Una inusual manifestación se produjo ayer en la bahía de Valparaíso en rechazo a la ley que establece un nuevo fraccionamiento pesquero entre el sector artesanal e industrial: pescadores artesanales, a bordo de sus embarcaciones, intentaron impedir el paso de naves mayores y menores con el objetivo de bloquear las operaciones portuarias.
Estos hechos provocaron que el personal de la Autoridad Marítima se dirigiera al lugar con el objetivo "de restablecer la normalidad en los puertos y asegurar la libre navegación en la bahía", indicaron desde la Gobernación Marítima de Valparaíso a través de un comunicado de prensa.
Sin embargo, el episodio no quedó ahí. Esto, debido a que un grupo de manifestantes
intentó abordar por la fuerza una lancha de la policía marítima y agredieron a su tripulación con objetos contundentes.
Por ello, los funcionarios usaron elementos disuasivos no letales. Por estos hechos, cuatro pescadores artesanales fueron detenidos, además de que durante la inspección de una de las embarcaciones menores, se encontraron artefactos incendiarios.
"Además de los riesgos directos para la integridad de las personas, este tipo de bloqueos y maniobras representan una amenaza concreta para la seguridad de la navegación. La interrupción de las rutas marítimas podría derivar en situaciones de emergencia, tales como varamientos o colisiones de buques mercantes, con potenciales consecuencias medioambientales, incluyendo derrames de combustible y daños al ecosistema marino y costero de la región", dijeron desde la Gobernación Marítima de Valparaíso.
Así las cosas, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso consignaron que los cuatro detenidos en el contexto del bloqueo de las operaciones portuarias, quedaron en libertad tras ser apercibidos.
Interpretaciones
Expertos coinciden en que la legislación chilena no contempla sanciones específicamente por el bloque de las rutas portuarias o el abordaje a las embarcaciones de la policía marítima. Sin embargo, plantean que existen diversos mecanismos para afrontar esta situación judicial y aplicar sanciones.
Samy Hawa Arellano, especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Talca, dijo a Emol que el episodio "puede ser afrontado con el marco jurídico general penal".
Explicó que se puede acusar de "desórdenes públicos". El artículo 26 del Código Penal sanciona a quien "sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo".
En ese sentido, Matías Aránguiz, profesor de Derecho UC, coincide con Arellano y explica que "bloquear el paso de naves mercantes en un puerto constituye una infracción grave a la normativa marítima y puede configurar varios delitos".
Aránguiz también plantea que se puede imputar la Ley de Seguridad del Estado o el delito de piratería marítima. De hecho, afirma: "La acción de un grupo de manifestantes de impedir la entrada de buques al puerto –afectando la continuidad del transporte marítimo y la cadena logística– calza con estas figuras de alteración grave del orden público. La invocación de la Ley de Seguridad del Estado permitiría perseguir penalmente a los responsables con sanciones más altas que las del Código Penal común, dada la afectación a un servicio público esencial".
Agrega que "el segundo hecho (el intento violento de abordar y apoderarse de una lancha institucional de la policía marítima) reviste aún mayor gravedad penal. Aquí concurren atentados contra la autoridad pública, violencia contra las personas y contra propiedad fiscal, entre otros delitos. En Chile, agredir o resistirse violentamente contra funcionarios encargados del orden público es delito".
Arellano asegura también que el episodio puede ser abordado "a través de la norma del Código de Justicia Militar, que se denomina Atentado contra las Fuerzas Armadas".
Detalló que el artículo "contempla una serie de tipos penales en función de atentado contra vehículos y contra miembros de las Fuerzas Armadas con diferentes resultados". Sobre el caso en la bahía de Valparaíso, considera que se debe aplicar el artículo que considera "penas que no son muy grandes, en cuanto van por el espectro de presidio menor en su grado mínimo a medio, estos son 61 días de presidio, hasta 3 años".
A su vez, platea que la autoridad marítima puede denunciar este hecho ante la Subsecretaría de Pesca, ya que "el otorgamiento de los permisos para navegación de las embarcaciones menores que usan los pescadores son justamente para ejercer permisos de pesca con cuotas". "Podría actuarse respecto de ese permiso, puesto que en vez de utilizarse para pesca, se utilizó para atentar contra unidades de superficie de La Armada y también para interdictar buques que entraban a la bahía".
"Pudiese a través de la Subsecretaría de Pesca, de una manera afectar el permiso: suspenderlo o eliminarlo", añade.
