Un extenso análisis a los alcances y dudas que ha generado el anuncio del fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) que este martes el Gobierno concretará a través del ingreso de un proyecto de ley con urgencia simple en el Congreso.
En cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric compartió anoche los tres ejes clave de la iniciativa, que además, es promesa de campaña, aunque con varias diferencias respecto a sus propuestas iniciales.
En concreto, se perdonará "parte de las deudas educativas", es decir, no será universal; se reorganizará la deuda -se propone el pago del 75% del saldo restante o reprogramación de cuotas proporcionales a los ingresos-, y se crea el sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), el que consiste en que quienes comiencen a estudiar lo harán sin pagar aranceles y sólo podrá existir un copago para aquellos que estén en el 10% mayores ingresos.
Sobre este tema,
José Joaquín Brunner, director del Doctorado en Educación Superior de la UDP, profundizó a 24 Horas en los reparos que existen sobre las condiciones de la iniciativa del Gobierno, y las dudas y aquellos elementos que, a su juicio, son destacables.
"Hay que ver los detalles técnicos de cómo va a funcionar y el costo de esta medida para el Estado, cosa que no fue anunciada por el Presidente ayer, y hasta donde entiendo, todavía no sabemos cuál es la base de cálculo del gasto involucrado", comentó.
Sobre el FES, comentó que el sistema "adolece completamente de un vacío de información, es decir, han puesto sobre la mesa un par de ideas, pero esas ideas hay que verlas desarrolladas, y surgen muchísimas preguntas".
En esa línea, dijo que le parecen "atendibles" las críticas de la derecha, en concrete, aquella relativa a que solo se permita el copago en el 10% superior, dejando afuera a los deciles 7, 8 y 9. "Me parece que la base del financiamiento de la educación superior en Chile (...) ha sido porque según establece la propia ley, hay un sistema mixto de financiamiento donde concurren los privados y el Estado".
"El limitar crecientemente el aporte de los privados y, por ejemplo, reducir el copago solamente a los jóvenes que provienen de los mayores ingresos, me parece que es reducir la fórmula de éxito que tenido hasta acá el sistema de educación superior", añadió.
En esa línea, reflexionó que "desgraciadamente, no tenemos una fundamentación de lo que el Gobierno espera hacer y por qué querría reducir el aporte privado para aumentar fondos públicos que sabemos que no van a existir. El Gobierno está ante el desafío de justificar y aclarar realmente qué está proponiendo".
Consultado por si ve factibilidad en que el proyecto se apruebe en el Congreso o mas bien se transforme en un "saludo a la bandera" por parte del Gobierno para dar cuenta que se cumplió con la palabra empeñada en campaña, Brunner sostuvo que "esa es mi mayor preocupación en lo inmediato, creo que mis colegas que están en el Mineduc y han diseñado la estrategia de este nuevo instrumento no se han hecho cargo de que la condiciones políticas hoy día son objetivamente extremadamente adversas, al llevar al Parlamento una discusión de esta envergadura y esta complejidad".
Eliminar el rol de la banca y la universalidad
Brunner se mostró en concordancia con al menos dos elementos del proyecto. El primero, el eliminar el rol de la banca en el financiamiento a la educación superior, elemento que, recordó, también fue parte de las propuestas de los ex presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en sus segundas administraciones, donde "ambos eliminaban la intermediación bancaria".
Eso sí, acotó que "justamente porque se va a eliminar (la banca del financiamiento) hay que explicar cómo se va a administrar. No sabemos si el Gobierno busca crear un nuevo régimen de crédito, entonces tendría que existir algún tipo de agencia pública que manejara eso, o bien, va a descansar en el Servicio de Impuestos Internos (SII), porque simplemente lo que se pretende es crear un nuevo impuesto al trabajo de los graduados, eso no queda claro".
Asimismo, valoró que el Gobierno haya "hecho la pérdida y finalmente haya declarado frente al país que no hay condonación universal que el país pueda cargar y que fuera justo respecto a los que siguen pagando (...) esa me parece que es una buena noticia".
