La arista Procultura del conocido caso Convenios no deja de sumar nuevas acusaciones hace semanas. Hace días, Chile Vamos anunció una querella contra el Gobierno Regional Metropolitano por un convenio realizado con la ONG; esta mañana, Anglo American presentó una nueva acción judicial por estafa.
Ahora, son los parlamentarios del Partido Republicano quienes anunciaron una querella contra el fundador de la difunta fundación, Alberto Larraín, y su representante legal, Constanza Gómez, además de contra todos los funcionarios públicos que resulten cómplices del delito por fraude al Fisco.
Nuevamente, es el traspaso que habría realizado el gobierno metropolitano a Procultura por $1.683 millones para programas de salud mental que envuelve a ambos actores, del cual, los diputados Juan Irarrázaval y Agustín Romero, acusaron graves irregularidades.
Según se lee en el documento, resulta "evidente que en ningún momento existió un debido control sobre los fondos públicos. Ya el mero hecho de entregar -mediante un único giro- la totalidad de los dineros al inicio de los servicios, demuestra que se permitió dolosamente la defraudación por parte de Procultura".
Agregaron además que "tampoco se disponía de los medios adecuados para un control de los recursos y la efectiva prestación de los servicios contratados", explicaron, asegurando que "se entregaron a libre disposición la totalidad de los dineros, sin las mínimas medidas de control y fiscalización, a lo cual se encuentran obligados los funcionarios públicos que administran dineros del Fisco".
Irarrázaval explicó que "como querellantes, entre las divisiones y declaración de secreto que se acaba de prorrogar, de las carpetas investigativas sobre Procultura", han permanecido sin noticias respecto a los avances de la querella, a no ser de las "filtraciones de la prensa".
A lo anterior, sumó que los antecedentes que han surgido durante las últimas semanas "estrechan el cerco sobre el Presidente de la República en este caso", asegurando que actualmente "hablar de Procultura es hablar de Gabriel Boric".
Se explicó. "Si no, no se explica que primero su actual mano derecha, y luego su ex pareja e incluso su terapeuta y amigo, estén vinculados en el caso a todo nivel. Detrás de ellos solo está Gabriel Boric, ¿acaso queda alguien más detrás? ¿Quién si no él vincula a Alberto Larraín, Miguel Crispi e Irina Karamanos? ¿Quién sino alguien como él ha podido promover a Procultura a lo largo de todo Chile y hasta las más altas esferas? La manera de llegar hasta el final es precisamente siendo parte de esta causa y observar su desarrollo, y creemos que los antecedentes conocidos sobre Miguel Crispi, Irina Karamanos y la Gobernación Metropolitana de Claudio Orrego son un buen punto de partida", expresó Irarrázaval.
Romero, por su parte, aseguró que "lo que ocurrió bajo la administración de Claudio Orrego es un escándalo de proporciones. No solo se adjudicaron más de 1.600 millones de pesos para una fundación incapaz de cumplir con sus obligaciones, sino que esta decisión revela una falta de transparencia y una permisividad alarmante frente al mal uso de los recursos públicos".
Se refirió al gobernador Orrego cuando sostuvo que "no puede seguir escudándose en excusas cuando los hechos parecen apuntar a una clara complicidad en la entrega de fondos a una red de favoritismos que podrían haber defraudado al Fisco. Serán los tribunales de Justicia los encargados de determinar si la negligencia y corrupción son los sellos que han marcado la gestión del Gobernador Orrego, y que estos hechos no queden impunes".
En la querella, además, se solicita al Ministerio Público que se "despache una orden de investigar a la BRIAC Metropolitana a fin de que proceda a recopilar todos los antecedentes, documentales y testimoniales, sobre el hecho punible y su autoría".
También se requirió que el Cibercrimen de la PDI "concurra a las dependencias de las oficinas de Procultura y requiera la entrega voluntaria de una copia de los correos institucionales, de los equipos computacionales y teléfonos".
