La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, recalcó que el Ejecutivo no tiene antecedentes de otros contactos individuales que se hayan realizado con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, luego de que el abogado del activista, Rodrigo Román, insistiera en que hubo intentos desde el 11 de marzo.
Al respecto, y luego de que su par de Interior, Izkia Siches, reconociera que "las acciones en particular, evidentemente, deben ser esclarecidas", la vocera de La Moneda indicó que "no nos corresponde pronunciarnos sobre lo que señala el abogado, podemos reiterar y garantizar absolutamente que no ha sido instruido".
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No ha sido parte tampoco del diseño de este Gobierno ese tipo de gestiones y contactos. Por lo tanto, ahí a los ministros y subsecretarios les ha quedado muy claro aquello y podemos garantizar eso. El resto, son parte de los procesos investigativos y la Fiscalía determinará qué es lo relevante o no para su investigación", añadió.
En esa línea, Vallejo sostuvo que "no nos corresponde a nosotros aquello, es una tarea exclusiva de un organismo que es autónomo, que tiene esa facultad y mandato que es investigar y establecer las pericias correspondientes para el caso en cuestión".
La portavoz recalcó que "podemos garantizar que este gobierno no ha sido notificado, porque tampoco ha instruido ningún tipo de gestión al respecto y queremos reiterar algo que es sumamente fundamental para que se entienda políticamente lo que el Gobierno ha estado tratando de hacer".
"Nosotros tenemos un principio general, que es abrir espacios de dialogo y lo hemos hecho con todas aquellas comunidades que quieren avanzar en una solución de paz, porque tenemos el plan Buen Vivir en desarrollo y eso implica hacernos cargo de temas que son históricos como también aquellos que demandan actualmente", dijo.
En ese contexto, agregó que "respecto a lo otro, la verdad es que no es parte de nuestra instrucción y diseño, porque no corresponde y, por lo tanto, en eso queremos ser sumamente majaderos, más allá de todo".
"La Fiscalía tiene que determinar todo antecedente que pueda tener para poder generar sus diligencias y desarrollar sus procesos e investigaciones, eso evidentemente es así. Lo que nos corresponde como Gobierno es dar las garantías de que esto no ha sido ni instruido ni informado", concluyó.
