A los pocos meses de iniciar su primer gobierno (en junio de 2006), la Presidenta Michelle Bachelet envió al Senado un proyecto de reforma constitucional para establecer "las bases para un nuevo sistema electoral". En su mensaje, basándose en un informe de la llamada Comisión Boeninger (grupo técnico designado por su gobierno en abril de ese año), explicaba que los principios que debe asegurar un sistema electoral son cuatro: igualdad de voto, representatividad, competencia y gobernabilidad.
Respecto de este último punto sostenía: "Un sistema electoral que incentive, de hecho, la proliferación de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento por no disponer un umbral de entrada y que no posee estímulos para la formación y mantención de coaliciones fuertes (...) puede generar una fragmentación no deseada del sistema político y, en consecuencia, coaliciones débiles e inestables. Para contribuir al desarrollo de este principio, el número de partidos debe ser relativamente reducido; es decir, se debe propender a un sistema electoral que desincentive la proliferación de los partidos". Añadía a continuación que "no ayuda a la gobernabilidad y a la formulación de políticas públicas la existencia de partidos pequeños, de escasa adhesión popular, que puedan ejercer una especie de veto a través de una representación marginal o que se convierten en árbitros de la relación gobierno-oposición".
Paradójicamente, a pesar de la importancia decisiva que la Presidenta Bachelet le daba entonces a la idea de "gobernabilidad", no aparecerá nombrada entre los muchos objetivos del proyecto de reforma al sistema electoral enviado durante su segundo mandato, que finalmente sería aprobado en 2015. Ahora enfatizaba que se requería "un sistema electoral que aliente a los partidos políticos y a los pactos a presentar a la ciudadanía nóminas de candidatos que reflejen toda la diversidad ideológica, de género, edad, origen étnico, social y cultural del país. Esto, junto con la representación de todas las corrientes políticas, es el mejor antídoto contra el distanciamiento ciudadano de la política".
El
diputado Joaquín Godoy, uno de los parlamentarios de Amplitud que apoyaron entusiastamente la reforma, planteaba una idea semejante: "Se ha dicho en forma reiterada que la gran virtud del sistema binominal es que impide que haya demasiados partidos políticos, sino grandes bloques. Sin embargo, la razón por la que la gente no participa en política es porque no puede entrar, en circunstancias de que si hay gente que quiere defender a
HidroAysén, a los animales o temas particulares, ojalá que lo haga desde dentro de la política".
Y es que la reforma que sustituyó el sistema binominal, redujo el número de distritos; aumentó el número de candidatos y de parlamentarios electos; por aplicación de la proporcionalidad permitió que, en general, los congresistas salieran electos con un menor porcentaje de votación que antes y, entre otras cosas, incorporó un cambio que no estaba relacionado directamente con el sistema electoral que se tradujo en la reducción significativa de los requisitos para constituir los partidos políticos: se bajó de 0,5 a 0,25 el porcentaje de firmas necesarias —correspondientes al electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en la región donde esté constituyéndose— para constituir un partido.
Los efectos para la gobernabilidad y la fragmentación política de estos cambios fueron advertidos ampliamente por expertos y parlamentarios de oposición. Además, ya se anunciaba que próximamente se introduciría el financiamiento estatal de los partidos políticos (lo que efectivamente ocurrió), lo que sumado a la baja de las exigencias para formar un partido, incentivaría aún más la proliferación de fuerzas políticas.
Así, el senador Hernán Larraín (UDI) reparaba en que al reducirse a la mitad la cantidad de firmas requeridas para constituir un partido pasaremos a tener cifras absurdas y "se va a generar en Chile el desarrollo ilimitado del partidismo político". El senador Andrés Allamand (RN) fue más lejos e hizo una dura acusación por este cambio introducido: "La norma es errada, inconveniente y —¿por qué no lo decimos?— constituye una contraprestación. Sería mucho más transparente, como aquí se ha insinuado, que Sus Señorías reconocieran que es parte de aquellos servicios a los que la política a veces obliga. Y quizás alguien lo entendería: usted vota a cambio de esto y yo le devuelvo de esta otra manera; usted apoya este cambio del sistema electoral y yo le facilito una formación de partidos ridícula".
