La crisis sanitaria en recintos hospitalarios no solo se evidenció en el Hospital Van Buren de Valparaíso. Ahora se suma la
Clínica Bupa en Antofagasta, el
Servicio de Salud Concepción y
el Hospital Guillermo Grant Benavente, tres lugares en los que se iniciaron huelgas y paralizaciones.
Específicamente, la Clínica Bupa lleva 15 días en huelga, sin señales de llegar a un acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores del Centro Médico Antofagasta y el directorio del centro privado.
Al igual que en Van Buren, los trabajadores se manifestaron frente al frontis de la clínica, exigiendo mejoras laborales y salariales, las cuales no han podido llegar a puerto tras más de dos semanas de paralización.
Entre las demandas laborales que exigen los funcionarios, se busca reajustar el sueldo base, mejoras en las horas de turnos y otros beneficios, como acceso a atenciones de urgencia sin costo para los funcionarios.
Georgina Álvarez, secretaria del sindicato de 203 socios, le comentó a La Estrella de Valparaíso que la clínica "nos hizo una última oferta de un incremento de 12 mil pesos al sueldo base y uno que otro aporte a los bonos y beneficios de nuestro contracto colectivo", pero argumentando las millonarias utilidades del consorcio Bupa, la oferta fue considerada insuficiente y rechazada por los trabajadores.
"Considerando la zona en donde vivimos, considerando también la antigüedad de la clínica (porque dentro del conglomerado Bupa la exclínica Antofagasta es la más antigua con alrededor de 40 años), el argumento de la empresa es que nosotros ganamos mucho más que los trabajadores Bupa, pero hay una historia detrás", explicó.
Álvarez también denunció que tras el fin de las negociaciones no se han demostrado intenciones de acercamiento por parte de la clínica. Además, desde el sindicato revelaron presuntas prácticas antisindicales, como la incorporación de nuevos funcionarios en remplazo a los manifestantes.
El sindicato además, intentó negociar cambios en el contrato colectivo a cambio de la retribución total o parcial de los días descontados, lo que Bupa habría accedido pero con fecha de pago durante 24 meses, lo cual fue rechazado por las bases.
Mientras se mantiene la paralización, el medio señaló que se están realizando turnos éticos. Por su parte, Álvarez aseguró que desde el sindicato "hemos hecho todo lo que la ley nos permite y nos avala".
En marco de la situación, desde Clínica Bupa dijeron que "si bien la propuesta fue rechazada por el sindicato, esperamos en el corto plazo llegar a un acuerdo sostenible para que podamos seguir entregando atención de salud de calidad a nuestros pacientes, familias y la comunidad de la zona norte del país".
"Hemos cumplido todos los protocolos de cuidado para mantener la calidad de la atención clínica y garantizar el alto estándar en el tratamiento que necesitan nuestros pacientes. Asimismo, hemos respetado los requerimientos normativo ante este tipo de situaciones, utilizando las herramientas que permiten las leyes laborales para resguardar la operación y la salud de los
pacientes", añadieron.
Manifestaciones en Concepción
Al igual que en el norte, a inicios de la semana empezaron paralizaciones por parte de los trabajadores del Servicio de Salud Concepción y del Hospital Guillermo Grant Benavente (HGGB).
De acuerdo a lo informado por El Sur, la paralización se debió a causa de compromisos no cumplidos por parte de los directivos y la exigencia de mejores condiciones para tanto funcionarios como usuarios.
Específicamente, los trabajadores que se encuentran en paro indefinido revelaron que el año pasado hubo una negociación donde se conformó una mesa de trabajo, llegando a compromisos que todavía no se cumplen.
Claudia Moran, dirigente Fenpruss del HGGB, dijo que "hay un aumento exponencial de pacientes y usuarios de salud mental y los servicios ya no dan abasto para soportar estas atenciones, tenemos problemas de brecha de profesionales, hay problemas de infraestructura que son muy sentidas por los funcionarios".
Ricardo Alarcón, vocero de la movilización y delegado del Cosam Leonor Mascayano, informó que con la huelga las atenciones de los equipos médicos y psicosociales fueron detenidas, dejando solo la entrega de recetas para tratamiento de pacientes.
De acuerdo al medio, los trabajadores exigen en primer lugar la homologación de grados para todos los funcionarios que actualmente desempeñan funciones y la regularización de funcionarios con contrataciones irregulares; en segundo lugar mejorar las condiciones de infraestructura de los inmuebles y espacios utilizados para dar atención a los usuarios; y finalmente, cerrar la brecha del recurso humano.
En el petitorio se detalló que "somos trabajadores que día a día brindamos atenciones de especialidad de salud mental a las comunas de Concepción, Florida, Chiguayante, Hualqui, San Pedro y Santa Juana, población que ha aumentado exponencialmente la demanda y complejidad de la atención de salud mental en los últimos años, sin aumento de la oferta de recursos humanos ni mejoras en infraestructura ni de condiciones laborales adecuadas", mientras que Alarcón comentó que este miércoles se negociará con las jefaturas.
Violencia en Cesfam y problemas de presupuesto
Los problemas experimentados por estos recintos durante las últimas semanas se han replicado en otros lados. Según informó El Mercurio, a la fecha el 74% del presupuesto operaciones de la red asistencias ya se utilizó, cifra que llega al 82% en el caso de bienes y servicios.
De acuerdo al mismo medio, el Hospital Félix Bulnes de Cerro Navia debió paralizar la compra de servicios externos, mientras que en el Hospital Gustavo Fricke han crecido los gastos.
Todos estos problemas suceden en medio de los episodios de violencia ocurridos en Centros de Salud Familiar (Cesfam). Situaciones en los que funcionarios han sido amenazados por parte de grupos de crimen organizado, al punto de que el Colegio Médico exigió que parte del presupuesto en seguridad se dirija a Salud.
Sobre lo anterior, la presidenta del Colmed, Anamaría Arriagada, aseguró en Radio Universo que se han dado casos de violencia no solo en la Región Metropolitana, y exigió la aplicación de medidas.
"Esta violencia nos deja fuera de posibilidad de defendernos, y por eso estamos exigiendo a la autoridad medidas de protección mientras este problema se aborda con las medidas necesarias", expresó.
