En una semana clave para la exministra de Defensa, Maya Fernández, en la que se votará la acusación constitucional en su contra por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, expuso ante la comisión investigadora los antecedentes del polémico caso que provocó la salida de la exsecretaria de Estado y que actualmente sigue bajo investigación judicial.
En el ámbito administrativo, Pérez explicó que "para adquirir un bien raíz, implica siempre dos actos administrativos dictados en tiempos distintos. El primero es un decreto que autoriza la adquisición y el otro es posterior, donde se aprueba la escritura pública de compraventa que se suscriba. Y que este proceso solo llegó al primer acto".
Agregó que "el primer decreto es un acto preliminar que solo autoriza al Fisco y al Ministerio de Bienes Nacionales a la adquisición, por lo que aquel, por sí solo, no valida el tenor ni las partes de una eventual compraventa que en el futuro se celebre, la que deberá ser aprobada por un acto administrativo específico y posterior, el que debe someterse a su propio control de legalidad".
En esa línea, indicó que "solo una vez emitido el segundo decreto que aprobare la compraventa suscrita, se podría proceder al análisis de situaciones consolidadas y hechos concretos —y no eventuales o hipotéticos—, ya que no existe ninguna norma que impidiera a los propietarios realizar, con posterioridad a la autorización, las gestiones necesarias para que el contrato cumpla con el ordenamiento jurídico y así disponer del inmueble y poder venderlo al fisco, por ejemplo, la renuncia de una determinada calidad jurídica, cesión de derecho a título gratuito u oneroso".
Inasistencia de Fernández, Moreno y Allende
La ausencia de Fernández; del exjefe de Políticas Públicas de la Presidencia, Leonardo Moreno; y de la senadora Isabel Allende en la comisión investigadora fue duramente cuestionada por la oposición.
El presidente de la instancia, Andrés Longton (RN), advirtió que se está repitiendo una práctica preocupante, donde funcionarios dejan sus cargos días antes del inicio de las comisiones investigadoras y luego se ausentan de las citaciones, lo que —a su juicio— dificulta el esclarecimiento de los hechos.
