La comisión investigadora que indagó sobre los actos del Gobierno relacionados con la denuncia por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve —quien actualmente se encuentra en prisión preventiva— llegó a su fin.
En sus conclusiones, la comisión responsabilizó del manejo erróneo de la crisis a la exministra del Interior, Carolina Tohá; a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana; al exasesor de Presidencia, Miguel Crispi; así como a la PDI y a Carabineros de Chile, además del exsubsecretario, Manuel Monsalve.
Con el descontento del oficialismo, la oposición —haciendo uso de su mayoría en la comisión— respaldó el informe que elaboraron y consiguió la adhesión de la diputada del Partido Demócrata, Joanna Pérez, alcanzando la mayoría necesaria para aprobarlo.
El informe fue aprobado por los diputados Álvaro Carter (Ind.-Partido Republicano), Luis Sánchez (Partido Republicano), Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario), Joanna Pérez (Demócrata), Flor Weisse (UDI) y Miguel Mellado (RN).
Fue rechazado por los diputados Daniella Cicardini (PS), Diego Ibáñez (FA), Camila Musante (Ind.-PPD), Alejandra Placencia (FA) y Carolina Tello (FA), mientras que el diputado Tomás Lagomarsino (PR) se abstuvo. Posteriormente, este informe será sometido a votación en el hemiciclo de la Cámara de Diputados en una próxima sesión.
Inicialmente, la oposición propuso catalogar al equipo de Presidencia como "cómplice" en el caso, pero la redacción fue modificada a "deficiente y negligente".
En este contexto, el oficialismo acusó a la oposición de haber sobrepasado las facultades de la comisión investigadora, imputando delitos y responsabilidades erróneas. Por su parte, la oposición defendió su propuesta, argumentando que la gestión del caso se realizó de manera inadecuada.
Reproche al Presidente Boric
En las conclusiones se cuestiona el rol del Presidente de la República, Gabriel Boric: "La permanencia del ex Subsecretario Monsalve por largas horas luego de enterarse el Presidente Boric de la denuncia que lo afectaba por el delito de violación, colisiona con el deber que la Constitución y las leyes entregan a Su Excelencia y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el resguardo de la seguridad y el orden público interior".
En síntesis, el documento señala que "parece ineludible el reproche al Jefe de Estado por una cadena de equivocaciones con graves consecuencias institucionales: fue el Presidente de la República quién permitió al ex subsecretario a viajar a la ciudad de Concepción; quien no comunicó estos hechos a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; quién en definitiva no ejerció un liderazgo adecuado en situaciones complejas; y quien objetivamente mantuvo al ex subsecretario en el cargo hasta que La Segunda reveló la denuncia. Todo lo anterior denota un plan presidencial deficiente y negligente respecto de la permanencia del Manuel Monsalve en un cargo esencial para la seguridad de millones de chilenos".
Los responsables
También se reprochó el actuar de la exministra Carolina Tohá, acusándola de "deficiencias en términos de liderazgo, transparencia y aplicación oportuna de protocolos institucionales".
El escrito sostiene que "la exministra Tohá tiene responsabilidad directa por la ignorancia inexcusable que tenía respecto de lo que ocurría en su ministerio. En efecto, parece incomprensible que todo lo ocurrido en el gabinete del exsubsecretario fuera desconocido por la Ministra, particularmente por la gravedad de lo que hemos conocido y la gran cantidad de funcionarios del ámbito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que estaban al tanto de ello. Existían una serie de señales que permitían advertir lo que ocurría, y sin embargo, la Ministra dice desconocer todo. Una muestra de lo anterior es la ausencia de la pauta del exsubsecretario Monsalve a la pauta que hizo el Ministerio del Interior y las policías luego de fiestas patrias, en las que se daba cuenta de uno de los fines de semana más sangrientos de nuestra historia reciente".
Por otro lado, se estableció que "resulta inexplicable cómo la entonces ministra Tohá reaccionó luego de enterarse de la denuncia en contra de Monsalve. Si bien la ministra tomó conocimiento del caso el martes, no hizo cuestión de que Monsalve continuara ejerciendo sus funciones, sin modificar su agenda en absoluto. En este sentido, parece incomprensible su comparecencia junto a Monsalve a la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional dos días después de conocer la denuncia. Este hecho debe ser calificado como un atropello al discurso feminista y una imprudencia inexcusable, ya que legitimó la presencia de un alto funcionario cuestionado en un espacio institucional clave. Esta acción debe ser observada como una relativización inaceptable de la denuncia y una decisión que buscaba resguardar la imagen del Gobierno en desmedro de la denunciante y la seguridad de millones de chilenos".
Finalmente, señalaron que "la comunicación oficial desde el Ministerio fue errática y poco transparente, generando confusión en la ciudadanía y una justificada percepción negativa sobre la actuación gubernamental".
Respecto a las responsabilidades de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se estableció que "merece reproche especialmente por la falta de acción inmediata y la ausencia de una postura firme cuando se tuvo conocimiento del caso. A pesar de que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tiene como mandato central la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, su participación en la gestión de este caso ha sido reactiva, tardía y con falta de protagonismo institucional. Y si bien lo anterior podría explicarse quizás por una decisión del propio Presidente de la República, ello no le resta responsabilidad a la ministra".
Asimismo, también se cuestionó a la Policía de Investigaciones y a Carabineros, lo cual desconcertó al oficialismo, ya que consideraron que no correspondía responsabilizar a toda una institución. Respecto de la PDI, las conclusiones establecen que “ha quedado en entredicho, inicialmente debido a su deficiente supervisión de los escoltas asignados a la protección de una de las más altas autoridades en seguridad pública. La Comisión Especial Investigadora ha revelado graves omisiones en el cumplimiento de protocolos de resguardo, así como una falta de control, lo que permitió que Monsalve estuviera sin custodia en momentos clave y sin que la institución tomara medidas inmediatas para corregir la situación”.
En relación a Carabineros, reprocharon el uso del avión institucional por parte del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para viajar a la región del Biobío: "Ha generado una serie de cuestionamientos sobre la administración de los recursos operacionales de Carabineros de Chile y la falta de controles efectivos en el traslado de altas autoridades. Al interior de la Comisión Especial Investigadora se reveló que el vuelo, realizado el 17 de octubre de 2024, se llevó a cabo sin justificación clara de urgencia y con un costo de más de 3 millones de pesos, lo que generó dudas sobre su pertinencia y apego a la normativa vigente".
Respecto al exasesor Miguel Crispi, se concluyó que "deja a la vista fallas en la asesoría presidencial".
