El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha tenido que asumir la defensa de la decisión de emplazar en la comuna de Santiago la nueva cárcel de máxima seguridad anunciada por el Presidente Gabriel Boric.
Entre los argumentos puestos sobre la mesa, el secretario de Estado ha hecho hincapié en un proyecto de ley, de autoría del ministerio, que fue aprobada el año pasado sin rechazos ni abstenciones por ambas cámaras del Congreso Nacional.
En este, se establece reglas especiales tratándose de la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios y modifica otros cuerpos legales.
En detalle, la iniciativa fue visada con 128 votos a favor y 0 en contra en el primer trámite legislativo en la Cámara; con 39 afirmativas y 0 rechazos en segundo trámite en el Senado y con 143 luces verdes y 0 negativas en su último trámite en el hemiciclo de los diputados.
Este martes en el Parlamento, Cordero relevó que "la decisión del Congreso del año pasado es maximizar las instalaciones penitenciaria donde ya se encuentran los centros penales, porque los impactos ya se encuentran internalizados".
Por lo demás, atribuyó un rol al Legislativo en el aumento de la población penal.
"Se está discutiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados el aumento de penas y restricción de beneficios, eso aumenta la población penal por definición. Las modificaciones del Congreso han tenido esos efectos, esa es una política criminal del Congreso respecto del cual a mi no me corresponde opinar", sostuvo.
Ofensiva de Hassler
Este miércoles, parlamentarios de oposición y del oficialismo -la mayoría del distrito 10 y 13- acompañaron a Hassler y al alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, en el Congreso para solicitar a la mesa de la Cámara que oficie al ministerio de Justicia.
Esto con tal de que se detallen los criterios de construcción, el impacto en la comunidad, número de habitantes afectados, plan de mitigación de las externalidades y los servicios públicos entorno a la cárcel. Asimismo, emplazaron al ministro a realizar una reevaluación de la cárcel en un centro urbano
Al respecto, la diputada Geael Yeomans (FA) indicó que "hay criterios que deben ser comprendidos, ya sea de planificación territorial, cantidad de población que hay alrededor y también los servicios clave, por ejemplo Metro o servicios públicos que hay alrededor, y en ese sentido, necesitamos que esta información también se ponga en diálogo".
A su vez, el diputado Christian Moreira (UDI) acusó que "aquí no ha habido democracia" y descartó que "las autoridades del Gobierno central hayan considerado a las autoridades comunales". "Partimos mal, hay muchas cosas a última hora que se están haciendo, en esto tiene que haber una planificación", sostuvo.
En tanto, el diputado Daniel Melo (PS) emplazó al titular de Justicia a que reevalúe y que entregue toda la información técnica".
Los legisladores que acompañaron a los ediles son: Eduardo Durán, Jaime Araya, Lorena Fries, Johannes Káiser, Daniel Melo, Cristián Moreira, Emilia Schneider, Juan Santana, Gael Yeomans, Gonzalo Winter, Lorena Pizarro y Alejandra Placencia.
Réplica de Cordero
Consultado por este requerimiento, el ministro explicó que "el Ejecutivo está haciendo ejercicio de una atribución de la ley 21.636 que aprobó el Congreso en noviembre del año pasado. Esa ley fue aprobada de modo unánime por la Cámara y el Senado".
"En ese proyecto de ley se expone detenidamente porqué en los últimos años, más bien en la última década y media, se ha dificultado la construcción y la ampliación de penales, entre otras por el congelamiento urbanístico y uno de los ejemplos es la situación de la calle Pedro Montt, que está explícitamente señalado en el mensaje del Ejecutivo y que además fue explícitamente puesta como ejemplo dentro de la tramitación legislativa", relevó.
Dicho eso, el secretario de Estado aseveró que "yo logro entender las diferencias que algunas personas puedan tener, pero primero, no es una propuesta improvisada, lleva mucho tiempo de trabajo. En segundo lugar, está ejecutando un mandato aprobado por este Congreso en el cual no existió un voto en contra y por lo tanto, en mi condición de ministro de Justicia, y en la obligación para proveer de un sistema penitenciario adecuado para el funcionamiento adecuado del sistema de persecución criminal, es la obligación que tengo".
