El paso a paso que siguió el Gobierno para adquirir la casa el expresidente Salvador Allende, pese a la incompatibilidad que radicaba en la adquisición del inmueble al ser una de sus propietarias la ministra de Defensa, Maya Fernández, y una segunda, senadora Isabel Allende, ha dejado más de una figura damnificada.
Aún cuando el Presidente Gabriel Boric cobró las responsabilidades del caso desvinculando a la ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval, en la vereda del Ejecutivo, la titular de Defensa sigue bajo el ojo del huracán. Mientras que al margen de la primera línea del gabinete, es la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya, cuyo nombre ha trascendido como una de las principales responsables.
La partición es la encargada de asesorar al Mandatario sobre la legalidad y constitucionalidad de su firma y actuó en este caso, con la firma de Boric al decreto supremo, que autorizaba la compra del inmueble.
La jefa de dicha división es abogada de la Universidad de Chile y tiene un magíster en Derecho Público de la London School of Economics, también se le sindica como experta constitucional y una cercana al Presidente desde su época universitaria. "Amigos hace más de 10 años", escribió Boric en 2019 compartiendo una foto junto a ella. Luego, Moya participó en la elaboración del programa de Gobierno el 2021.
En sus funciones dentro del Ejecutivo, la jurista ya contaba con un mal antecedente a cuestas. Olvidó adjuntar una serie de documentación cuando el Gobierno presentó el requerimiento de inconstitucionalidad del Ejecutivo por la ley de Presupuesto. Al intentar enmendar esto, volvió a olvidar el acompañar la publicación de la ley en el Diario Oficial, lo que fue finalmente ignorando por el Tribunal Constitucional.
Con todo, en La Moneda defienden a la funcionaria de Segpres. Consultada respecto a si fue un error el haber expuesto al Presidente con la firma del decreto supremo, la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, desdramatizó el efecto de este procedimiento, y advirtiendo que "es importante diferenciar los momentos".
"El decreto supremo que firma el Presidente de la República y que, por supuesto, fue analizado por la División Jurídica que analiza legalmente todos los documentos que firma el Presidente, es el decreto que habilitaba al proceso compra, decreto que, por cierto, fue a toma de razón por parte de Contraloría y que lo que permitía era seguir avanzando en el proceso".
En ese sentido, apuntó que "ese acto, en el conjunto de actos que se requieren para la actualización, consistía exclusivamente en decir si es un inmueble de interés patrimonial, si es el inmueble que es de interés patrimonial y si el ministerio de Bienes Nacionales tiene las facultades legales para proceder adelante con su adquisición".
Dicho eso, sostuvo que "es completamente legal en sí mismo, fue lo que realizó la División Jurídica, lo que firmó el Presidente y lo que tomó razón de Contraloría en su análisis de la calidad".
