La Corte de Apelaciones de Valparaíso programó para el jueves 27 de febrero el desalojo de la megatoma en el Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, a las 10.00 horas. Se trata de un plazo final tras una serie de prórrogas y fallos que comenzaron en 2023.
La serie de acciones judiciales busca que se retorne a los dueños el terreno usurpado desde 2019. En su último fallo, el tribunal de alzada de Valparaíso ordenó que el desalojo se desarrolle de manera "razonable y paulatina". Es decir, que se coordine una división cuadricular para llevar adelante el desalojo, y se proteja a personas en situación de vulnerabilidad.
El pasado
31 de enero expiraron los dos meses extra de plazo que dio el tribunal luego de que la Delegación Presidencial de Valparaíso solicitara más tiempo para iniciar el desalojo.
De todas formas, trama mantiene complicado al Gobierno, puesto que se agota el plazo y aún no existe una solución habitacional para las cerca de 10 mil personas que deberán ser desalojadas de los terrenos.
Según afirmó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a La Tercera, el lunes sostendrá una reunión con los dueños para seguir con las tratativas que puedan dar una solución en torno al tema. La apuesta del Gobierno es que las familias se organicen en una cooperativa para comprar los terrenos.
Según afirmó, el plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso "es para poner en marcha un conjunto de mecanismos, no es que el desalojo deba ejecutarse inmediatamente (...) se supone que los dueños también estén de acuerdo, y ese es el objetivo de la reunión del día lunes".
No obstante, en conversación con Emol, el abogado representante de la inmobiliaria, Diego Pereira, afirma que si bien no están cerrados a una alternativa al desalojo, no han recibido un invitación formal para la reunión. "Nadie se ha puesto en contacto con nostrosos", asegura. Por eso, esta tarde se reunirán con los dueños de los terrenos para analizar si aceptarán o no un encuentro con el Ejecutivo.
De todas formas, el abogado acusa que hay compromisos incumplidos por parte del Gobierno de cara a buscar una alternativa para evitar el desalojo, y que de todos modos, resulta muy complejo llegar a un acuerdo a cinco días antes del desalojo. "Si no nos pusimos de acuerdo en más de un año y medio sobre las fórmulas, llegar a un acuerdo alternativo es muy complicado", afirma.
Zoom a la megatoma
La megatoma comprende 257 hectáreas, en los predios denominados "Hijuelas-Llolleo" y "Parcela Coterce", y alberga a 3.945 familias (9.845 personas), de acuerdo al catastro el que Minvu entregó en agosto.
Del total de habitantes, la mayoría de las personas son chilenos jóvenes y un 19% son extranjeros, un 33% son niños, niñas y adolescentes; más del 70% de las familias tiene una situación de alta vulnerabilidad; y más del 90% no tiene segunda vivienda.
Los campamentos al interior de la toma son "Centinela", con 3.123 personas; "Vista Hermosa", con 3.586 personas; "Aguas Saladas", con 2.215 personas; "Manuel Bulnes", con 1.027 personas; y "Fuerza Guerrera", con 894 personas.
El informe revelado por el organismo añade que los habitantes son "en su gran mayoría, oriundos del litoral central y hay más hombres que mujeres como residentes, lo que es excepcional si se analiza la conformación nacional".
"No existe ningún acercamiento real y efectivo"
El abogado de la inmobiliaria subraya que no están cerrados a "ninguna solución alternativa que implique frenar el desalojo, y esa solución puede venir, entre otras, de una compra que haga directamente el Estado".
Sin embargo, de acuerdo a lo que observan hasta ahora, "entendemos que esa compra está absolutamente descartada, por cuanto el mismo Ministro Montes ha salido en distintos medios de connotación nacional a señalar que el Ministerio no está en disposición de comprar".
"Bajo esas condiciones de incumplimiento constante de los compromisos que ellos habían asumido con nosotros en las reuniones, hoy, faltando nueve días para el desalojo efectivo mediante la intervención de Carabineros, no existe ningún tipo de acercamiento real y efectivo. O sea, no tenemos ningún punto de encuentro con el Gobierno".
Diego Pereira, abogado de Inmobiliaria San Antonio
Es más: de acuerdo al representante de los dueños, hasta el momento no han recibido ningún tipo de información acerca de procesos que el ministerio de Vivienda está implementando con el fin de buscar una salida alternativa.
Si bien están enterados que el Ejecutivo busca impulsar las cooperativas, Pereira subraya que no han recibido ninguna propuesta formal en torno a ello, pese a que en tres ocasiones -entre noviembre y diciembre de 2024- se han reunido con representantes del gabinete del Minvu.
En las reuniones anteriores, comenta Pereira, el Gobierno asumió dos compromisos con los dueños de la inmobiliaria: la primera, "a entregarnos una fórmula de garantía efectiva y seria para avalar la operación, que entregarían el 20 de diciembre, lo que no ocurrió, y la segunda, fue entregarnos una tasación, el 15 de enero, y tampoco cumplieron".
"Entonces, bajo esas condiciones de incumplimiento constante de los compromisos que ellos habían asumido con nosotros en las reuniones, hoy, faltando nueve días para el desalojo efectivo mediante la intervención de Carabineros, no existe ningún tipo de acercamiento real y efectivo. O sea, no tenemos ningún punto de encuentro con el Gobierno", subraya.
Sobre las cooperativas, el abogado precisa que "no sabemos si efectivamente hay cooperativas constituidas o cuántas ya existen. No sabemos cómo se han agrupado los pobladores. No tenemos tampoco la fijación del precio, o si el Gobierno va a poner una parte, ni una carta gantt o planificación de proceso", añade. Incluso, afirma que se desconoce el mecanismo que buscaría establecer el ministerio para entregar un valor de compra. Eso sí, la inmobiliaria ya presentó un precio de 0,69 UF el m2.
Con todo, subraya que "nosotros sentimos un desdén importante de parte del Gobierno, en el sentido de que ellos tienen pleno conocimiento, hace más de un año y medio, sobre este proceso", cerró.
