La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Aton
El 9° Juzgado de Garantía de Santiago amplió en 60 días el plazo de investigación en contra de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien permanece en prisión preventiva.
La Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitaron un plazo adicional de dos meses, mientras que la Municipalidad de Maipú y su Corporación de Educación pidieron una extensión de 90 días.
Finalmente, la jueza Macarena Figueroa Ramírez decidió otorgar una ampliación de 60 días.
La investigación se centra en supuestos casos de corrupción durante el período en que Barriga dirigió la Municipalidad de Maipú. Por otro lado, mañana se llevará a cabo una audiencia para revisar las medidas cautelares impuestas a la exalcaldesa.
Además, Barriga fue reformalizada y se le imputarán los delitos de malversación de caudales públicos y un delito de negociación incompatible.
Dos condenados en un juicio abreviado
En tanto, dos imputados en la causa fueron sentenciados. Se trata de Luis Japaz y María Isabel Palma. La Fiscalía Oriente había formalización investigación contra el primero por fraude al fisco por medio de la modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria; mientras que la segunda procesada fue acusada de falsificación de instrumento público.
El Ministerio Público pidió por Japaz una pena de 3 años y un día, además de multa de 100 UTM (cerca de $6.830.600) e inhabilitación para ejercer cargos; por Palma, 5 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos, asimismo una multa de 100 UTM.
Eso sí, la fiscalía reconoció que en ambos condenados cuentan con reprochable conducta anterior y colaboración sustancia en el proceso investigativo para esclarecer los hechos.
Finalmente, el tribunal dictó contra Palma una sentencia de 5 años de presidio menor de su grado máximo, la cual puede cumplirse en libertad vigilada intensiva, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia no considera costas.
Mientras que a Japaz se le sentenció 3 años y un día, con una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, junto con el pago de 100 UTM e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La condena tampoco contempla costas.
