Secuestro de Ronald Ojeda.
El Mercurio
El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, explicó que una de las consecuencias de terminar las relaciones diplomáticas con Venezuela, provocaría la imposibilidad de ejecutar expulsiones de ciudadanos de ese país.
El cuestionamiento de la relación entre ambos países surge luego de que el titular del Ministerio Público venezolano, Tarek William Saab, quien acusó que el secuestro con homicidio del ex teniente Ronald Ojeda involucraría a agentes de inteligencia chilenos.
Durante una sesión de la comisión de Seguridad de la cámara de Diputados, el secretario de Estado (s) sostuvo que la consecuencia de terminar con la relación diplomática con Venezuela es
"no tendríamos ninguna posibilidad de expulsar ni por razones administrativas, ni por razones judiciales".
En ese sentido, agregó que "en ese caso, aquellas personas venezolanas, que estuvieron en la cárcel por haber cometido crímenes, tendríamos que dejarlas libre una vez que cumplan su condena".
"Nosotros no queremos que eso ocurra", completó su punto.
Críticas por acuerdo
Sobre el acuerdo suscrito por él mismo en representación de Chile con Venezuela, el ministro (s) se refirió a las críticas que han surgido.
Durante la sesión, Monsalve dijo que el acuerdo se trata de un convenio policial entre ambas naciones y que, a través del mencionado pacto, no se ha solicitado información sobre la investigación del caso Ojeda. "Walter Rodríguez Pérez, una de las personas que la Fiscalía identificó como parte del grupo de personas que secuestró y asesinó al ex teniente Ojeda", planteó.
En ese sentido, afirmó que "ingresó a Chile en marzo del año 2019 y en septiembre del mismo año se le entregó una visa por un año. En ese tiempo, se entregaba visa sin tener los antecedentes penales de las personas, de los ciudadanos venezolanos".
El ministro (s) preguntó: "¿Es razonable aquello? ¿Es razonable que el país entregue una visa sin hacer el esfuerzo de poder acceder a los antecedentes penales de las personas a las que se le están entregando?", luego dijo: "A mí me parece que no es razonable".
Por esa senda, ahondó señalando que "el convenio tenía un solo fin: habíamos empadronado a 182 mil personas. Sabíamos que eventualmente había miles de venezolanos que habían ingresado en situación absolutamente irregular a Chile, de los cuales no tenemos ningún conocimiento en términos de su identidad ni sus antecedentes".
"Ya teníamos 182 mil huellas, rostros y nombres. Y además teníamos un problema en el Centro de Justicia, porque se tomaba detenidas personas que daban un nombre, eran liberadas para que tres días después fueran detenidas y dieran otro nombre", agregó.
Por ello, según Monsalve, "era indispensable hacer los mayores esfuerzos para acceder a los antecedentes policiales y penales de esas personas. Ese fue el objetivo del convenio".
También indicó que a través del convenio, "la PDI ha obtenido información policial de blancos de interés en Chile y esa información permite darle más seguridad a los chilenos".
