Al menos 50 casas fueron destruidas durante el incendio registrado ayer en el Campamento Dignidad, que alberga 487 familias, de acuerdo con los registros de la Municipalidad de La Florida.
Sobre el asentamiento ilegal pesa desde marzo de este año un decreto de desalojo, el que no ha sido concretado y que llevó ayer por la mañana a que el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, y al delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, se enfrascaran en una discusión.
En conversación con Radio Universo, fue consultado sobre dichos de Durán a en torno a que el alcalde de La Florida quiere un "desalojo violento", y el líder vecinal señaló que "Gonzalo está mintiendo en forma descarada, porque nosotros desde el minuto 1 le dijimos al Gobierno: 'entendemos que no se puede desalojar las familias, porque no hay capacidad en la ciudad de Santiago para hacerlo'".
Y es que esta jornada, el jefe comunal explicó el por qué poco menos de la mitad de los pobladores del campamento no podrán acceder a beneficios estatales.
Carter sostuvo que, según los datos que maneja el Gobierno, "el 40% de los habitantes de esa toma nunca van a tener derecho a un subsidio habitacional porque exceden el puntaje mínimo del Registro Social".
Consultado sobre el por qué hay personas viviendo en el asentamiento ilegal, el alcalde respondió que "hay un problema social bien de fondo". "Hace mucho rato en Chile se dejó de cumplir la ley y hay un segmento de la sociedad que hace las cosas por la fuerza", planteó.
"Mientras hay centenares de miles de personas esperando un subsidio, haciendo la fila en sus casas, ahorrando el dinero previo para la vivienda, hay un grupo de la sociedad que dice, yo me voy a saltar la fila, me tomo el terreno, si hay un problema, grito, insulto, pataleo, apedreo, uso a los niños como barreras humanas y pongo al Estado en un problema de que me tiene que dar una solución. Mientras los otros esperan, ellos saltan la fila", sostuvo.
Carter también aseguró que hay ventas de casas de la toma por montos cercanos a los $20 millones.
Sobre los pobladores del asentamiento ilegal, señaló que quienes viven ahí "son ciudadanos chilenos", aunque también residen en el sector migrantes irregulares.
Por la tarde de ayer, Carter y Durán sostuvieron una reunión por la tarde de ayer. El jefe comunal le pidió al delegado de la RM que "la zona que se quemó no puede ser poblada nuevamente".
El jefe comunal también señaló que la municipalidad compró elemento para albergar a los afectados siniestro, sin embargo, "no llegó nadie", porque "estas personas tienen casa o tienen un lugar donde vivir y están organizados políticamente por grupos que no están dispuestos a dialogar con ninguna autoridad de izquierda o de derecha".