El
exfiscal Manuel Guerra se ha visto fuertemente cuestionado en las últimas semanas, a raíz de las filtraciones de los chats del abogado Luis Hermosilla -quien permanece en prisión preventiva por el caso Audio-, donde se da cuenta de los vínculos que ambos mantenían en el intercambio de favores en torno al Caso Penta y la forma peyorativa en la que se referían a varios personeros políticos.
El pasado 28 de agosto, se conoció que la Fiscalía abrió una investigación penal en contra del exfiscal y exdocente de la USS, a raíz de los mensajes de WhatsApp revelados por Ciper.
La decisión se tomó luego de "conocer el supuesto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla sobre causas investigativas a cargo del Ministerio Público, tales como el denominado caso Penta, el caso Dominga y el caso Exalmar, así como también en la causa penal seguida contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa Valenzuela", detalló el Ministerio Público en un comunicado.
Pero con el avance de las semanas, la situación para Guerra se ha complejizado. El pasado 30 de agosto, renunció a la San Sebastián, donde impartía clases en la Facultad de Derecho, mientras que el 1 de octubre, sólo días antes de la revelación de nuevos chats -esta vez, por The Clinic-, renunció al departamento de Defensoría de la Gente de la Municipalidad de La Florida, donde estaba desde 2023.
Ya el fin de semana recién pasado, se conoció nueva mensajería que data de 2018 y 2020, donde Hermosilla y, sobre todo, Guerra, se refieren en términos peyorativos al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y en 2021, a la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, pero donde también se revelan tratativas para darle una salida a causas como Penta.
Esto llevó a que sus excompañeros, quienes litigaron junto a él en causas de financiamiento ilegal a la política, como Penta, SQM, Cascadas y Exalmar, decidieran querellarse en su contra por cohecho, violación de secreto y prevaricación administrativa.
Fiscal Metropolitano Oriente
En noviembre de 2015, el entonces recién asumido fiscal nacional, Sabas Chahuán, nombró a Manuel Guerra como como nuevo jefe de la zona metropolitana Oriente, tras ser incluido en la terna que fue votada por la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel. Hasta entonces, Guerra se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá, cargo en el que estaba desde 2010.
Previo a ello, se desempeñó como
Fiscal Jefe de Maipú y como Fiscal Jefe de San Antonio entre 2003 y 2004. También lo hizo como fiscal adjunto de Iquique desde que comenzó la Reforma Procesal Penal en esa región y como Director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional.
Antes de ingresar al Ministerio Público, entre 1998 y 2000, se desempeñó como asesor en materias legislativas y técnicas de la Subsecretaría de Justicia. Luego, en el año 2001, ejerció como abogado auxiliar del Consultorio del Centro Penitenciario Femenino de Santiago de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana.
Caso Penta
Manuel Guerra asumió el 30 de noviembre de 2015 el caso Penta, ad portas de la salida del entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán. De esta manera, quedaron fuera de la "primera línea" investigativa los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo, quienes hasta entonces estaban a cargo del caso. Esto, pese a que se dijo que ambos seguirían colaborando en la indagatoria.
A Guerra le correspondió aterrizar en el caso
en la fase acusatoria del caso por presunto financiamiento irregular de la política. Hasta entonces, sólo se había condenado al exsenador UDI, Jovino Novoa.
En 2018 Guerra eliminó los delitos de soborno para los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, y decidió recalificar el de cohecho contra el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, decisión que fue objetada en su momento por la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.
Lo anterior abrió fuertes cuestionamientos hacia Guerra, entre ellos, las del exfiscal Gajardo, quien dijo lamentar "ver como transformaron la Fiscalía en una liquidadora". De hecho, tanto Gajardo como Norambuena terminaron renunciando a la Fiscalía, acusando dificultades para indagar el caso.
Guerra salió a enfrentar las críticas y señaló que "no podemos pedir las que a nosotros nos gustarían (...) Las penas en delitos de corrupción en Chile por supuesto que son bajas, pero para eso se requeriría modificar la ley y mientras eso no ocurra tenemos que trabajar con la ley que tenemos".
El "cierre de ciclo"
El 1 de julio de 2021, a través de una carta dirigida al entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, Guerra
presentó su renuncia al Ministerio Público, tras casi 20 años de carrera en el organismo.
Por ese entonces, Guerra llevaba adelante la indagatoria por la serie de incendios que afectaron a las estaciones de Metro en el contexto del estallido social. En octubre de 2020, a un año del 18-O, Guerra ya había
advertido que "
es imposible que se aclaren todos los hechos relativos al Metro. Quien diga 'vamos a buscar a todos los responsables y los vamos a sancionar', miente. Así de frontal, no es posible establecer la autoría de todos".
En la carta, el exfiscal sostenía que su salida del Ministerio Público "se debe a que considero que he cumplido un ciclo de vida profesional y que ha llegado la hora de emprender nuevos desafíos profesionales en los cuales siempre procuraré ocupar muchas de las enseñanzas que me deja mi contribución como trabajador de la Fiscalía de Chile".
En otro párrafo, el abogado señaló que "aprovecho de pedir disculpas a quienes en alguna oportunidad pude haber afectado con mis decisiones. Jamás lo hice con el ánimo de perjudicar a nadie, sino sobre la base de mis principios y convicciones".
Arribo a la USS y a La Florida
Una vez que Guerra dejó el Ministerio Público, aterrizó rápidamente en la Universidad San Sebastián (USS), para convertirse en profesor de la Facultad de Derecho del plantel, el mismo que hoy está cuestionado por dar trabajo a varias figuras que han sido salpicadas por el caso Audio, además de la polémica por el elevado sueldo que pagaron a Marcela Cubillos.
De acuerdo a los chats revelados, en junio de 2021 -un mes antes de dejar la Fiscalía-, Guerra le señala a Hermosilla que estaba a la espera del contrato en la USS, y deja entrever que en la gestión para ese puesto habló con "ACH" (iniciales que se utilizan en las conversaciones para referirse a Andrés Chadwick).
EL 13 de noviembre de 2023, Guerra consigue un puesto en la Municipalidad de La Florida, en concreto, en el programa denominado "Defensoría de la Gente". En ese cargo se mantuvo hasta el pasado 1 de octubre, luego que renunciara argumentando "la existencia de un proceso penal en que soy investigado por hechos que han sido de público conocimiento".
Junto con señalar que era "necesario" dar un paso al costado para no dañar el proyecto, aseguró que "es posible observar maliciosas y tendenciosas opiniones que no solo buscan perjudicar a mi persona sino que al proyecto, las cuales tienen su fuente en mezquinos intereses políticos de los que abundan en una época electoral como la que enfrenta el país".
Sólo tres días más tarde, nuevas filtraciones de chats con Hermosilla terminaron por dejarlo en una compleja posición ante la opinión pública, a raíz de los calificativos con los que se refería tanto al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, como a la jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei. Ello, sumado a la investigación penal abierta en su contra y ahora, a la querella de sus excolegas.
