Molestia dejó ayer entre los diputados de la comisión investigadora del caso Monsalve, la concurrencia del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda,
Miguel Crispi. Es que lejos de obtener las respuestas que buscaban los parlamentarios, estos lo acusaron de "no colaborar" e incluso de "secretismo".
Fueron 21 veces en que Cripi respondió simplemente que "las conversaciones con el Presidente son privadas", buscando, según los diputados, evadir las preguntas que se le hacían. Mientras que en otras 14 ocasiones, aludió a que el Mandatario le "encomendó buscar nombres para reemplazar a Monsalve" de su cargo, sin dar mayores antecedentes.
Dichas afirmaciones han sido motivo de críticas y de análisis en las últimas horas. Esto no sólo por lo repetitivo de las repuestas, sino que además por las dudas que se generaron y que llevaron a la comisión a pedir a la Contraloría que se pronuncie sobre el alcance de lo que es una conversación privada, relacionado a las facultades de la instancia.
Lo que opinan los expertos
Sin duda el argumento de las "conversaciones privadas" con el Presidente es el más controvertido, así lo han reconocido legisladores, analistas y expertos.
Al respecto, el profesor de Derecho de la Universidad Católica y ex presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, comentó a Emol que "en muchos países del mundo, responder de esa manera se pena con cárcel. Si el Congreso quiere mantenerse como un lugar de respeto, tendrá que modificar las normas para los invitados a las comisiones investigadoras, estableciendo sanciones graves para quienes mientan, se nieguen a declarar bajo promesa o juramento o que tengan, como Crispi, una actitud a la vez displicente y burlesca con las instituciones del país, sobretodo si están encargadas de fiscalizar".
Y si bien Leturia indicó que "no sé si Crispi tenga formación jurídica, o haya recibido mala asesoría, pero el derecho a guardar silencio sólo corresponde a no incriminarse penalmente. Quizá sea el caso, y no lo haya explicitado. Es decir, que haya cometido un delito y quiera guardar su declaración para la justicia penal".
Y agregó que "dejar de responder diciendo que las conversaciones con el Presidente son privadas, es una frivolidad y una tontería. Casi todas las conversaciones entre amigos y entre asesores son privadas. Pero acá se investigan hechos de relevancia política nacional. Negarse a responder cualquier cosa, diciendo que fue parte de una conversación, perdona que lo diga de esta manera, es una payasada. Una burla al Congreso Nacional (...) Viniendo de uno de los principales asesores del Presidente, me parece un temerario desprecio de un poder por el otro".
Según Leturia, Crispi reveló "una falta de cultura democrática que bordea lo antisocial. Lo único bueno de sus declaraciones es que todo calza. Obedecen a la misma lógica de por qué se mantuvo a Monsalve 48 horas en el cargo, no se protegió a la víctima y todo lo que ya sabemos. Es la lógica de más allá de que las leyes rigen para el resto de la gente, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y no debemos tener miedo, porque no nos va a pasar nada".
El director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, manifestó a El Mercurio que la respuesta del ex diputado, "es más bien la fórmula técnica jurídica recomendada por abogados y puede interpretarse como un intento de proteger la deliberación interna en un contexto de alta sensibilidad política".
No obstante, Moreno acotó que "en el actual clima de desconfianza y sospecha que permea la política chilena, esta declaración corre el riesgo de ser leída como una evasiva, reforzando la percepción de opacidad en un gobierno que ha prometido transparencia".
Privilegio deliberativo
Mirando desde el lado judicial, el ex director ejecutivo de Chile Transparente y socio AGPP abogados, Alberto Precht, indicó a Emol que "el artículo 8° de la Constitución establece el deber de publicidad de los actos públicos. Pero este principio de publicidad tiene varias excepciones y una es cuando la información pudiese afectar el normal funcionamiento del órgano o servicio".
"Y dentro de ella existe algo que se denomina el privilegio deliberativo, es decir, la capacidad que tienen los organismo públicos para pensar, conversar, antes de la toma de una decisión. Uno entendería que los roles de asesoría entran justo en esa etapa del privilegio deliberativo, si es un consejo, una conversación más o menos formal que sea entre una autoridad, en este caso el Presidente de la República y su jefe de asesores. Por lo cual a mi entender, efectivamente esas conversaciones están cubiertas por el privilegio deliberativo y por lo mismo son conversaciones que se deben mantener reservadas", sostuvo Precht.
En relación al otro argumento de Crispi, respecto a que buscaban reemplazantes para el ex subsecretario del Interior, el abogado recordó que efectivamente uno de los roles del jefe de asesores, "es recomendar al Presidente de la República en este tipo de búsquedas. He conversado con anterior jefes, es algo que ocurre comúnmente el ir sondeando qué cambios se pueden realizar".
"Parece relevante para los funcionarios, en cuanto ellos están tratando de evidenciar cuándo efectivamente al señor Monsalve se le pide la renuncia o si este renuncia voluntariamente", recalcó Precht.
