La Fiscalía Regional de Arica valoró este martes la resolución entregada por la Corte Suprema, quien dictaminó que la causa que investiga la muerte del conscripto Franco Vargas en Putre sea procesada por la justicia ordinaria y no la militar.
El persecutor jefe en la zona Mario Carrera Guerrero manifestó que el Ministerio Público actuó "siempre con la convicción de que la competencia tenía que erradicarse en la justicia ordinaria y tenía que estar a cargo del Ministerio Público. Cuando comenzó a discutirse esto, tuvimos distintos actores que señalaban que la justicia militar era la competente, pero nosotros mantuvimos nuestra posición y lo que hace la Suprema, con voto unánime, es darnos la razón".
Según dictaminaron los ministros Andrea Muñoz, Manuel Antonio Valderrama y Leopoldo Llanos, además de los abogados integrantes Leonor Etcheberry y Juan Carlos Ferrada, "no es admisible sostener que los hechos sean de competencia de la justicia militar, por cuanto por cuanto la naturaleza jurídica de aquellos excluye que sean conocidos por dicha jurisdicción, correspondiendo su conocimiento y juzgamiento al juez natural, que lo es el de la justicia ordinaria".
El fiscal Carrera aseguró que conocida la muerte de Franco Vargas, el Ministerio Público comenzó a decretar diligencias y a reunirse con distintas víctimas, entre ellas la madre del conscripto. "En aquellas oportunidades, de hecho, habíamos dispuesto la exhumación del cuerpo de Franco, cuestión que quedó paralizada por orden o por solicitud de la Fiscalía Militar en su momento", indicó.
En esa línea, el persecutor señaló que se retomarán todas las diligencias que fueron interrumpidas por la justicia militar. "Vamos a solicitar hoy mismo la exhumación del cuerpo y poder realizar esas pericias que para nosotros son relevantes".
Carrera también lamentó el tiempo que estuvo paralizada la causa -cerca de un mes- debido a la resolución de la Corte Suprema. "Esos son tiempos, la verdad, bastante vitales en investigaciones como esta y esperamos retomar prontamente la realización de diligencias", dijo.
Entre las primeras acciones que tomará el ente persecutor está una nueva reconstitución de escena, donde "daremos cabida o solicitaremos la participación de las distintas víctimas que se encuentren en condiciones para participar en ella", concluyó.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se hizo parte de la causa como querellante, declaró: "Valoramos positivamente el que los cinco jueces de la Segunda Sala de la Corte Suprema hayan tomado la decisión de que el caso de los conscriptos y la marcha de Putre que costó la vida de Franco Vargas queden en la justicia ordinaria", dijo Consuelo Contreras, presidenta de la entidad.
"Podemos decir que hoy es un triunfo de los derechos humanos. Hoy el pueblo de Chile se encuentra más protegido en sus derechos que el día de ayer. Hoy las víctimas de la violación a derechos humanos, los conscriptos que participaron en la marcha, la madre de Franco Vargas podrán tener acceder a una justicia imparcial donde jueces, fiscales y defensores deberán buscar la verdad y la justicia", concluyó Contreras.
