La filtración de chats con gestiones de terceros para lograr nombramientos en distintos cargos judiciales, desató una crisis en la Corte Suprema que intentaron apaciguar con una sesión de pleno extraordinario el pasado miércoles, donde anunciaron mesas de trabajo y una actualización al código de ética.
Asismimo, se acordó encomendar al presidente, para junto con los presidentes de Sala u otros ministros, "se invite al ministro de Justicia y a parlamentarios de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de ambas cámaras, a una mesa de trabajo con la finalidad de retomar la discusión respecto a diversas propuestas de modificación constitucional y legal en materia de nombramientos, carrera funcionaria, calificaciones y otras".
Sin perjuicio de lo anterior, Melo expresó que "el Poder Judicial y los miembros que lo componen reconocen la completa autonomía de los órganos constitucionales que ejercen funciones de investigación, estando disponibles para prestar la colaboración que se requiera y, eventualmente, asumir las responsabilidades que individualmente correspondan".
Quién es quién en la crisis
Según detalla El Mercurio, entre los nombres que recientemente fueron salpicados por la revelación de los WhatsApp que hizo Ciper, figuran cinco ministros, entre ellos, la ministra de la Sala Penal de la Suprema, María Teresa Letelier, cuya nominación para el máximo tribunal es mencionada en las conversaciones del ex ministro Juan Antonio Poblete, quien buscó respaldo para ella con exautoridades. Letelier llegó en 2021 a la Suprema e integra la Segunda Sala (penal).
La trama también involucró a la ministra Ángela Vivanco, exvocera de la Suprema, luego que se conociera el chat de su pareja, Gonzalo Migueles, al fiscal Palma. Llegó en 2018 al máximo tribunal, sin ser de carrera judicial, y hoy integra la Tercera Sala.
El ministro Mario Carroza -coordinador de la Suprema en causas de DD.HH.- apareció en el caso WhatsApp por una conversación que sostuvo con Poblete, en la que le pide su voto para un candidato a una notaría que, a su voz, le había solicitado "Ulloa". Según el informe de la PDI, Ulloa es el ministro de la Corte de Santiago, Juan Antonio Ulloa.
Por su parte, el actual presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, fue quien llevó el tema de los chats al pleno, luego que el fiscal nacional, Ángel Valencia, le comunicara se que abriría una causa. Blanco planteó en los plenos extraordinarios la necesidad de reformar el sistema de nombramientos, y esta semana acordó la anunciada mesa de trabajo con el Ejecutivo y el Congreso.
El ministro Sergio Muñoz, en tanto, ha sido partidario de que se dispusiera de "inmediato" el funcionamiento de la comisión de ética tras la crisis. De acuerdo al citado medio, en plenos anteriores ya había planteado este tema, idea a la que adhieren las ministras Andrea Muñoz y Gloria Ana Chevesich.
El debate por los nombramientos
Pese a la declaración de la Corte Suprema, hay varias otras propuestas que han surgido para modificar el cuestionado nombramiento a jueces. De hecho, el debate no es inédito y antes ya se habían conocido intentos por hacer cambios, con iniciativas que permanecen en el Congreso.
Luego que estallara la crisis por los chats, los ministros del máximo tribunal -previo al pleno extraordinario-
tenían en sus manos al menos siete documentos relacionados con propuestas de reforma al sistema de nombramientos. Ellas iban desde actas sobre gobierno judicial del mismo Pleno (2014), pasando por informes de proyectos de ley (2021) y acuerdos de jornadas de reflexión de la propia Corte Suprema (2022).
La semana pasada, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo a Radio Universo que "en mi opinión, al Poder Judicial hay que sacarlo de determinados tipos de nombramientos", y precisó que el problema que se da en este tipo de situaciones no es simplemente en el nombramiento, sino que "en cómo se generan incentivos inadecuados para la designación en otros poderes del Estado".
En esa línea, recordó que en el caso de notarios y conservadores, "el Ejecutivo tiene una opinión muy clara, la ha llevado a cabo en la tramitación del proyecto de notarios, y ha defendido por qué notarios y conservadores tienen que pasar al sistema de Alta Dirección Pública; así ha logrado ser votado en la Comisión de Constitución del Senado".
