Roberto Garrido Bedwell, fiscal regional de La Araucanía, dio ante la ciudadanía cuenta pública del trabajo de la persecución penal que llevó adelante la institución en esa zona durante 2022. "Fue un año intenso", comenzó diciendo.
El persecutor aseguró que "hemos demostrado en la Araucanía que se puede hacer una persecución penal con respeto a los derechos de los imputados, con independencia y objetividad, sin importar quienes sean las personas que participan en los delitos, su origen, ni el cargo que ostentan".
El conflicto que se da en esa región con los pueblos originarios es algo que se asocia, muchas veces, a los niveles de delincuencia que hay. Así lo dijo el propio fiscal, quien aseguró que "la región presenta una realidad particular de violencia y de delincuencia".
Y continuó: "No es fácil enfrentarla, no es fácil porque el conflicto político que genera esa violencia no va a resolverse mediante la aplicación del sistema de justicia criminal (…)
no es fácil ni agradable muchas veces ser el chivo expiatorio de un Estado que está en deuda permanente con los pueblos originarios".
Los datos
referido a su cuenta pública y la acción de la fiscalía regional, la principal área de trabajo que priorizaron durante el 2022, según comentó, fue aquella relativa a los delitos complejos y al crimen organizado. "Un ejemplo son los hechos vinculados a reivindicaciones territoriales en la Macrozona Sur", dijo, precisamente, sobre hechos asociados a causas de pueblos originarios.
"En la comisión de estos delitos evidentemente existe organización y planificación tanto para ejecutarlos como para favorecer la impunidad. Se actúa de noche, en sectores despoblados y de difícil acceso, se utilizan guantes para no dejar huellas, se recoge la evidencia balística, se ocultan los rostros de los partícipes y se ataca a personas desarmadas y en situación de vulnerabilidad", dijo el persecutor.
En base a eso, comenzó a entregar datos y destacando casos específicos. Por ejemplo, respecto a las reivindicaciones territoriales, en 2022 hubo 561 denuncias, lo que significa una disminución cercana al 43% respecto de 2021.
Siguiendo en esa línea, comentó que las denuncias por usurpaciones y daños disminuyeron de 501 en 2021 a 173 en 2022, una baja del 74%. Lo mismo con las de amenazas, que pasó de 253 en 2021 a 110 el año recién pasado, anotando un descenso de 56%.
Sobre los delitos de mayor connotación social, como los atentados incendiarios, los homicidios o los ataques armadas, también se registró una baja en las denuncias de un 7% con respecto a 2021. Sin embargo, el persecutor destacó que desde 2019 (73) ha habido un notorio incremento, ya que en 2020 hubo 123 denuncias y en 2021 196. En 2022 se registraron 157.
En relación a estos delitos, la fiscalía obtuvo la condena de 70 personas en 45 causas por diversos delitos: Ataque incendiario, homicidio simple, homicidio frustrado contra Carabineros, robo con intimidación, violación a la ley de armas, etc.
Sin embargo, 59 imputados se encuentran con prisión preventiva por hechos como homicidio consumado a Carabineros o PDI, secuestro con homicidio o la Ley de Seguridad Interior del Estado. 45 de estos ya se encuentran acusados a la espera de su juzgamiento.
Garrido Bedwell fue claro en expresar su creencia frente a la delincuencia en la Macrozona Sur: "(Hemos abordado) la problemática que denominamos violencia rural como lo que realmente es: Una manifestación de crimen organizado que bajo un velo de lucha política o reivindicatoria oculta agrupaciones delictuales que tienen como objetivo básico el lucro de quienes las integran".
Con ello, el fiscal explicó que, para lograr estos números y atacar el crimen organizado "reorganizamos nuestros recursos con el objetivo de perseguirlo atacando los diversos ámbitos en los que estos grupos obtienen ingentes ingresos y generan mayores perjuicios como son el robo de madera, el tráfico de armas, los delitos que afectan la seguridad agroalimentaria".
Precisamente, sobre el robo de madera, delito que se tipificó recién en septiembre de 2022, Garrido Bedwell comentó que es "un fenómeno delictual que tiene vasos comunicantes con los hechos de violencia en la Macrozona Sur. Estas conexiones están asociadas a la ocupación de los predios, muchas veces con apoyo de grupos radicalizados para reclamar propiedad sobre ciertos terrenos y expulsar a sus propietarios, y una vez que se ejerce control territorial se desarrollan faenas ilegales de extracción de madera, protegidas muchas veces también con el uso de armamentos".
El persecutor valoró la nueva ley ya que "nos ha permitido profundizar en investigaciones que estábamos desarrollando hace algún tiempo, al establecer una regulación específica para esta actividad delictual y entregarnos herramientas de investigación con las que antes no contábamos, como la utilización de agentes encubiertos".
Con esta ley, han sido detenidas 44 personas en ocho procedimientos, donde se han incautado 21 camiones, 15 remolques, 4 maquinarias forestales, 9 vehículos, entre otros. Se han desarticulado tres organizaciones criminales, hay 29 formalizados y 6 condenados.
Siguiendo, con los delitos complejos y de alta connotación social, Garrido destacó la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul en agosto de 2022. "No fue una investigación fácil, porque el éxito de las diligencias que desarrollamos tales como escuchas telefónicas, seguimientos y otras, dependían del sigilo de nuestra actuación. Y
hubo que mantenerlo a pesar de las críticas que recibíamos por, supuestamente, no actuar", dijo.
Asimismo, recalcó que en noviembre del año pasado "obtuvimos la prisión preventiva de otros cinco presuntos integrantes del mismo grupo (CAM) que fueron detenidos por Carabineros con el apoyo de personal del Ejército, cuando huían después de cometer ataques incendiarios en Lautaro y Temuco".
Recordó Garrido también las tres personas acusadas por los homicidios consumados de los suboficiales Eugenio Naín y Francisco Benavides –ocurridos los años 2020 y 2021 respectivamente-"para quienes la Fiscalía pide distintas penas que van desde los 20 años hasta el presidio perpetuo".
De la misma forma, se refirió a causas como la condena de Martín Pradenas, acusado de delitos sexuales contra seis mujeres diferentes. "Este caso de transformó en un caso emblemático porque visibilizó los prejuicios que suelen afectar a las víctimas de estos hechos y la necesidad de aplicar el enfoque de género tanto en la investigación como en el juzgamiento de la violencia sexual, con el propósito de derribar los estereotipos que favorecen la perpetración y aceptación social de este fenómeno. Ello incide en la inseguridad que pueden sentir las mujeres y en su desconfianza con el sistema de justicia", puntualizó.
Se refirió también a la anulación del juicio, debido a imparcialidad de uno de los jueces que redactó la sentencia: "Confiamos que en el nuevo juicio, que está programado para el mes de marzo, volveremos a contar con la participación de las víctimas y los testigos y que obtendremos un resultado similar que permita proporcionar a quienes han sido víctimas de estos delitos y a sus familias una justicia reparadora".
Según lo expresado por el persecutor, el tráfico de drogas también genera violencia rural. En ese sentido comentó que durante 2022 hubo un total de 896 personas detenidas. En el mismo periodo se incautaron 396 kilos de marihuana, 1.328 plantas de cannabis sativa, 156 kilos de pasta base de cocaína y 66 kilos de clorhidrato de cocaína.
