Tras el informe entregado por la Contraloría donde se da cuenta de diez casos de beneficiados con pensiones de gracia en el contexto del 18-O que no presentaron antecedentes médicos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve sostuvo que la resolución "no establece diagnósticos médicos, habla de afectación".
Si bien la glosa 12 de la ley de Presupuesto del año 2022 solo habla de "afectación", la autoridad no se refirió a la resolución exenta sobre el procedimiento para otorgar dicho beneficio, la cual fue firmada el 4 de enero del mismo año durante el gobierno de Sebastián Piñera, por el entonces subsecretario del Interior Juan Francisco Galli.
El documento establece que para postular a la pensión de gracia se debe entregar una ficha de solicitud, consentimiento informado, antecedentes legales, certificado de acreditación de afectado "en el contexto de manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, firmados por la autoridad que representa a la institución que lo postula" y finalmente los antecedentes médicos del solicitante.
En detalle, se exigen los "datos de atención de urgencia, informes del Servicio Médico Legal, u otros que permitan acreditar la calidad de afectado".
Tras los dichos de Monsalve, el ex subsecretario Galli emplazó al Gobierno, asegurando que "las actuales autoridades deben hacerse responsables de sus acciones, tanto ahora en el Ejecutivo como cuando fueron parlamentarios".
"El procedimiento establecido para el otorgamiento de pensiones de gracia establecía que
necesariamente debían entregarse todos los antecedentes médicos para su otorgamiento", agregó.
Por último, Galli indicó que "fueron el Partido Comunista y el Frente Amplio quienes ingresaron esta indicación, quienes solicitaron estas pensiones de gracia y quienes siguen defendiendo su otorgamiento".
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