La cooperación, o no, de la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, en la indagatoria penal por eventuales delitos en la frustrada compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende ha marcado el debate público en los últimos días, específicamente luego de que ambas hicieran uso de su derecho a guardar silencio ante la fiscalía la semana pasada. Lo anterior, en el marco de la seguidilla de diligencias desplegadas por la Fiscalía Regional de Coquimbo, encabezada por el persecutor Patricio Cooper, y que tuvo entre sus últimos hitos el interrogatorio, en calidades de testigo e imputados, de una decena de funcionarios y exfuncionarios de Gobierno, incluidas la legisladora y la secretaria de Estado. A los cuestionamientos de la oposición e incluso del oficialismo respecto de su negativa a responder las preguntas de los investigadores se sumó la opinión del propio fiscal nacional, Ángel Valencia, quien sostuvo que "el guardar silencio no es una forma de colaborar", sino un "derecho" del investigado. Ayer, el jefe de la Fiscalía Nacional reafirmó esos dichos.