De izquierda a derecha: Patricio Domínguez, Andrea Repetto, Eduardo Engel, José de Gregorio.
Un destacado grupo de economistas manifestó en una carta a El Mercurio sus preocupaciones en torno a la reforma del sistema de pensiones que impulsa el gobierno, la que entraría a la recta final de su discusión en enero.
La misiva fue firmada por Paula Benavides, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC); José de Gregorio, expresidente del Banco Central; Patricio Domínguez, doctor en políticas públicas de la Universidad de California; Eduardo Engel, economista y expresidente del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción; Benjamín García, director ejecutivo de Espacio Público; y Andrea Repetto, economista de PUC.
Allí
los economistas piden claridad y señalan entre sus dudas, en primer lugar, "la posibilidad de poner bajo un mismo marco el "bono tabla" —diseñado para compensar la mayor expectativa de vida de las mujeres— y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Este último es administrado por las AFP y proporciona cobertura ante invalidez y fallecimiento de los trabajadores". De acuerdo a lo señalado por los expertos, hasta ahora
no se ha presentado ningún documento que explique cómo funciona su integración ni que identifique su contribución.
También mencionan la complicación del financiamiento de la "garantía" por año cotizado a pensionados con suficientes años de contribución hoy y durante la transición, acusando la estrechez fiscal del país. Por ello, indican que el eventual acuerdo alcanzado debe precisar claramente las fuentes de recursos que respaldarán la garantía.
Por último, expresan que el aumento de los fondos ahorrados en cuentas individuales debe ir a la par de una mayor competencia en comisiones en las AFP, para que de esta manera se genere una mayor eficiencia en los fondos de inversión.
"La reforma no puede seguir postergándose y, en las próximas semanas el acuerdo debe materializarse en un acuerdo sólido, sostenible, que trascienda ciclos electorales", cierra la carta.
Revisa aquí la carta completa:
Claridad en acuerdo en pensiones
La necesidad de alcanzar un acuerdo en pensiones es innegable y requiere un compromiso político con visión de Estado para superar los obstáculos que persisten. Un acuerdo exige también claridad en las opciones disponibles. Pero aún quedan dudas y preocupaciones.
La primera es la posibilidad de poner bajo un mismo marco el "bono tabla" -diseñado para compensar la mayor expectativa de vida de las mujeres- y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Este último, administrado por las AFP, proporciona cobertura ante invalidez y fallecimiento de los trabajadores. Es un seguro que ha enfrentado dificultades y cuya naturaleza es distinta al bono para las mujeres. Hasta ahora no se ha presentado ningún documento técnico que explique cómo funcionaría la integración ni que identifique su contribución.
La segunda es el financiamiento de la "garantía" que daría 0,1 UF por año cotizado a pensionados con suficientes años de contribución hoy y durante una transición. Parte del financiamiento vendría de ingresos de la Ley de Cumplimiento Tributario, con los que se había propuesto aumentar el monto y cobertura de la PGU. Posteriormente, se decidió mantener la cobertura actual, generando un ahorro. Para equilibrar ingresos y gastos en el tiempo, se contempla un préstamo reembolsable, lo que equivale a postergar la obtención de recursos fiscales para financiar este gasto.
Dada la estrechez fiscal, la incertidumbre en las proyecciones de ingresos y la importancia de definir el tamaño del préstamo y la cotización permanente del seguro social, el acuerdo debe especificar claramente las fuentes de recursos que respaldarán la garantía, los pasivos contingentes que podrían surgir y la suficiencia de ingresos durante la transición. Estos aspectos deberían contar con la opinión del Consejo Fiscal Autónomo.
Por último, el aumento de los fondos ahorrados en cuentas individuales debe ir acompañado de mayor competencia en comisiones entre las AFP, considerando que es obligatorio cotizar en el sistema y que los cobros se deducen de los salarios. Un estudio de Salvador Valdés estima en 754 millones de dólares anuales la reducción de comisiones que lograrían licitaciones de stocks de afiliados, fruto de menores utilidades y mayor eficiencia.
La reforma no puede seguir postergándose y, en las próximas semanas, el acuerdo debe materializarse en un proyecto sólido, sostenible, que trascienda ciclos electorales.
Paula Benavides; José De Gregorio; Patricio Domínguez; Eduardo Engel; Benjamín García; Andrea Repetto