Otras voces han expresado algunas dimensiones problemáticas en torno a la propuesta que hizo el miércoles la Corte Suprema. De acuerdo a lo señalado por el rector de la UDP, Carlos Peña, en Reportajes de El Mercurio ayer domingo, el derecho no admite el fondo de esa convocatoria a una mesa de trabajo donde se convoca al Ejecutivo y al Legislativo.
Esto, porque "la facultad de la Corte para dar su opinión en cuestiones legislativas está estrictamente reglada. La Corte carece de iniciativa de ley, y esta mesa de trabajo a la que convoca parece una forma oblicua de tener una, algo que bajo las reglas hoy vigentes no tiene".
Comisión Nacional de nombramientos judiciales
En marzo, se conoció la eventual intervención del abogado Luis Hermosilla en el nombramiento del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus y del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.
En esa oportunidad, la Corte Suprema emitió una escueta declaración donde plantearon estar conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente
"podría permitir algunos espacios de opacidad". Asimismo, dijeron que en aras de velas por la objetividad y transparencia de los concursos para cargos y jueces, adoptaron medidas como "
la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones".
También señalaron que la Corte "se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la juridicatura, como lo hizo presente al informar el proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de nombramientos judiciales (…) y ha instado por cambios en el sistema en los procesos constituyentes recientes".
En efecto, el anterior gobierno presentó en abril de 2021 una Reforma Constitucional y un proyecto de ley que creaba la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales. La iniciativa no logró avanzar desde la Cámara.
Las ideas base de la propuesta eran: fortalecimiento de la independencia judicial; crear un organismo autónomo que tenga como función principal dirigir los procesos de selección y designar jueces cuyos miembros sean nombrados por los tres poderes del Estado; valoración del mérito para acceder a los cargos del Poder Judicial; regulación del proceso de selección; e incorporación de elementos de publicidad y transparencia.
Propuestas en los procesos constitucionales
En tanto, durante los dos fallidos procesos constitucionales también hubo propuestas al respecto. Entre esas propuestas, estuvo el anteproyecto de la Comisión Experta, que según se consideró, lograba aunar las miradas de izquierda y derecha.
Esa propuesta planteaba
cuatro órganos para dividir las funciones jurisdiccionales de las administrativas del Poder Judicial, instancias que contaban con un consejo coordinador. Uno de esos órganos tendría la función de nominar a los ministros de las cortes.
En el caso de la Suprema, se planteaba que el Presidente eligiera a los candidatos de una quina propuesta por ese nuevo órgano, con acuerdo de tras quintos de los senadores en ejercicio.
No obstante, desde la Corte Suprema, abogaban por sólo un órgano. Entre los argumentos, apuntaban a que tener cuatro órganos podría aumentar la burocracia y tener más órganos con más funcionarios, además de advertir eventuales descoordinaciones.
Iniciativas desde la academia
Otras propuestas han surgido desde el mundo académico. Entre el 18 de abril y el 30 de mayo de este año, un grupo de 18 académicos de las Universidades Adolfo Ibáñez, Diego Portales, Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad del Desarrollo, entre otros, propusieron un mecanismo de dos etapas.
Ante una Comisión de Nombramientos, que elaboraría una terna jerarquizada de candidatos, y luego, ante el Presidente de la República, quien tendría un plazo de cinco días corridos para tomar su decisión. De no hacerlo, deberá nombrar a quien encabeza el listado.
Esta nueva instancia debiera estar compuesta, dice el documento, por no menos de seis ni más de nueve personas y algunos de ellos —se indica— debieran ser jueces o exministros de las cortes Suprema o de Apelaciones, además de abogados que se hayan destacado por un número de años en el ejercicio de la profesión o la enseñanza del derecho, algunos designados por el mandatario y otros por la comisión de Constitución del Senado, quienes gozarían de inamovilidad por un período fijo. Salvo esta intervención, los tribunales y el Congreso no tendrían otra intervención en el sistema
