El presidente del PC, Lautaro Carmona y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
Emol
Revuelo sigue generando el nuevo criterio establecido por la contralora
Dorothy Pérez, quien a días de haber asumido su cargo realizó un pronunciamiento sobre la
"confianza legítima" en los funcionarios a contrata -contratos de plazo fijo de un año- del sector público, principio en el cual éstos podían ampararse para renovar sus contratos.
El nuevo dictamen de la contralora señala que ésta se abstendrá de resolver dichas reclamaciones, dejándolas en manos de los tribunales justicia.
Durante la administración anterior del ex contralor Jorge Bermúdez, se estableció que la "confianza legítima" se podía argumentar frente al organismo luego de dos renovaciones sucesivas de contrato. Sin embargo, con la judicialización de los casos, la Corte Suprema expresó que dicho principio podía ser planteado tras cinco años.
La molestia del PC
El tema generó reclamos de parte de personeros del PC, según publicó ayer El Mercurio, el jefe de la bancada del PC y presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Luis Cuello, acusó un "retroceso" y apuntó a la "precarización laboral".
"Este dictamen es un serio retroceso que pone en riesgo la estabilidad del empleo y, al mismo tiempo, debilita la función pública", sostuvo Cuello, quien citó a una sesión especial de la comisión para escuchar a la ANEF, la CUT y abogados especialistas.
El diputado del PC Boris Barrera, expresó que se está dejando a "miles de personas en incertidumbre y vulnerabilidad. Este nuevo dictamen en lugar de garantizar estabilidad laboral y transparencia en las contrataciones, deja en manos de los tribunales de justicia la resolución de estos casos, lo cual generará mayores demoras".
El martes además el presidente del PC, Lautaro Carmona, insistió en Radio Cooperativa en que "el estatuto administrativo planteaba explícitamente que no más del 20% del aparato público debiera ser a contrata o a honorarios, y hoy nos encontramos con que más del 50% de los trabajadores del sector público están en esa condición. Y cuando se amplía el plazo (de renovación) a cinco años y se judicializa, se está atentando contra un elemental derecho de la estabilidad laboral".
Con ello, Carmona agregó que "creo que estamos frente a una nueva presentación de precarización absoluta, de inseguridad desde el punto de vista del trabajo de un sector tan importante para el país como son los trabajadores del sector público, y desde esa mirada, valoramos y respaldamos las iniciativas que tienen los gremios de trabajadores del sector público".
Explicaciones de ministros comunistas
Desde el Gobierno han intentando poner paños fríos al asunto, explicando el criterio establecido por la nueva contralora. Han sido precisamente los ministros comunistas, quienes por sus cargos y las carteras que representan, quienes han tenido que salir a hacer una bajada del tema.
Consultado el viernes por el dictamen, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, detalló que "en materia del funcionariado público, hay que aclarar que hubo un dictamen del primer contralor (Jorge Bermúdez) que estableció que los funcionarios públicos iban a tener confianza legítima en el ejercicio de sus funciones si contaban con más de dos renovaciones".
Con ello, agregó que "una vez que servicios públicos no estuvieron de acuerdo con ese criterio, ese dictamen se judicializó, y hace muy poco tenemos que la Corte Suprema ha resuelto en esta materia, mediante un recurso que hay en sede laboral, que estas eran materias litigiosas y que se debe esperar cinco años en el ejercicio de la función pública".
Pero además el ministro y militante del PC, recordó que Pérez, junto con tener la facultad de interpretar la ley administrativa, "en su propia ley orgánica también tiene una prohibición de referirse a hechos litigiosos".
"Entonces, lo que señala en este primer dictamen, es que ella se va a abstener de resolver estas materias, porque se están conociendo en los tribunales de justicia, y como la Corte Suprema ya se ha pronunciado mediante unificación de jurisprudencia, va a ser en esa sede donde se van a resolver estos aspectos", sostuvo.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, manifestó -de acuerdo a El Mercurio- que "esto es algo que hoy excede nuestras facultades (...) hoy no tenemos forma de intervenir en la facultad de la contralora, porque nuestra institucionalidad le da autonomía para el ejercicio del cargo".
En otra actividad, la ministra indicó que "cualquier medida que tome hacia futuro, podría pasar eventualmente por cambios legales".
