Residencial, familias de acogida y ambulatoria son las tres modalidades de intervención para niños vulnerados en sus derechos que los juzgados de familia tramitan, sentencian y fiscalizan. Y trimestralmente la Corte Suprema un informe para saber cuántas se han dictado y sus niveles de cumplimiento o retraso, esto último reflejado en catastros sobre listas de espera. Durante los primeros meses del año, el máximo tribunal indica que, al 31 de marzo pasado, existen 57.462 medidas de protección con derivación ambulatoria pendientes. Se trata de un alza significativa en comparación con el mismo período de 2022, cuando se registraron 43.806. Son casi 14 mil más. Las jurisdicciones con los mayores índices de incumplimiento son Santiago (14.752), San Miguel (11.314), Valparaíso (4.828), Iquique (3.204), Antofagasta (3.159) y La Serena (3.054), que sumadas completan el 70% del total nacional de espera.