Contralora General de la República, Dorothy Pérez.
Aton
La recién ratificada
contralora general de la República, Dorothy Pérez, tuvo este viernes su ceremonia de asunción en el cargo, instancia a la que asistió el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
Entre los primeros movimientos de Pérez, los que no han estado exentos de críticas, está su pronunciamiento sobre la "confianza legítima" en los funcionarios a contrata del sector público.
Se trata de una medida que establece restricciones sobre la terminación de contratos, limitando el despido solo a través de calificaciones o un sumario administrativo.
Sin embargo, Pérez indicó que la decisión sobre el plazo para generar la confianza legítima en los funcionarios públicos y su posterior reclamación es de competencia de los tribunales de justicia y no de la Contraloría. Aquello causó molestia en las organizaciones que representan a trabajadores y funcionarios como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la mesa de trabajadores del sector público.
Consultado por este dictamen, el ministro Gajardo comentó al término de la ceremonia que "primero, interpretar la ley administrativa es una de las facultades que tiene la Contraloría".
"En segundo lugar, en materia del funcionariado público, hay que aclarar que hubo un dictamen del primer contralor (Jorge Bermúdez) que estableció que los funcionarios públicos iban a tener confianza legítima en el ejercicio de sus funciones si contaban con más de dos renovaciones. Una vez que servicios públicos no estuvieron de acuerdo con ese criterio, ese dictamen se judicializó, y hace muy poco tenemos que la Corte Suprema ha resuelto en esta materia, mediante un recurso que hay en sede laboral, que estas eran materias litigiosas y que se debe esperar cinco años en el ejercicio de la función pública", contextualizó.
En esa línea, Gajardo remarcó que Pérez, junto con tener la facultad de interpretar la ley administrativa, "en su propia ley orgánica también tiene una prohibición de referirse a hechos litigiosos".
"Entonces, lo que señala en este primer dictamen, es que ella se va a abstener de resolver estas materias, porque se están conociendo en los tribunales de justicia, y como la Corte Suprema ya se ha pronunciado mediante unificación de jurisprudencia, va a ser en esa sede donde se van a resolver estos aspectos", sintetizó.
