La norma de nacionalizar la minería, aprobada ayer en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, ha generado fuertes críticas al interior del órgano -especialmente entre los convencionales de Vamos por Chile-, el Gobierno, ex ministros de Minería y el propio sector minero.
Dicha norma establece la nacionalización de empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos (cobre, litio, oro, plata, uranio, etc.), "pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en el territorio nacional".
Entre otras disposiciones, también establece que las concesiones de mineras de exploración y explotación a favor de estas empresas "cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización", y que toda exploración debe cumplir los derechos de los pueblos indígenas, en particular "el derecho a consentimiento previo, libre e informado" de sus decisiones que afecten su territorio o superviviencia.
La principal impulsora de la norma es Ivanna Olivares (ex Pueblo Constituyente y actual integrante de la Coordinadora Nacional y Popular), convencional de 31 años quien representa al Distrito 5, que agrupa a las comunas de Andacollo, Ovalle, La Serena y Coquimbo, entre otras. Olivares no milita en ningún partido político y formó parte de la ex Lista del Pueblo.
"(La iniciativa busca) abrir un debate democrático que merece el pueblo de Chile, a través de una demanda histórica que ha sido la nacionalización y la soberanía del Estado y los pueblos sobre los bienes estratégico".
Ivanna Olivares, convencional Ind
La profesora de Historia también ha sido gestora cultural y activista ambiental. De hecho, al momento de su postulación era activista de Modatima Choapa y presidenta de la comunidad diaguita Tuacán. Entre sus trabajos académicos, figura como coautora del libro "Diaguitas del Valle de Chalinga, patrimonio, cultura e identidad", publicado en 2015.
El programa de candidatura que Olivares cargó en el Servel lleva por nombre "Programa de la Lista del Pueblo Movimiento Territorial Constituyente" (Distrito 5, Región de Coquimbo), donde se plantea avanzar hacia un "Estado ecocéntrico" que, entre otros aspectos, apunta a la "recuperación de los recursos naturales estratégicos a beneficio del país, su industrialización sustentable y la diversificación de la matriz productiva".
En tanto, en el punto de "Sistema económico y mercado nacional", se lee: "las riquezas naturales (minas, bosques, aguas) deben pertenecer a la comunidad local, por soberanía territorial. De este modo, su explotación, por empresas públicas o privadas, deberá ser compartida con la comunidad local, o bien compartir su administración y fiscalización, o bien compartir las utilidades".
Según explicó ayer a CNN, esta iniciativa busca "abrir un debate democrático que merece el pueblo de Chile, a través de una demanda histórica que ha sido la nacionalización y la soberanía del Estado y los pueblos sobre los bienes estratégicos. Expresión de un derecho que fue ratificado por Naciones Unidas en 1962, declarando que los pueblos y Estados tienen el derecho soberano de determinar el destino de sus bienes estratégicos".
Consultada por ejemplos modernos y exitosos de propuestas de este tip, Olivares afirmó admirar el ejemplo de Bolivia con Evo Morales, quien inició este proceso "y que claramente tuvo oposición de los grandes poderes económicos y sin embargo, lograron un poder soberano sobre esto, y ahora están haciendo baterías de litio y autos eléctricos".
La convencional explicó que de aprobarse finalmente la normativa (con el apoyo de los dos tercios del pleno), en el plazo de un año será el Presidente de la República el que determine su aplicación -que será paulatina- y afirmó no tener estimaciones del costo que esto podría significar al Estado.
