Los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias investiga el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper en la causa Procultura, donde se investigan diversos convenios suscritos con entidades estatales, principalmente gobiernos regionales (Gore).
En ese marco y junto a la Brigada Anticorrupción de la PDI, se realizaron una serie de diligencias en el Gobierno Regional del Ñuble, donde se citó a declarar como imputados a sus autoridades y jefatura.
Pese a lo anterior, tanto el gobernador,
Oscar Crisóstomo, como otras jefaturas decidieron guardar silencio. Entre los requeridos están la administradora, Alicia Contreras, además del jefe de Planificación, Rubén Sandoval, la jefa de Administración y Finanzas, Leila Gasaui.
Quienes conocen las pesquisas indicaron que una de las explicaciones entregadas por los indagados era que desconocían detalles de la carpeta.
Según confirmó la fiscalía, se citó a declarar a 19 personas, entre ellas, funcionarios públicos del Gobierno Regional de Ñuble, de la Fundación Procultura y una consultora. Detallaron que siete de ellas hicieron uso de su derecho a guardar silencio; 10 declararon en la causa y se reprogramó la diligencia en 2 de ellas.
Estas pesquisas se suman a las efectuadas hace pocas semanas en nueve comunas de la región Metropolitana y en la región del Bío-Bío, en que se efectuaron incautaciones de diversas especies, nubes informáticas, bases de datos de correo electrónico, entre otras, explicaron.
Por último recordaron que la presente causa se encuentra vigente y se extiende con diligencias en 8 regiones del país y la Fiscalía ha efectuado un análisis y sistematización de la información en evidencia digital y documental en agosto del 2024 las cuales han derivado en las acciones efectuadas en las regiones Metropolitana, Bío Bío y Ñuble.
La indagatoria fue asignada a Cooper a fines de junio, tras la salida de su par de Aysén, Carlos Palma, por el caso Audio. La fiscalía espera concretar cerca de un centenar de citaciones a declarar en la causa, entre quienes se incluye a Irina Karamanos, expareja del Presidente Gabriel Boric, quien entregará su testimonio en calidad de testigo en el marco de presuntas devoluciones de dinero reportadas por la PDI, del análisis de las cuentas de la fundación.
Hace unas semanas, Karamanos descartó la situación y, de forma voluntaria, entregó sus cartolas bancarias al Ministerio Público, para su análisis.
