El desalojo de la megatoma de San Antonio está programado para comenzar el jueves 27 de febrero a las 10:00 de la mañana, por orden de la Corte de Valparaíso; y hasta el último momento, se están realizando gestiones para evitarlo.
Se espera que el lunes, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, sostengan reuniones en Santiago con el alcalde de San Antonio, Omar Vera, y con los dueños del terreno, con el objetivo de solicitar una prórroga.
A pocos días de la fecha programada para el desalojo, el alcalde Vera señaló que ni Carabineros ni la inmobiliaria han informado los planes para ejecutar la medida. En ese contexto, presentó un nuevo escrito ante el tribunal de alzada de la Región de Valparaíso, a pesar de que este ya rechazó las impugnaciones previas.
Por otro lado, un grupo de dirigentes, asesorados por el abogado Rodrigo Valdés, interpuso un nuevo recurso de reposición para aplazar el desalojo. Argumentan que, debido al carácter aclaratorio del escrito presentado, necesariamente deberá ser revisado por la Corte Suprema.
Mientras tanto, el Gobierno está reuniendo a cientos de familias ocupantes en el gimnasio de la escuela Padre André Coindre, en San Antonio, para formalizar la constitución de 32 cooperativas. Estas, organizadas en una federación, buscan comprar el predio al dueño. Según los dirigentes, el plan contempla un aporte inicial de $200.000 por socio, seguido de cuotas mensuales de $100.000.
El Ministerio de Vivienda (Minvu) informó que, hasta el momento, se ha logrado conformar 16 asociaciones, agrupando un total de 1.963 familias, con la expectativa de alcanzar las 30 durante la próxima semana. La cartera estima que el número total de familias podría superar las 3.000, ya que 3.200 personas se han inscrito con la intención de formalizar una asociación.
Gloria Maira, delegada del Minvu para el megacampamento, fue consultada por El Líder de San Antonio sobre la situación de quienes no se han integrado a esta iniciativa. Respondió que "participar en una cooperativa es un acto voluntario que implica asumir un compromiso de largo plazo. Aún no sabemos cuál será el precio final del terreno, pero en el ministerio calculamos que cada familia tendrá que pagar un crédito hipotecario entre 10 y 15 años, aunque sería un monto moderado. Pero hay que considerar que, aunque las condiciones serán favorables, no todos están dispuestos a asumir ese compromiso. Hay muchas personas jóvenes y familias unipersonales para quienes es más adecuado un programa regular del Serviu que un compromiso de largo plazo".
Otro de los puntos en discusión ha sido la propuesta del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), que no obtuvo mucho respaldo desde el oficialismo. En su programa "Sin Maquillaje", Jadue planteó que "aquí hay que expropiar y hay que irse a juicio", aunque "se demore 20 años la justicia" en resolver.
Además, recordó que como Gobierno "nos comprometimos a nunca desalojar mientras no hubiera una solución habitacional. No íbamos a tirar a nadie a la calle; menos para cuidar intereses de privados que especulan con el suelo urbano".
Según constató El Mercurio de Valparaíso, los parlamentarios oficialistas de la zona se alinearon con la estrategia del Ejecutivo de conformar cooperativas.
En ese sentido, la diputada Camila Rojas (FA) declaró que "el Gobierno está en lo correcto al proponer una salida institucional basada en la formación de cooperativas, insistir en la negociación con los dueños y reconocer que el desalojo presenta diversas dificultades, entre ellas una de carácter humanitario".
El senador Juan Ignacio Latorre (FA) agregó que "lo que está intentando el Gobierno a través de la organización de cooperativas de vivienda es facilitar el acceso a créditos con aval del Estado y lograr la adquisición de los terrenos a un precio justo, sin especulación, permitiendo avanzar en un proceso de regularización y habitabilidad".
Finalmente, el diputado Luis Cuello (PC) manifestó que "lo que se requiere aquí es una solución real para las familias, que se logrará a través del diálogo. La alternativa de que las familias se agrupen en cooperativas y compren el terreno es una opción que debe considerarse. Sin embargo, para ello es fundamental que los dueños no especulen con la necesidad de las personas".
