naturaleza, que es un elemento más de esta y, por tanto, debe considerarla. Si queremos tener un planeta para seguir viviendo en él, debemos ponerle un límite al modo como tomamos decisiones respecto de la vida y del entorno. Eso no significa, como han querido presentarlo, que ahora las vacas van a votar más que los seres humanos o cosas así de ridículas. Es tomarnos en serio las prevenciones que vienen del mundo científico.
—¿Y quién debería ejercer la titularidad de esos derechos?
—La teoría de la representación jurídica tiene cientos de años, siempre personas humanas han actuado a nombre de entes ficticios jurídicos, como una sociedad o una fundación. La naturaleza por sí misma no va a poder ir a un tribunal, pero existen distintos mecanismos que podrían solucionar eso. Una opción es una acción popular: cualquiera que tenga interés. Otra opción, y quizá la más interesante, es que en la cosmovisión de los pueblos originarios históricamente está esta idea de que el ser humano es un ente natural, forma parte de su entorno y, por tanto, debe preocuparse de su mantención y de su cuidado. Y entonces en algunos lugares, por ejemplo, en Nueva Zelandia, se les ha reconocido a los pueblos originarios la calidad de guardianes de la naturaleza, y esa guarda de la naturaleza supone que quienes la representan ante los distintos órganos estatales son los líderes de los pueblos originarios. Es una alternativa a debatir.
