Con un amplio consenso, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobó la solicitud del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para retirar el monumento al General Baquedano.
Esta decisión ha reavivado el debate sobre su futura ubicación y si corresponde al Ejecutivo determinarla o si debe ser sometida a la aprobación del Congreso Nacional.
¿Qué dice la ley?
La Ley 4.328, que autoriza la erección de un monumento al General Baquedano, establece en su artículo único, publicado en 1928: "Autorízase al Presidente de la República para erigir, por suscripción popular, un monumento en la ciudad de Santiago, a la memoria del General don Manuel Baquedano, previo informe del Consejo de Bellas Artes, sobre el valor artístico del monumento".
Nada, sin embargo, menciona sobre a quién correspondería la decisión de moverla.
Defienden rol del Congreso
Al respecto, en una carta al director a El Mercurio, el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil señaló que "el monumento al general Baquedano fue erigido porque así lo aprobó una ley de la República, luego de ser promovida por el Gobierno y aprobada por ambas Cámaras del Congreso (Ley 4.328)".
"En derecho las cosas se deshacen como se hacen. No se trata de un aforismo de abogados. Es contrario a la democracia y a la justicia intentar deshacer una cosa de una forma diversa a como se aprobó", agregó.
"El Consejo de Monumentos Nacionales no tiene la entidad, la representación ni la legitimidad democrática para deshacer lo que aprobó una ley. Sería imprudente, además, si se mete en una pelea que es de perros grandes", subrayó.
En esa línea, la bancada de diputados de la UDI anunció que recurrirá a la Contraloría por la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales de reubicar estatua del General Baquedano.
"La decisión del Consejo de Monumentos Nacionales no solo va en contra del sentido común y de lo que quieren y opinan la mayoría de los chilenos, sino que además sería ilegal porque contravendría lo establecido en la Ley 4.382 del año 1928, tal como lo han señalado destacados abogados durante los últimos días".
"Por eso creemos que ante una decisión tan delicada como esta, es fundamental conocer la opinión de la Contraloría General de la República, porque no vamos a permitir que un organismo se exceda de sus facultades por razones políticas o ideológicas", cuestionaron los diputados Gustavo Benavente y Felipe Donoso.
El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) recordó que a mediados del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de resolución donde se le solicita al Presidente Gabriel Boric retornar la estatua de Baquedano a Plaza Italia.
"Creo que los proyectos del Congreso importan. Se votó mayoritariamente un proyecto de resolución, donde se señalaba explícitamente que el monumento del general Baquedano y la tumba del Soldado Desconocido tenían que volver a la Plaza Baquedano, donde siempre han estado. No puede ser que por un grupo delincuentes desadaptados y lumpen, se cambie la estatua del general Baquedano", indicó el legislador.
¿Qué dice el Ejecutivo?
La ministra del Interior Carolina Tohá dijo a Radio Cooperativa que "el monumento al General Baquedano va a seguir erigido en la ciudad de Santiago. Nosotros no renunciamos a eso y creemos que tiene que estar erigido en un lugar donde no sea factor de conflicto y de división, sino que en un lugar donde se le reconozca su aporte a la historia y que sea un lugar visible relevante".
"Nadie va a mandar al General Baquedano a un rincón esconderlo", remarcó.
Por su parte, la Subsecretaria del Patrimonio, Carolina Pérez, señaló que "estamos trabajando con rigurosidad y respeto, porque nuestro rol es el cuidado de los patrimonios y también cumplir con la legislación vigente vinculada a estas temáticas. Es importante también señalar que, si bien no se ha debatido en torno a la ubicación final, valoramos muchísimo las propuestas traídas desde el Ejército y el Ministerio de Defensa sobre posibles ubicaciones".
"La ley establece que el monumento debe estar en la ciudad de Santiago, pero eso no impide que pueda ser reubicado en la misma ciudad. En este sentido, si bien no se ha decidido el destino final del monumento, el Consejo de Monumentos Nacionales tiene la atribución legal de autorizar su cambio de ubicación, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 17.288, velando por que ello se realice con las condiciones necesarias para asegurar su adecuada conservación y respetando el marco normativo vigente", añadió.
