La ministra vocera (s) de Gobierno,
Aisén Etcheverry, abordó la polémica generada a partir de la decisión del Ejecutivo de adquirir la casa ubicada en Guardia Vieja, en la comuna de Providencia, del expresidente
Salvador Allende con la finalidad de convertirlo en un museo.
A razón de que el inmueble tenía como co-propietaria a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la vulneración al artículo 37 bis de la Constitución que radicaba en la transacción, el Gobierno echó pie atrás sobre la compra.
Con todas las críticas que esta situación ha generado y el emplazamiento que la oposición dirige al Presidente Gabriel Boric sobre cobrar responsabilidades políticas, la portavoz del Ejecutivo defendió el proceso.
En conversación con Tele13 Radio, Etcheverry partió formulando que "la adquisición de un inmueble por el Estado es un proceso que tiene muchas etapas. No es como la adquisición de cualquier bien ¿Verdad?".
"Esto comienza con una solicitud que se hace desde el Servicio de Patrimonio de Bienes Nacionales. Posterior a eso se elabora y se dicta un decreto supremo que fue autorizado por Contraloría. Pasó a toma de razón de Contraloría, donde se identifican los inmuebles de la familia del expresidente Aylwin y del expresidente Allende donde se autoriza la realización de la compra, y luego de eso viene el proceso mismo de la adquisición".
En cuanto a si ese paso por Contraloría identifica a los propietarios, la ministra indicó que "identifica a todos los elementos y se autoriza la compra, y luego viene el proceso mismo de adquisición ¿Verdad? Y ahí ya entramos en lo que todos conocemos cuando compramos un departamento: las tasaciones, los estudios de títulos y luego el acto mismo de la adquisición del bien".
En esa línea, acotó que "esto ocurre en un periodo de tiempo donde la estructura de propiedad puede cambiar (...) la estructura de propiedad tiene un peso y una valoración distinta en los distintos momentos. Contraloría tomó razón en un momento, pero al momento de hacer específicamente la adquisición era necesario hacer una nueva evaluación, y ahí se identificó que existían algunos impedimentos, y es por eso que se toma la decisión de no continuar con el proceso de compra".
"Si bien por supuesto que se sabía a quién pertenecía la casa, el análisis legal final, el que gatilla la decisión, solo se podía hacer en el momento previo al contrato de compra", agregó, precisando que "la estructura de propiedad de esa residencia ha cambiado en varias ocasiones".
Consultada respecto a si la estructura de propiedad cambió desde comenzó el Gobierno, Etcheverry advirtió que "no me atrevería a decir porque ahí estuvieron los abogados trabajando con los abogados de la familia Allende".
En cuanto a por qué no se echa pie atrás sobre la compra con antelación, la secretaria de Estado explicó que "antes el análisis legal que se hace, o más bien, no es que no considerara, sino que la estructura de propiedad no era el elemento relevante a considerar, y es por eso que se toma de razón por contraloría".
Defensa de la determinación
En lo relativo a la decisión de elegir la casa de Allende, Etcheverry apuntó que "evidentemente que es prioritario para nuestro Gobierno el poder reconocer el aporte que han hecho presidentes electos democráticamente en la historia de nuestro país y eso motiva la decisión que se tomó".
"Dado que estamos en democracia, a algunas personas puede que no les parezca que sea la mejor, pero eso es parte de la discusión democrática que se tiene que dar y que respetamos como Gobierno, por cierto, porque de eso se trata la decisión", adujo.
Sobre la división que puede generar la decisión, la ministra relevó que el "Presidente Allende fue electo democráticamente y fue parte y objeto de un golpe de estado criminal que tuvimos la ocasión de conmemorar hace dos años atrás, que significó la muerte de muchas personas, que significó un quiebre democrático de nuestro país, que es importante recordar y construir historia a partir de aquello, y eso no es un hecho cuestionable. Eso es una verdad establecida".