Allamand se refería al acuerdo alcanzado por el gobierno con el movimiento Amplitud (tenía tres diputados y una senadora) que resultó decisivo para aprobar el nuevo sistema electoral. Quienes formaban Amplitud siempre han negado que su apoyo haya estado motivado por intereses políticos particulares que buscaran facilitar la formación de su partido, pero algunos parlamentarios de la entonces
Nueva Mayoría expresamente lo reconocían.
Así, recién aprobada la reforma, el senador Carlos Montes (PS) afirmaba que detrás de la baja de los requisitos para constituir los partidos "hubo cierto acuerdo; yo entiendo que esto es algo transitorio, y espero que, cuanto antes, se supere". Más claro todavía, el senador Juan Pablo Letelier (PS) sostuvo que reducir el umbral para conformar un partido fue uno de los "costos" y una de las "monedas de cambio" para acabar con el binominal. No obstante, agregó que "lo que va a ocurrir, en términos reales, es que va a haber una ventana de tiempo que les va a permitir a movimientos como el de la senadora Lily Pérez formalizarse, y con toda probabilidad con el transcurso del tiempo se buscará un mejor equilibrio".
Ello da cuenta de la importancia que le atribuía la Nueva Mayoría al objetivo de cambiar el sistema electoral y lo que algunos parlamentarios estaban dispuestos a conceder para lograr su aprobación. Incluso para evitar que el aumento del número de parlamentarios generara mayores críticas y pudiera implicar un descuelgue de alguno de sus partidarios, el gobierno se comprometió públicamente una y otra vez a que ello tendría "costo cero" para el Estado, lo que naturalmente no ocurrió.
¿Qué se buscaba con el cambio?
En concreto, se introdujo el actual sistema proporcional bajo el argumento de que permitiría revitalizar el Congreso, superando las rigideces que imponía el binominalismo y permitiendo que más fuerzas políticas alcanzaran representación. Para ello, se aumentó de 120 a 155 el número de diputados, se rediseñaron los distritos electorales, reduciendo su número de 60 a 28, y se aumentó el número de candidatos y la cantidad de diputados a ser elegidos; en el caso de los senadores, se hizo una operación parecida, aumentando progresivamente de 38 a 50 su cantidad, y reduciendo de 19 a una circunscripción por región. Además, para promover la participación femenina, entre otras materias, se determinó que ni hombres ni mujeres podían exceder el 60% del total de candidatos que llevara un partido.
Aunque fueron muchas las razones que se dieron para hacer una reforma de esas características, distintos académicos sostienen que el principal motivo que impulsó al gobierno de entonces a llevar adelante los cambios fue solucionar un problema interno dentro de la coalición (Nueva Mayoría), dada la creciente dificultad que tenían para seleccionar candidatos producto de los pocos cupos en las listas. Y es que el nuevo sistema electoral les permite a las distintas agrupaciones presentar al menos un candidato en la mayoría de los distritos, reduciendo las tensiones dentro de la coalición (ver, por ejemplo, el artículo académico de Ricardo Gamboa y Mauricio Morales sobre la reforma electoral).
El
senador Francisco Chahuán (RN) en el debate parlamentario planteó la misma idea: "Es un proyecto hecho a la medida de la coalición de gobierno, que tiene exceso de candidatos, que tiene una coalición amplia que necesita representarlos a todos en una elección para los efectos de evitar el conflicto al interior de los partidos".
