Con el foco puesto en combatir la informalidad del trabajo y robustecer el sistema de pensiones en Chile, la Asociación de AFP realizó el seminario titulado “Subsidios e informalidad laboral, desafíos y propuestas”, un espacio organizado en conjunto con el Centro de Políticas Públicas UC y la consultora Criteria.
Paulina Yazigi, presidenta de la AAFP, fue la encargada de abrir el evento y señaló que “hoy día en Chile aproximadamente uno de cada 3 personas están en la informalidad, y yo creo que honestamente ese número está subestimado”.
Según destacó Yazigi, serían alrededor de 6 millones de personas las que están en edad laboral, pero no estudian ni trabajan por lo que “no están contribuyendo para su seguridad social”.
“Es crucial que exploremos y debatamos soluciones que no solo mitiguen este problema, sino que también fortalezcan el tejido social y económico de nuestro país. En este contexto los subsidios se presentan como herramientas clave, sin embargo, es necesario entender su impacto real tanto en la formalización del empleo como en la previsión social”, añadió.
6Millones de personas en edad laboral no trabajan ni estudian, según AAFP
Eso va en línea, complementó la presidenta de la AAFP, en su compromiso con “promover un sistema previsional que sea justo, sostenible y accesible para todos los trabajadores y trabajadoras. Pero para lograrlo debemos enfrentar de manera decidida el desafío de la informalidad, no podemos minimizarlo, tenemos que abordarlo y aceptar que existe, que es un desafío real. Es por ello que hemos desarrollado nuestra agenda integral para abordar la informalidad”.
Las claves para avanzar en la formalización del empleo
Siguiendo con el seminario, Cristián Crespo, subdirector de Investigación Aplicada y Evaluación del Centro de Políticas Públicas UC, presentó las principales conclusiones del “Estudio de incentivos de políticas sociales en dimensiones laborales y previsionales”.
Se trata de una actualización de la misma investigación realizada hace 10 años. Para esto, se eligieron 25 programas y políticas sociales que pueden ser relevantes y se realizó un análisis económico de los incentivos que contienen.
Los programas escogidos se enmarcan en educación, vivienda, ingresos, empleo, previsión y salud.
Entre las principales conclusiones, destacó el experto, se observa que una alta proporción de los programas está dirigida a personas que no cuentan con ingresos formales o que tienen ingresos insuficientes.
“Hay que fortalecer el tejido social y económico de nuestro país
Paulina Yazigi, presidenta de la AAFP
Además, el impacto de los programas en la participación laboral puede ser acotada, pero, teóricamente, sí podrían repercutir en la formalidad del empleo, cobertura previsional, nivel y densidad de cotizaciones.
En esa misma línea otra de las conclusiones es que existen algunas políticas públicas que generarían incentivos hacia una mayor formalidad en el empleo, como por ejemplo, los subsidios al empleo joven o el bono al trabajo de la mujer
También existen políticas que se vinculan con sistemas de seguridad social, pero que se encuentran ligadas a los trabajadores formales.
No obstante, dijo Crespo, “uno tiene que reflexionar que existen otro conjunto de políticas que se podrían asociar con el ámbito de la protección social, donde podría existir una tensión entre los objetivos de esas políticas y el fomento a la formalidad”.
“El desafío es pensar cómo se balancean las políticas sociales con el fomento a la formalidad del trabajo”, manifestó.
Con todo, el estudio recomienda continuar fortaleciendo los incentivos en las políticas que promueven la formalidad; atenuar los desincentivos en un grupo de políticas donde sea factible e impactando mínimamente los objetivos originales de estos programas; seguir avanzando a diseños graduales, de pisos mínimos con incentivos a la formalidad del empleo; disminuir la importancia del umbral del 60% del Registro Social de Hogares; y desarrollar un plan para mitigar los costos de las transiciones hacia la formalidad.
Los subsidios y la informalidad
Cristián Valdivieso, director de Criteria, continuó con el evento y abordó la encuesta de caracterización sobre personas que reciben subsidios y/o que se encuentran en informalidad laboral.
El objetivo del estudio, dijo Valdivieso, fue explorar el acceso a los subsidios y beneficios del Estado y la mirada que tienen las personas de ellos, además de la informalidad.
La encuesta señala que el 78% de personas declara acceder a subsidios y beneficios del Estado.
Dentro de las áreas de esos subsidios, los atingentes a educación (67%); salud (75%), vivienda (57%); ingresos (77%), previsión (74%) y empleo (73%) son los más conocidos por los encuestados.
78%de encuestados por Criteria accede a subsidios y beneficios del Estado
Otro de los puntos abordados en la encuesta fue la importancia que le dan las personas a los subsidios. En ese sentido programas como FONASA (86%); Seguro de Cesantía (84%); Pensión Garantizada Universal (82%), entre otros, destacan como muy importantes para la población.
El estudio también señala que el grueso de la población declara estar inscrito en el registro social de hogares o ha investigado cómo hacerlo.
Por otro lado, también abordó la formalidad del trabajo, relegando al último lugar (5%) la necesidad de reducir la informalidad laboral dentro de un contexto de urgencias ciudadanas.
“Hoy no está en la agenda porque no preocupa mucho a la población frente a otros temas como delincuencia, salud, etc. Al no estar en la agenda de preocupaciones de la población, no está en la agenda política y eso hace más importante aún empujar el tema”, explicó Valdivieso.
Después de ambas presentaciones se dio paso a un panel de conversación integrado por David Bravo, Director Centro Encuestas y Estudios Longitudinales UC; Juan Bravo, Director Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la UDP y María de los Ángeles Morandé, coordinadora del Observatorio Laboral RM del Centro de Políticas Públicas UC.
En el siguiente enlace puedes revisar las conclusiones generales del panel y el evento completo.
