Fue el 16 de junio, pero de 2023, cuando apareció en el medio de comunicación regional Timeline, un reportaje que daba cuenta del que ahora se conoce como Caso Convenios. Dicho artículo se titulaba: "En dos meses: Fundación de pareja de la diputada Pérez (RD) se adjudicó $426 millones en convenios con Seremi de Vivienda de Antofagasta".
A un año del destape del asunto que se ha planteado como uno de los temas más complejos para el Frente Amplio, pues está asociada a delitos de corrupción, diversos parlamentarios entregaron sus apreciaciones de lo que ha significado este hecho y lo que esperan ocurra en el próximo tiempo.
El diputado José Miguel Castro (RN), por ejemplo, emplazó al Gobierno a cumplir su palabra del "caiga quien caiga" ante la "evidente corrupción".
"Este fin de semana se cumple un año desde que se destapó el caso; a nivel político no se ha cumplido el caiga quien caiga ni hay responsabilidades claras de cara a la ciudadanía, sigue en funciones el ministro cuestionado, sigue (Miguel) Crispi liderando a los asesores en el Segundo Piso, por lo que el Gobierno miente y el Presidente también cuando dice que van a llegar a las últimas consecuencias", afirmó.
Para el legislador "no han rodado cabezas", lo que a su juicio es "gravísimo", pues "es corrupción". También agregó que "este Gobierno va a ser recordado como el más corrupto, pero no solo eso, sino como el que ha querido meter bajo la alfombra toda esta corrupción".
"Es fundamental que el Gobierno tome medidas inmediatas y ejemplares para enfrentar esta situación. La recuperación de los fondos malversados debe ser una prioridad, y los responsables deben rendir cuentas ante la justicia, solo así se podrá restablecer la confianza en las instituciones y garantizar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de todos los chilenos", añadió.
El jefe de bancada de Evópoli, diputado Jorge Guzmán, sostuvo por su parte que "esperamos lo mismo que todos los chilenos: que se determinen las responsabilidades y se devuelva cada peso. Tenemos investigaciones en casi todas las regiones del país que involucran a altas autoridades de este Gobierno, a parlamentarios y a gobiernos regionales enredados en el fraude más grande de la historia, pero aún no se encuentra a todos los responsables. Chile merece saber la verdad, caiga quien caiga".
La diputada Natalia Romero (IND-UDI), indicó en tanto, que este será un "caso del que no se terminará nunca de saber la verdad de principio a fin, debido a que día a día se conocen nuevas aristas. El Gobierno, claramente, ha blindado a los personeros involucrados y no ha querido mostrar colaboración en nada. Terminará de gobernar Boric y seguiremos con la trama Convenios".
Ahora bien, dijo que "lo que más molesta es que el Frente Amplio llegó a la política con el lema de limpiar y mostrar que ellos no eran corruptos, pero acá mostraron lo peor en la política. Le mintieron a la opinión pública en todo. Ojalá que no exista un nuevo caso que remeza la política en temas de probidad y corrupción. Asimismo, espero que los reales involucrados también estén detrás de las rejas y que ojalá puedan devolver el dinero".
Karen Medina, diputada del PDG, advirtió que "es una pena que hoy día vemos cómo las fundaciones han empezado a darse la quiebra y vemos cómo los recursos no se han devuelto al Estado, porque tampoco ahí hay una ley clara que en el fondo les impida seguir robando. Saben que van a hacer una cosa y otra, y finalmente todos terminan libres y en cargos públicos, y sino, trabajando para los públicos. Y es ahí donde hay que hacer el corte, pero tampoco ha estado la decisión política, ni desde el Ejecutivo, ni del apoyo del Legislativo, de presentar proyectos tan duros para que la gente piense mil veces antes de ensuciarse las manos con las platas que son de todos los chilenos".
"Es lamentable. Yo creo que están apostando al olvido y vemos que muchos de aquellos involucrados en estas irregularidades, directa o indirectamente, hoy día son futuros candidatos para seguir en cargos públicos y seguir haciendo o administrando la plata de todos los chilenos", resaltó.
Desde la vereda oficialista, el jefe de bancada IND-PPD, diputado Jaime Araya, expresó que "aún es difícil medir el impacto del Caso Convenios, el que pareciera estar todavía en pleno desarrollo. Hay múltiples aristas y ha demandado un intenso trabajo por parte del Ministerio Público y la Contraloría, lo que debiera traer certeza de lo que efectivamente ocurrió con algunas fundaciones, y sus relaciones con el Estado".
"Lo importante sigue siendo la capacidad institucional de nuestro país para enfrentar casos complejos y de alto impacto en la opinión pública, cuestión que nuevamente ha sido demostrada durante la investigación del llamado Caso Convenios", destacó.
Por último, quien también se refirió a esta situación fue el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, en diálogo con Mesa Central de T13. "Yo creo que el Caso Convenios fue un cachetazo de realidad, un baño de humildad y un aterrizaje forzoso, pero del cual hemos obtenido muchos aprendizajes como proyecto político".
"Más allá de lo que ocurrió, que es que totalmente condenable y yo fui muy severo y muy duro en decir ese tipo de prácticas no pueden tener espacio en un proyecto como el de Revolución Democrática (...) también es importante ver cuál fue la reacción del partido. Los hechos de corrupción van a ocurrir en cualquier organización humana, y eso probablemente es muy difícil de evitar, pero uno sí puede decidir cómo actúa frente a eso, y en Revolución Democrática nunca quisimos minimizarlo, taparlo o excusarnos", por el contrario, "fuimos muy severos y muy drásticos del día uno en decir 'esto no va a tener espacio nuestro partido político, a estas personas se les aparta, se les investiga y se les sanciona'", concluyó.
