Incomodidad causó en el oficialismo la filtración de chats privados entre la diputada Karol Cariola (PC) y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, conversaciones en que cuestionaban duramente al Gobierno e incluso a algunos de sus personeros. Hecho que gatilló la renuncia de la primera como presidenta de la Cámara de Diputados, pese a resistirse inicialmente.
Más allá de la incomodidad que provocaron los mensajes en el sector y en el Ejecutivo, desde ahí han puesto el foco en el modo en cómo se dieron a conocer los chats.
En esa línea, el Presidente Gabriel Boric, uno de los aludidos en las conversaciones, manifestó que "quienes filtraron esto fueron tremendamente irresponsables". Y agregó que "creo que la Fiscalía en esto tiene que ser mucho más responsable".
En la misma línea, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, planteó a Mega que "me parece necesario insistir en que cuando se lleva adelante una investigación de carácter penal, se realizan técnicas intrusivas que permiten conocer aspectos privados de la vida de las personas, pero a mi entender, lo que debiera hacerse público es solo aquello que es relevante penalmente".
Las filtraciones además han significado críticas de parte de la izquierda, por ejemplo, en su cuenta de X, el senador Daniel Núñez (PC) aseguró que el "fiscal Cooper debe dar explicaciones por la nueva filtración de chats. Hay una obsesión por dañar la imagen pública de Karol e Irací. La Fiscalía se desprestigia con esta burda operación política".
El ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), preguntó: "¿Qué pretende la Fiscalía Nacional y los medios al filtrar conversaciones privadas y someterlas al escarnio público? Las filtraciones de conversaciones privadas entre Karol e Irací muestran lo bajo que se puede llegar para llevar a cabo una operación política, con la cooperación y agencia de las instituciones. Toda mi solidaridad con las compañeras ante este burdo #lawfare en su contra".
La visión de la oposición
La indignación que generaron las filtraciones en el oficialismo, también ha hecho eco en la derecha, desde donde incluso han recordado otras filtraciones que han afectado a su sector.
"Independiente de si hay interés público o no, el hecho de que estos chats descogidos se filtren me parece completamente inadecuado. Creo que la Fiscalía tiene un deber que es legal, que es que estos chats se mantengan y que las pruebas se mantengan bajo custodia del Ministerio Público, que no se pueden filtrar. Si son útiles para la investigación lo determinará el fiscal y luego el tribunal, pero me parece completamente inadecuado que se anden filtrando", dijo en Tele13 Radio el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.
Y agregó que "si al final el tema de las filtraciones se ha hecho ya una costumbre y la verdad es que cuando se filtran cosas, han ocurrido en el pasado, otras filtraciones se termina hiriendo o se termina denostando a personas que además no tienen absolutamente nada que ver con la investigación (...) Yo me acuerdo perfecto, un chat de Luis Hermosilla con otra persona en que hablaban mal de otros políticos, un alcalde por ejemplo, alcalde que no tenía nada que ver en la investigación, que no se le acusa de nada, pero que aparecía ahí recibiendo comentarios hirientes y bueno".
También se refirió el tema la candidata presidencial de la UDI y de RN, Evelyn Matthei, rechazando las filtraciones de los chats de las dirigentas del PC, señalando que son parte de otro ámbito. A la vez que lanzó una crítica: "Ahora, esto se ha filtrado hace mucho tiempo y lo que lo sucede es que algunos se alegran mucho cuando se filtra de un lado y se indignan cuando se filtra del otro lado. Y yo creo que debiéramos tener en realidad una actitud de que eso no es aceptable".
Más duro incluso fue el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, quien expresó a CNN Radio que esto "es abismante, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?"
A su juicio, "todas las semanas tenemos alguna filtración. Entonces, la verdad es que uno se pregunta, ¿aquí a alguien le están pagando por liberarlo? ¿Hay alguien que tiene que comprar favores por la prensa?"
Caso Hermosilla
Cabe recordar que tras la filtración de una serie de conversaciones desde el WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, en el marco del caso Audios, el Ministerio Público instruyó una serie de medidas para resguardar el contenido privado de su celular.
De éstos se desprendían conversaciones con fiscales y jueces, su supuesta injerencia en nombramientos de jueces. Sumado a chats donde se mencionan a políticos, uno de los que más ha llamado la atención fue el ex ministro Andrés Chadwick, quien ha reiterado su inocencia.
Sin embargo, otros políticos como el actual alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel y la propia Matthei, aparecieron mencionados en los chats. El primero fue mencionado como parte de un diálogo entre Hermosilla y Álvaro Jalaff, donde Hermosilla valoró el nombramiento de Sichel como presidente de Banco Estado, a propósito de su cercanía con Chadwick. Según fiscalía los acusados habrían intentado gestionar un crédito bajo su administración.
Respecto a Matthei, se conocieron conversaciones entre Hermosilla y el ex fiscal Manuel Guerra, quien señaló ser un "gran amigo" de ella, además de hacer comentarios sexistas sobre la ex alcaldesa.
Sesión secreta
Otra filtración que causó revuelo fue la ocurrida en la Cámara de Diputados y la cual fue hecha a un medio de comunicación por un parlamentario. Éste se habría referido a una exposición de la entonces embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, en una sesión secreta.
El legislador habría filtrado "de forma inexacta", según la embajada, detalles de la sesión en que se trató la situación de Chile respecto a su estatus como miembro del Programa Visa Waiver. Aquello llevó a la embajadora a suspender sus exposiciones en el Congreso.
Como presidenta de la Cámara, Cariola ordenó presentar una denuncia ante la Fiscalía debido a la filtración de información que dio Meehan a los diputados.
Caso Monsalve
También de alta relevancia pública ha sido el caso del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, del cual se supo que 75 funcionarios del Ministerio Público de alto y bajo rango tuvieron acceso a la declaración de la denunciante.
Con ello, se inició una investigación por posible "delito de relevación de secretos", se cursaron sumarios. Según informó hoy La Segunda, éstos han avanzando y se cursarán multas a los implicados, las cuales se traducirán en que perderán los bonos que reciben por gestión institucional y desempeño.
