El debate sobre qué información debe hacerse pública y qué debe mantenerse en reserva en materia de seguridad se ha vuelto cada vez más frecuente, en un escenario donde la seguridad es la principal preocupación de los ciudadanos.
Algo que el subsecretario del Interior, y ministro de Seguridad desde el 1 de abril, Luis Cordero, ha impulsado con varias intervenciones.
En los últimos días, dos hechos han generado preocupación en La Moneda respecto a la información divulgada a la opinión pública. El más reciente está relacionado con el PDI baleado ayer en la comuna de Puente Alto. El propio general director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, confirmó que el funcionario estaba participando en un procedimiento antidrogas y utilizando una técnica especial de investigación, ya que operaba de manera encubierta. Durante el operativo, hubo un intercambio de disparos y el policía resultó lesionado en dos partes de su cuerpo.
Aunque fue la máxima autoridad de la PDI quien reveló estos detalles, el subsecretario Cordero expresó su preocupación por la divulgación de dicha información. "Yo creo que hemos hecho de los temas de seguridad comentarios sobre algunas cuestiones estratégicas y operativas que no debieran ser de divulgación pública", señaló.
Cordero afirmó que esta información no debía haberse comunicado, principalmente porque "significa que hay más personas expuestas”. “Yo no estoy haciendo ninguna crítica, lo que estoy diciendo es que tomemos conciencia de que uno puede hablar de lo mismo tratando de resguardar algunas cosas", concluyó.
Asimismo, días atrás, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, anunció que se presentó una denuncia por violación de secreto, a raíz de la publicación del informe de Contraloría que detectó falencias en el sistema de inhibidores de señal en diversas cárceles. Este informe fue remitido al propio organismo fiscalizador, así como al Ministerio de Justicia, Gendarmería y diputados de la Unión Demócrata Independiente.
La postura del nuevo ministro de Seguridad
Respecto al equilibrio entre garantizar el principio de transparencia y resguardar la reserva de información sensible para proteger el avance de las investigaciones y la seguridad pública, Cordero señaló que "en un sistema democrático la transparencia es un mecanismo central. El problema no es disponer de información cuando se está abordando investigaciones, el momento central es en qué momento se entregan".
"En un sistema democrático la transparencia es un mecanismo central. El problema no es disponer de información cuando se está abordando investigaciones, el momento central es en qué momento se entregan"
Subsecretario Luis Cordero
"Si nosotros quisiéramos transformar la seguridad pública en una especie de comentario de sobremesa, lo que tendríamos es a las autoridades públicas, a los fiscales y a los policías entregando información sobre qué tipo de tecnología se está utilizando, en qué momento se va a intervenir. Una de las características centrales que tienen las organizaciones criminales, es que tienen una capacidad muy fácil de adaptarse. Buena parte de la información, entonces, que se puede entregar sobre cuestiones operativas o de tecnología, luego son demostradas de que son adaptadas a las intervenciones policiales. Y esto es una permanente desafío", agregó.
En esa línea indicó que "yo siempre estoy muy dispuesto a responder sus preguntas, pero en algunas ocasiones hay algunos detalles que en ese momento yo no se los puedo entregar, porque hay procedimientos en curso, porque hay decisiones que se deben adoptar. Y yo creo que parte del éxito de la agenda de seguridad también es permitir que las policías y los fiscales actúen oportunamente”.
Finalmente, señaló que "a veces la política puede tener un incentivo muy rápido de comentar intervenciones cuando en verdad la profundidad de la información es muy grande. Para eso el Ejecutivo tiene la obligación de ir al Congreso, entregar información. Si alguna información es sensible, esa información se entrega bajo reserva. Y esa es la manera de conciliar entonces la eficacia de la persecución, la eficacia en materia de seguridad con el escrutinio de la prensa, pero también del Congreso".
Debate trasparencia versus reserva
Lo parlamentarios de seguridad de la Cámara de Diputados manifestaron diversas opiniones sobre el tema.
El diputado socialista Raúl Leiva señaló que es un equilibrio complejo, pero siempre se tiene que ponderar o priorizar, en mi opinión, el éxito de la diligencia. Hay que recordar que el Código Procesal Penal establece que toda actuación dentro de un proceso penal son reservadas y también todas las medidas que eventualmente pueda adoptar las policías o el Ministerio de Seguridad también deben ser hechas bajo reserva. Y por eso, independiente de la información que exista, que esté disponible, lo importante es cuándo se comunica esa información".
