Luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictara ayer la medida cautelar de prisión preventiva contra Luis Hermosilla -además de Leonarda Villalobos- en el marco del caso Audios, su hermano y abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla, pidió "abrir" el teléfono de su representado para que "veamos qué fiscales le pedían favores a Luis".
En conversación con Radio Infinita, el defensor partió diciendo que "quiero hacer un breve discurso contra la hipocresía". "A propósito de la declaración del Colegio de Abogados; lo que señaló la ministra (del Interior, Carolina Tohá); lo que señaló el Presidente de la República (Gabriel Boric)".
En esa línea, llamó a "abrir" el teléfono celular de Luis Hermosilla, con el objetivo de qu
e "veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla. Veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla".
"¿Qué pasa si hay fiscales que están relacionados con la causa que le han pedido favores a él también", sostuvo.
"Lo importante no son las filtraciones. Cuando ya entramos en la parte judicial, lo importante es lo que pasa en las audiencias judiciales, porque en el resto no solo no hay ningún control, sino que yo tengo la impresión de que esto se ha ido transformando en una especie de cacería de brujas", afirmó.
Con todo, preguntó de forma retórica: "¿Alguien no sabía que en Chile se hacía lobby para el nombramiento de los jueces? Todos sabían".
Dichos de Boric
Tras la determinación del tribunal, el Presidente Boric señaló: "Acaban de enviar a la cárcel, a prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla".
Al respecto, el defensor adelantó que "vamos a ejercer nuestras acciones legales contra el Gobierno para evitar que se politice el caso", acusando que el "ministerio de Justicia se ha negado a darle un trato a Luis como una persona común y corriente".
Explicó que el imputado cumple la medida cautelar en el penal de Santiago 1, siendo que "la jueza lo autoriza" a trasladarlo al anexo Penitenciario Capitán Yáber.
Según Hermosilla, ante el tenor de declaración del Mandatario, la determinación del ministerio de Justicia "es una decisión política". "Nosotros tenemos derecho a que se nos trate igual que cualquier persona", completó su punto.
