El
alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), podría enfrentar próximamente una audiencia de formalización, luego de la solicitud que hizo la Fiscalía Centro Norte por diversos ilícitos que habría cometido en el contexto de las farmacias populares.
Es así como se le imputarán los delitos referidos a
administración desleal por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares;
cohecho, por convenio con la empresa Quality;
fraude al fisco, por administración municipal;
delito concursal por ocultar bienes de Achifarp y que se usaron en otra empresa.
Por ahora, resta que el 3er Juzgado de Garantía acoja la petición del ente persecutor, y de ser así, que se fije una fecha para la audiencia. A ello, se suma que el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, ya anunció que el organismo está evaluando presentar una querella en contra del dirigente comunista.
Por su parte, Jadue publicó ayer un video en sus redes sociales donde defendió su gestión y acusó que la formalización "se ejecuta en medio de un año electoral". Asimismo, afirmó que "es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia".
Desde el PC, han respaldado al miembro de sus filas, llamando a la "prudencia" frente a la petición de formalización: "tenemos la convicción que no hay dolo", dijo la secretaria general de partido, Bárbara Figueroa. En tanto, desde RD, la diputada Maite Orsini dijo esperar que el PC de una señal y suspenda la militancia del alcalde.
Desde el Gobierno, en tanto, buscaron tomar distancia al ser consultados por la posibilidad de que el llamado "criterio Tohá" sea aplicable por el PC para Jadue, la ministra Vallejo, de la misma tienda, afirmó que se trata de un criterio que utiliza el Ejecutivo, pero "nosotros no determinamos, ni instruimos, ni decidimos cómo tienen que actuar los partidos frente a esto".
La querella por estafa que inició la trama
La detección de una serie de irregularidades en la gestión y operaciones de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), más conocida como "farmacias populares" llevó a que su principal líder, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) enfrentara distintas sanciones en torno a los problemas que se comenzaron a evidenciar.
En 2016 comenzó la puesta en marcha de Achifarp y en 2018 una auditoría de Contraloría había detectado problemas con los montos utilizados para crear la asociación.
Había cifras que no cuadraban y ya se daba luces de que el sistema contable no era prolijo.
En julio de 2022, el 4° Juzgado Civil de Santiago dispuso la liquidación forzosa de la asociación, luego de que en marzo de ese año se lograra paralizar un embargo decretado por el 17° Juzgado Civil de Santiago.
Ambas causas fueron iniciadas por la empresa proveedora de Achifarp, Best Quality, que demandaba más de $1.200 millones como deuda y, además, solicitaba la liquidación forzosa -o quiebra- de la asociación. La deuda cuyo pago exigía la empresa proveedora correspondería a montos no enterados por la venta de mascarillas, guantes y termómetros en el contexto de la pandemia.
Por ese caso, la Fiscalía anunció que abriría una investigación por la supuesta estafa, a la que se sumó posteriormente una arista por cohecho que involucraba directamente a Jadue.
En septiembre de 2022, y en el marco de dicha liquidación forzosa y la incautación de bienes, quedó además al descubierto que la red comunitaria adeudaba desde abril finiquitos a trabajadores que habían sido despedidos el día 25 de ese mes.
La auditoría de Contraloría
En 2022 la Contraloría General de la República inició una auditoría cuyos resultados arrojaron en abril de ese año una serie de irregularidades, entre ellas convenios celebrados por la Achifarp con los municipios de Recoleta, Paillaco y con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), por un valor total de $613.611.753, los que "no se ajustaron a derecho", según detalla el informe 909/2021 del ente contralor.
El informe también señala que Achifarp
no puso a disposición de dicho organismo de control una serie de antecedentes como "conciliaciones bancarias, sus antecedentes de respaldo, los mayores contables, el auxiliar del libro de banco para la cuenta corriente que administra, ni el libro de compra y venta de los años 2019, 2020 y 2021, el procedimiento de contabilización del pago de cuotas sociales, ni sus inventarios valorizados".