"Sin duda esa colisión de derechos debe resolverse en favor de garantizar el éxito de las investigaciones, porque lo que está en juego es la seguridad de amplios sectores del país"
Jaime Araya (Ind.-PPD)
En esa línea, el parlamentario manifestó que "yo estoy de acuerdo en que una vez que finalice un procedimiento, que se termine un proceso, sea transparente (…) Hay que entender que no estamos frente a un sujeto pasivo, sino que a un crimen organizado que utiliza todas las herramientas y todos los medios técnicos y legales a su disposición, no solo para cometer delitos, sino también para lograr la impunidad. Por eso, hay que priorizar siempre el éxito de la diligencia judicial".
Asimismo, el diputado Jaime Araya (Ind.- PPD) planteó que "sin duda esa colisión de derechos debe resolverse en favor de garantizar el éxito de las investigaciones, porque lo que está en juego es la seguridad de amplios sectores del país. Las operaciones de crimen organizado han costado muchas vidas, sin perjuicio de esto, quizás es necesario fortalecer el régimen de responsabilidad de los funcionarios que pueden actuar cubiertos por el secreto, y entregar mayores facultades a la Contraloría para cautelar por el buen uso del secreto, para que el secreto no sea sinónimo de impunidad".
La presidenta de la comisión de Seguridad, Gloria Naveillán (Partido Libertario) planteó que entre resguardar el derecho a la transparencia y mantener reserva por el bien de la seguridad pública o del desarrollo de la investigación "hay línea bien delgada".
La parlamentaria argumentó que "la ciudadanía tiene derecho al máximo posible de información. Pero, cuando hay informes con calidad de reservados, ya sea por parte del Ministerio Público, de cualquier Ministerio del Poder Ejecutivo, porque de repente hay informes reservados de Justicia, de Interior, de Seguridad o informes de Contraloría, por algo está la palabra reservado. Es porque algo se está investigando de alguna materia que es delicada, porque implica un riesgo para la seguridad y por lo tanto esa reserva debe mantenerse, al menos mientras se investiga el caso. En esos casos la ciudadanía se va a enterar, pero una vez que el caso esté investigado y concluido".
"Este Gobierno ha abusado de esa herramienta (reserva) con tal de inhibir a los parlamentarios de poder referirse a ciertos temas. Por lo mismo, con excepción de la actuación de la Contraloría, ya no damos el consentimiento para que las comisiones sean secretas"
Cristián Araya (Republicano)
El diputado Cristián Araya (Partido Republicano) reconoció que "tienen que existir materias reservadas porque su publicidad afecta la seguridad del país”. Sin emabrgo acuso que “lamentablemente este Gobierno ha abusado de esa herramienta con tal de inhibir a los parlamentarios de poder referirse a ciertos temas. Por lo mismo, con excepción de la actuación de la Contraloría, ya no damos el consentimiento para que las comisiones sean secretas, salvo hayan antecedentes que puedan justificar que la comisión en particular tenga el carácter de secreto reservado".
A su vez, el diputado José Miguel Castro (RN) señaló que "nuestro Estado de Derecho estipula que cuando una investigación está en reserva debe mantenerse en reserva. Una cosa es la transparencia, que después cualquier ciudadano puede tener derecho al fallo, a cómo se llevó a cabo la investigación, pero otra es que se filtren cosas".
Finalmente, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) planteó que "hay que tener un equilibrio muy fino entre transparencia y seguridad. Hoy día tenemos un gran problema en materia de seguridad (…) hay que poner el bien superior de la seguridad por sobre cualquier otra consideración. Sin embargo, también hay que mantener el principio de transparencia. Pero lo que no se puede hacer es alterar la democracia y alteración de la democracia significa que se filtran informaciones de investigaciones y eso es ilegal. Y agentes del Estado no pueden estar haciendo eso. Y es una cuestión gravísima que hoy día nos está ocurriendo. Eso es lo más grave".
Añadió que "el crimen organizado, que está extremadamente bien organizado, está haciendo lectura de todas las debilidades que tenemos a partir justamente de los trascendidos, a partir también de las filtraciones ilegales. Y eso debilita naturalmente la democracia y debilita las instituciones. Porque al haber tanta filtración, se debilitan las instituciones. Y al debilitarse las instituciones, lo único que gana es el crimen organizado".
