La cuestionada norma fue aprobada en la comisión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del Consejo Constitucional.
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Como una medida "altamente regresiva", tildaron ex ministros de Economía y expertos en el área la norma recientemente aprobada en la
comisión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del Consejo Constitucional, de que el inmueble destinado a la vivienda principal estará exento de contribución e impuesto territorial.
En una carta enviada a El Mercurio, los firmantes señalan que la enmienda "
define una materia que es de política pública y constituye una medida tributaria altamente regresiva. Además, con esta norma, se elimina un impuesto eficiente en su recaudación, concentrado en las personas de más altos ingresos, y se pone en riesgo la solvencia de las finanzas municipales, que tienen en el impuesto territorial, una de sus fuentes de ingreso principales".
Agregan que "ninguna Constitución seria debe grabar en piedra políticas públicas que son propias del ámbito de la ley y del debate democrático", y junto a ello, invitan a que "esta decisión sea revertida en la votación del pleno del Consejo Constitucional y a que la discusión que sigue se centre solo en materias propias del ámbito constitucional".
La carta, está firmada por Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público; los ex ministros de Hacienda, Ignacio Briones y Felipe Larraín; los ex presidentes del Banco Central, Vittorio Corbo y José de Gregorio; el economista Eduardo Engel; el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Hermann González; y la economista Andrea Repetto.
"Populismo puro y duro", dijo esta mañana el ex ministro Briones al ser consultado en Mega por este tema. "En Chile, ocho de cada 10 chilenos están exentos de pagar contribución; y el pago de contribuciones se concentra en los sectores de más altos ingresos. Este es un impuesto progresivo que va los municipios, un fondo solidario que va a las comunas más pobres, y las políticas públicas, las definiciones tributarias, no tienen nada que hacer en la Constitución", subrayó.
Los reparos se suman a lo que ya habían expresado ayer desde la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), quienes a través de una declaración pública, advirtieron que si el artículo avanzaba y era aprobado por el pleno del órgano redactor, se generaría un grave perjuicio económico en los municipios.
Esto, según subrayaron los alcaldes y alcaldesas, porque "el impuesto territorial no sólo es un aporte al desarrollo de las comunas y al bienestar de sus habitantes, sino que es una piedra angular del financiamiento del sistema municipal".
De acuerdo a la asociación, estos ingresos representan el 60% de todo el Fondo Común Municipal y el 45% de todos los ingresos que reciben los municipios de Chile actualmente, lo que "tiene un potente efecto de redistribución y solidaridad".
"Es por todo lo anterior que solicitamos al pleno el rechazo de esta norma, pues su aplicación implicaría un grave retroceso y causaría un daño irrecuperable para las finanzas municipales, la solidaridad interterritorial y la descentralización, materias en las que llevamos años de trabajo y avances, y además en la práctica afectaría directamente la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", enfatizó la AChM.