Haya sido o no esa la principal razón para hacer los cambios, dirigentes de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio celebraron efusivamente la aprobación de la reforma. Para el diputado Fuad Chahin (DC) se cerraba "una etapa oscura de nuestro sistema electoral, que se basó en el temor de que este Congreso represente la diversidad". Por su parte, la satisfacción del presidente del PC, Guillermo Tellier, era manifiesta: "Al fin se rompen los candados que mantienen a la democracia cautiva de una institucionalidad todavía anclada en la época dictatorial. Se está introduciendo en nuestra institucionalidad un factor que augura en Chile un cambio cultural en la forma de hacer política y en la forma de aquilatar el valor de la democracia. Y se abren espacios para avanzar hacia el cambio de la Constitución". El diputado Giorgio Jackson (RD) remarcaba este último punto y sostenía que la aprobación de esta reforma "no puede restar importancia a la necesidad de que construyamos una nueva Constitución, un nuevo pacto básico de reglas del juego para nuestra democracia". Y es que para muchos era el inicio de cambios todavía mayores.
La controvertida historia del movimiento que dio los votos clave para aprobar los cambios
El 30 de junio de 2014, luego de la firma de un protocolo de acuerdo, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, afirmaba que "el cambio al sistema electoral, cuando ya sea una realidad, se lo va a deber (el país) en gran parte a Amplitud". Reconocía así lo determinante que era el apoyo de esa agrupación para la tramitación de la reforma. Y es que los votos de sus tres diputados (Karla Rubilar, Pedro Browne y Joaquín Godoy) y de la senadora Lily Pérez le permitieron al gobierno tener la mayoría necesaria para aprobar el proyecto sin tener que llegar a acuerdos con la Alianza por Chile, que reunía a los partidos de derecha.
En enero de ese año, pocos días después de haber sido elegidos y sin siquiera haber jurado en sus cargos, renunciaban a RN y daban vida a ese movimiento. Las negociaciones con el gobierno por la reforma al sistema electoral vendrían después, incluyendo la baja de los requisitos para constituir los partidos.
Recién aprobada la reforma, en enero de 2015, la senadora Pérez criticaba a los partidos de la Alianza por haber "abandonado a la gente" y agregaba con actitud triunfadora que "nosotros en Amplitud estamos mucho más sintonizados con la gente. La ciudadanía quiere que ganemos por ideas, no por subsidios2. Semanas después profundizaba el punto: "¿A qué le tiene tanto miedo la derecha?", se preguntaba. Luego explicaba que "Chile cambió. Nosotros en Amplitud estamos dando cuenta de ese cambio (...). Desgraciadamente, las cúpulas de la derecha no se dieron cuenta. Y si no se renuevan, van a morir. Prueba de ello es que Amplitud, según la última encuesta Cadem, es la fuerza mejor evaluada de la centroderecha, por sobre RN y la UDI".
La historia después es más conocida. Rápidamente se constituyeron como partido de acuerdo con las nuevas normas. Sin embargo, al poco tiempo vinieron las renuncias y los malos resultados electorales que llevarían a Amplitud a la disolución legal por no cumplir los mínimos para su subsistencia.
La primera en salir fue Rubilar, en marzo de 2015, argumentando que lo hacía "porque mis prioridades son temas sociales, no políticos". Luego le tocaría a Browne, en junio de 2017, haciendo su propio mea culpa: "Quizás aceleramos muchas cosas y creímos que nuestro proyecto era más potente de lo que en realidad fue". En julio de ese año lo haría Godoy, reconociendo que "el proyecto que quisimos construir fracasó".
Por su parte, después de su derrota en las elecciones senatoriales de 2017, Lily Pérez descartaría fusiones con otras agrupaciones para que el partido no desapareciera. Tras los comicios, el 19 diciembre de 2017, Pérez decía lo siguiente: "Yo he estado con el presidente Piñera en las buenas y en las malas. Cuando todos arrancaban y nadie quería salir en la foto, ahí estábamos. Él sabe que cuenta con nuestro respaldo en lo que venga y estamos a disposición de lo que haya que hacer para ayudarlo en su gobierno". Finalmente, en mayo de 2018, el Servel declararía el partido disuelto.