Asimismo, no suministró los estados financieros de los años 2019 y 2020, como los 'Informes de rendición de cuenta anual' previstos en sus estatutos, "por lo cual no fue posible verificar la situación financiera y patrimonial de la entidad". Luego de ese primer informe, la Contraloría envió al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado los documentos con el detalle de las irregularidades detectadas.
En tanto, el seguimiento de la auditoría (el 2 de junio de 2023) mantuvo las observaciones del primer informe. Es decir, no se subsanaron las irregularidades advertidas en el informe anterior. Y debido a aquello, una vez cerrada la fase de investigación, el 6 de julio del año pasado, se notificó en el propio municipio de Recoleta al alcalde Daniel Jadue del levantamiento de cargos en su contra.
También se notificaron otras 10 personas; entre ellas, a la administradora municipal de Recoleta, el director de Control y una ex directora de Asesoría Jurídica. También fueron notificados dos funcionarios de la Municipalidad de Paillaco, cuatro en Macul y una en en el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis).
Arista por cohecho: la conversación por WhatsApp
La arista por cohecho que abrió inicialmente de oficio, la fiscalía, fue sumando otros eventuales delitos, como lavado de activos, que son los que han hecho más intrincada la trama.
En agosto de 2021, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte incorporó al expediente un chat vía WhatsApp entre César Ramírez, vendedor y comisionista de Best Quality SpA y Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de Achifarp a la investigación, ya que la conversación mencionaría una eventual donación por $20 millones de Best Quality, al alcalde de Recoleta.
Previo a los diálogos de WhatsApp, Ramírez explicó que los contactaron porque necesitaban comprar mascarillas para las farmacias populares, para a su vez, vender a la Municipalidad de Recoleta. Asimismo, declaró que el jefe comunal planteó la "posibilidad de que, atendida su calidad de alcalde, y teniendo a la vista los negocios que se habían concretado con Achifarp, Best Quality le efectuara en su favor una donación de diversos insumos médicos para la Municipalidad de Recoleta".
En noviembre del año pasado, y luego de una serie de declaraciones recabadas desde que se inició la indagatoria, la fiscal Giovanna Herrera citó a declarar a Jadue -como imputado- en el Centro de Justicia de Santiago, instancia que se extendió por tres horas. En la instancia, el alcalde negó haber recibido una donación de Best Quality.
Eventual fraude al fisco en convenio por medicamento
Otra de las aristas que ya se abrían en el caso apuntaban a un eventual fraude al fisco, a partir de los hechos informados por a la fiscalía y el CDE por parte de Contraloría en abril de 2022.
En concreto, se apuntó al convenio que suscribió Recoleta -y Macul, con un aporte de $10 millones- para adquirir el fármaco Interferon, cuya fabricación se encargó a la Universidad de Concepción. Se trató de un medicamento que buscaba ser utilizado en el combate contra el covid-19, aunque el Minsal y el Instituto de Salud Pública no aprobaron su uso.
Según consignó el Mercurio, la auditoría de Contraloría arrojó que Achifarp transfirió al plantel $25 millones, entre el 25 de julio de 2020 y el 4 de mayo de 2021, pero quedó una deuda de $215 millones.
Dicha declaración habría sido clave para que la fiscal Herrera determinara dar el paso de solicitar la formalización de Jadue. El alcalde, en todas las instancias, incluyendo el día en que declaró, ha insistido en su inocencia, en la buena gestión de los recursos del municipio y ha culpado en varias oportunidades a los medios de comunicación por una presunta campaña en su contra.
En el video de hoy, también apuntó a aquello. "hoy se ha conocido por la prensa que la fiscalía ha decidido pedir mi formalización, y quiero decirles a cada uno de ustedes que, tras dos años y medio de investigación, acompañado de una serie de filtraciones y especulaciones orquestada por los medios hegemónicos, por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar", comenzó diciendo.
Además, afirmó que ninguna de las acusaciones formuladas por la fiscalía "tienen asidero en la realidad" y defendió que "en la pandemia hicimos todo lo necesario para salvar vidas, porque las y los vecinos de Recoleta se estaban muriendo en sus casas. Cada acción realizada, por ejemplo, con el Interferón o el Avifavir, se hizo de buena fe, y poniendo, ante todo, la vida de las personas".
