"La estadía ilegal en Chile no constituye, por sí misma, un riesgo para la seguridad interior", dijo el pasado lunes el director de Migraciones, Luis Thayer, marcando una postura que provocó severas críticas en el Congreso Nacional y que en los últimos días también ha sido objetada desde el propio Gobierno.
La autoridad expuso esa sentencia ante la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, como un argumento para expresar sus reparos a una indicación de la oposición al proyecto que agilizaría las expulsiones de migrantes, la cual establecía que la estadía ilegal debía ser calificada como causal para abandonar el país.
"No nos parece que la estadía ilegal, si bien existe la facultad del subsecretario de expulsar directamente a quien está ilegalmente en el país o irregularmente en el país o ha ingresado por un paso no habilitado; ello,
toda vez que además suponga un peligro para la seguridad interior", aseguró.
En esa línea, Thayer recalcó que "quisiera insistir en que no nos parece, por una parte, que la estadía irregular en el país o irregular constituya un riesgo para la seguridad interior y nos parece por otra parte, que escapa a la idea matriz del proyecto presentado por el Ejecutivo".
Sus dichos provocaron una serie de reacciones entre los parlamentaros, incluso algunos solicitaron su renuncia. Sin embargo, hasta ahora, la que ha llamado más la atención es la que realizó el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien ayer expuso una postura totalmente distinta al respecto.
En una entrevista con Radio Pauta, la autoridad indicó que "lo relevante a nuestro juicio en esta materia tiene que ver con que la inmigración irregular es un problema para el país, es un problema importante. Y en ese sentido, podría ser un riesgo para nuestro orden y la seguridad de nuestro país".
Los comentarios de Gajardo llegaron
pese a la aclaración que Thayer realizó respecto a sus dichos, en la cual intentó matizar sus argumentos. Según él, con la indicación opositora que fue rechazada, el subsecretario del Interior "iba a estar obligado a expulsar personas que constituyeran un riesgo para la seguridad interior del Estado".
"No estuvimos de acuerdo con esa parte, puesto que consideramos que la facultad del subsecretario puede derivar en que por el bien de la seguridad interior del Estado sea preferible que la persona esté en la cárcel antes que ser expulsada", aseguró.
En ese sentido, explicó que la irregularidad iba a ser considerada a todo evento de riesgo para la seguridad interior. "La irregularidad es una falta administrativa grave y gravísima en algunos casos y se da en algunos casos derivado del ingreso irregular y en otros, porque, por ejemplo, una persona no alcanza a renovar la documentación o no tiene el dinero para pagar la multa por haberse vencido el plazo para renovar su visa o residencia temporal".
En ese caso, Thayer consideró que estas situaciones "no constituyen un riesgo para la seguridad interior del Estado y no pueden ser equiparadas con crímenes, con narcotráfico, con trata” junto con subrayar que “la irregularidad se ha reducido en un 54% respecto de los primeros meses del año pasado".
Visión en el Parlamento
Las discrepancias del Ejecutivo en esta materia ya habían sido advertidas en el Congreso. Por ejemplo, el 27 de marzo pasado, la presidenta de la comisión de Gobierno de la Cámara, Joanna Pérez (IND-exDC), y el miembro de esa instancia, Renzo Trisotti (UDI), hicieron ver que ello dificultaría la tramitación de leyes sobre migración.
"El Gobierno ha tenido muchas contradicciones en esta materia; por un lado, ha estado el subsecretario del Interior, hemos recogido indicaciones; después viene personal del Ministerio del Interior con una visión totalmente distinta en la materia y nos ha costado mucho ponernos de acuerdo", dijo Pérez.
En tanto, Trisotti sostuvo que "
el Ejecutivo debe ponerse de acuerdo consigo mismo; hoy es evidente una falta de conducción en el debate que genera contradicciones y cuestionamientos cruzados entre representantes del propio Gobierno. Para poder avanzar se requiere más seriedad".
En tanto, el jueves pasado, en medio de la conmoción provocada por el asesinato del cabo de Carabineros, Daniel Palma, a manos presuntamente de una banda de venezolanos, el diputado de la DC, Eric Aedo, planteó que "la permanencia del director de Migraciones, Luis Thayer, en su puesto se hace francamente insostenible".
"Le pido al Gobierno la renuncia del director de Migraciones, porque no es posible que diga que la permanencia ilegal de inmigrantes no es un atentado contra la seguridad interior del país", dijo el parlamentario, en una postura que fue respaldada por otros diputados de la oposición.
Además, el legislador recordó que la visión de Thayer no coincide con la propuesta realizada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, que "instruye a los fiscales a que todo indocumentado, toda persona extranjera ingresada al país de manera ilegal y que sea parte de un delito tenga prisión preventiva".
"No se sostiene la permanencia de Thayer, quien está más preocupado de dar garantías a la inmigración ilegal indocumentada y que es partícipe de crímenes en el país y no se preocupa de la seguridad interior, la de los chilenos y carabineros. Exijo su renuncia porque no es apto para el cargo", concluyó.
