A raíz de una denuncia que interpusieron las senadoras DC, Yasna Provoste y Ximena Rincón, y siguiendo su cronograma de fiscalización, la Contraloría inició en 2021 una investigación en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), para verificar cómo se estaba certificando la calidad de los planteles "conglomerados", es decir, aquellos que son universidades, instituto profesional y/o centro de formación técnica. El periodo que se analizó fue entre 2019 y diciembre 2020, y según el informe final al que accedió "El Mercurio", la Universidad Inacap, el CFT Santo Tomás y el IPIACC entregaron antecedentes, por ejemplo, sobre infraestructura y personal que no correspondía solo a esa entidad sino que a todo el grupo, y esa información se usó para otorgarles la acreditación. Así, "en atención a las situaciones advertidas, esta Contraloría Regional instruirá un procedimiento disciplinario en la Comisión Nacional de Acreditación, pendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades", señala el informe.
